El primer juicio contra “Anonymous”: cuatro años de cárcel para tres jóvenes por daños de 700 euros

El 10 de junio de 2011 no fue un día más para la Policía española. El community manager envió a las 9 de la mañana el siguiente tuit: “Desarticulada la cúpula de la organización 'hacktivista' Anonymous en España”. El atrezzo de la sala de prensa se preparó con la solemnidad de las operaciones especiales. Una maraña de cables, discos duros y ordenadores se expusieron sobre un mural a la vista de los fotógrafos, como las armas que se intervienen a los comandos terroristas o la droga de las organizaciones mafiosas.

Ante las cámaras comparecieron dos comisarios jefes; el de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Manuel Vázquez, y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera. Dieron cuenta de la detención de los supuestos cabecillas de una presunta red cibernética criminal y antisistema llamada Anonymous. Todos los medios recibieron la nota de prensa habitual en los grandes casos.

Uno de los mandos policiales blandió en la mano una careta de plástico, de las que hizo famosas el protagonista del cómic y película V de Vendetta, tomada también como símbolo para acciones de protesta en Internet, muchas de ellas amparadas bajo el paraguas del nombre de Anonymous. El jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Manuel Vázquez, precisó: “No hablamos de una cúpula jerárquica, sino de una cúpula funcional”. Y explicó que los tres jóvenes detenidos eran los administradores de chats de Anonymous en España, y que gracias a ellos la organización impulsaba ataques desde nuestro país.

Se les acusaba de haber participado en ofensivas internacionales contra páginas web de multinacionales como Sony o Enel, de los bancos BBVA y Bankia, portales gubernamentales de países como Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile, Colombia y Nueva Zelanda. También de haber atacado solo un mes antes la página de la Junta Electoral Central.

Durante los días 18 y 19 de mayo, en vísperas de los comicios autónomicos y municipales de 2011, el servidor de la Junta recibió 344.944 correos electrónicos y dos millones de peticiones en apenas un minuto, todas de la misma IP. El ataque hizo caer la página, a tres días de las elecciones.

El contexto es importante para entender los arrestos y la publicidad que quiso darle la Policía: por aquellos días la Puerta del Sol y otras plazas españolas llevaban casi un mes tomadas por el movimiento 15M.

1.600 folios de investigación

Un lustro y 1.600 folios de sumario después, instruido en el juzgado número 4 de Gijón de donde es originario uno de los detenidos, los tres acusados, Rodrigo Tuero Sala, Yuri David López Ibáñez y José María Zaragoza Formiga, se enfrentan este miércoles al primer juicio de esta naturaleza en España. La Fiscalía pide para cada uno de ellos más de cinco años de prisión por pertenencia a grupo criminal y daños ocasionados durante los ataques a la Junta Electoral Central y el sindicato UGT, los únicos delitos de los que son acusados.

Según el escrito de acusación que firma el fiscal Alberto Rodríguez Fernández, los tres “formaban parte del colectivo Anonymous y prepararon ataques de denegación de servicio (DDoS) contra el entorno informático de la Junta Electoral Central, la página web del sindicato UGT y la del Congreso. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la web de la JEC, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral”.

La mayor parte de la pena que solicita, más de cuatro años de cárcel para cada uno de los arrestados, la pide el ministerio público por daños, pese a que un peritaje del Centro de Nuevas Tecnologías del Congreso de los Diputados, donde esta residenciada la Junta Electoral Central, cifra en 700 euros los perjuicios ocasionados por el ataque. Según el dictamen incorporado a la causa, el equivalente a “dos jornadas de trabajo de un consultor experto en seguridad, si bien fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, lo que ocasionó mayores perjuicios”.

Uno de los acusados, José María Zaragoza, admitió ser autor de parte de los ataques cuando fue detenido por la policía, y entregó su ordenador personal. Ese atenuante de colaboración rebaja la pena solicitada en un año de prisión; para él se solicitan cuatro años y cuatro meses, 12 menos que para los otros dos acusados.

Un proceso plagado de irregularidades

Los escritos de defensa, a los que ha tenido acceso eldiario.es, piden la libre absolución de los acusados y denuncian a su vez que el proceso está plagado de irregularidades. En los siete tomos que resumen la instrucción figuran conversaciones de los acusados con sus abogados defensores y actuaciones dudosas de algunos policías que pudieron extralimitarse alentando los ataques cuando se infiltraron en los chats donde supuestamente se estaban preparando.

Las detenciones en 2011 y sobre todo la jerga utilizada por la policía en aquella operación despertaron la indignación de muchos colectivos de internautas que ridiculizaron en la Red la operación. Tras la anunciada desarticulación de la cúpula de Anonymous España en 2011, siguieron repitiéndose ataques cibernéticos a empresas e instituciones que se cobijan bajo la misma identidad.