El Gobierno vuelve a bloquear que la responsable de transparencia comparezca en el Congreso
El Gobierno ha congelado la posibilidad de que la presidenta del Consejo de la Transparencia comparezca en el Congreso después de que el PP vetara su presencia en la Comisión de Presupuestos. Ante la polémica que causó la contradicción de que la encargada de velar por la transparencia y el buen gobierno de las instituciones públicas no diera explicaciones sobre en qué se gasta el presupuesto del Consejo, Esther Arizmendi prometió que lo haría a petición propia.
“Voy a hacer una petición en el Congreso para comparecer y para explicar el proyecto de este Consejo”, afirmó en una entrevista en eldiario.es. Dos semanas después de esas declaraciones, Arizmendi envió un escrito a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en el que solicitaba comparecer a petición propia tras el “debate” que suscitó la negativa del PP a que acudiera al Parlamento.
El Gobierno no ha tramitado esa solicitud, según han informado a eldiario.es fuentes oficiales del Congreso. Esa maniobra complicará que la presidenta del Consejo de la Transparencia acuda a la Carrera de San Jerónimo, por donde no ha pasado ni una vez desde que fue nombrada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El departamento que dirige José Luis Ayllón no había respondido hasta ahora a las preguntas de eldiario.es sobre el paradero de la solicitud de Arizmendi. Tras la publicación de esta información, fuentes de la Secretaría de Estado han explicado que la demora se ha debido “al paréntesis de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año” y que el registro se producirá este mismo jueves.
Entre sus atribuciones fundamentales está velar por la transparencia y el buen gobierno de las administraciones del Estado. Paradójicamente ella no rendirá cuentas sobre su actividad. La máxima responsable del Consejo de la Transparencia tiene la obligación de comparecer una vez al año para defender el informe anual, pero en esta ocasión -la primera- no se producirá, ya que cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley de transparencia por la que se creó el organismo, las Cortes estarán disueltas.
Aún así podría haber pedido cuantas comparecencias quisiera a petición propia a lo largo de este año, pero solo lo ha hecho tras la polémica suscitada por el veto del PP a su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, que fue solicitada por el PSOE. Fuentes conservadoras justificaron entonces que “las comparecencias se aceptan en función de que haya partidas presupuestarias importantes sobre las que establecer el debate y no es el caso”.
El Consejo de la Transparencia recibirá en 2016 un 15,1% más de financiación pública que el año pasado: un total de 2,97 millones de euros, de los que casi la mitad (1,25 millones) se destinan a gastos de personal. Arizmendi tiene un salario anual de 102.000 euros, superior al del presidente del Gobierno (78.000), que crecerá un 1% el próximo curso. El resto del presupuesto del Consejo se destina a gastos corrientes en bienes y servicios (1,04 millones), mientras que 0,59 se dedican a inversiones y 0,1 millones de euros a inversiones reales.
La portavoz socialista de Administraciones Públicas en el Congreso, Susana Sumelzo, ha denunciado que Arizmendi haya permanecido “escondida bajo el paraguas de opacidad” que, a su juicio, ha caracterizado su gestión. El PSOE volvió a reclamar la comparecencia de la presidenta del Consejo ante la tardanza en el registro de su propia petición. No obstante, la Comisión de Hacienda aún no tiene prevista ninguna reunión por lo que diputados miembros de la misma sospechan que el PP no tendrá ni que pronunciarse sobre el asunto y que la comparecencia no se podrá celebrar debido al apretado calendario hasta la disolución de las Cortes. “Está claro cuál es el modelo del PP y del Gobierno, ese que permite reuniones de ministros con exministros amigos que están imputados por corrupción y lo hacen sin luz y taquígrafos”, sostiene Sumelzo.
