La columna vertebral de las principales leyes del Gobierno del PP, en manos del Constitucional

El PP acusa al PSOE de “politización de la Justicia” y los socialistas se defienden argumentando que es una de las pocas armas que tienen a su alcance para hacer frente a la mayoría absoluta del Partido Popular y que, además, la “ligereza” y el “abuso” con la que se ha legislado en estos dos años no les deja otra salida que acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Sea como sea, lo cierto es que en apenas dos años son ya 13 los recursos de inconstitucionalidad registrados ante el TC, un dato sin precedentes en anteriores legislaturas. El PSOE es el único partido que, en la práctica, puede hacerlo, porque se necesitan más de 50 diputados para poder presentar el recurso. Y ha dado este paso en solitario en un total de 11 ocasiones, mientras que, en las otras dos, ha ido acompañado de otros grupos políticos.

Concretamente, en el recurso contra la reforma laboral se sumaron los diputados de la Izquierda Plural de la Cámara Baja y, en la reforma de las pensiones, prácticamente todos los partidos de la oposición.

Así, la columna vertebral de las principales leyes que ha aprobado el Gobierno del PP en estos dos años está bombardeada con recursos al Alto Tribunal que, aunque siempre llega tarde en sus sentencias, nadie duda de que la doctrina que fije puede cambiar los puntos más conflictivos o polémicos de las leyes impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los socialistas han presentando recursos contra el cambio de la organización en RTVE, la amnistía fiscal, las tasas judiciales, la justicia gratuita, el arbitraje en las preferentes, la ley antidesahucios, la reforma del CGPJ y la eliminación de ayudas a las energías renovables, entre otras.

Además, según fuentes de la dirección socialista, se están estudiando dos nuevos recursos a corto plazo: contra la ley de Educación y contra la ley de la reforma de la Administración Local. En ambos casos, todo indica que se presentarán en breve –de hecho, hay sólo un plazo de tres meses desde que la ley se publica en el BOE–, lo que supondría un total de 15 recursos de inconstitucionalidad en un periodo muy corto de tiempo.

También el PSOE tiene como baza última recurrir la nueva ley del aborto que ha aprobado el Gobierno el pasado viernes, pero esperará a ver cómo se desarrolla en el trámite parlamentario que se iniciará en el próximo periodo de sesiones, que empieza en el mes febrero. No obstante, en este punto, hay más dudas si dar finalmente este paso.

Fuentes socialistas aseguraron que no piensan cambiar de actitud, y que si el Gobierno del PP sigue legislando en la misma línea, no se cansarán de ir al Tribunal Constitucional en toda la legislatura, “porque tienen que pronunciarse en muchas cosas, de mucha importancia, que pueden ser fundamentales para el futuro de este país”, dijo un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario.

El PSOE, además, tiene entre sus filas importantes constitucionalistas, que son los que están trabajando en esta otra forma de hacer oposición, junto con otros especialistas de fuera del partido.

Estos son los recursos que se han presentado en lo que se lleva de legislatura:

1. Designación del Presidente y del Consejo de Administración de RTVE por mayoría absoluta, en lugar de las mayorías reforzadas previstas en la ley del 2006. Recurso contra el artículo 1 del Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.

2. Amnistía fiscal. Recurso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.

3. Imposición de tasas judiciales para personas físicas y en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal. Recurso contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

4. Recurso contra el Real Decreto-ley 3/2012, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Modificación de la ley impugnada en el recurso anterior.

5. Nueva regulación sobre jubilación anticipada y jubilación parcial y nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y trabajo. Recurso contra el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

6. Regulación del procedimiento de arbitraje para participaciones preferentes. Recurso contra el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados producto de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

7. Ley antidesahucios que suprimió el contenido de la ILP que había presentado la PAH. Recurso contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

8. Debilitamiento de la protección de las costas que se deriva de la Constitución. Recurso contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

9. Supresión de renovaciones en la subsidiación de préstamos para la adquisición de VPO. Recurso contra la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

10. Nuevo sistema de composición del CGPJ y de elección. Recurso contra la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

11. Supresión del sistema de primas a las energías renovables. Recurso contra los apartados 2 y 3 del artículo 1 y las disposiciones adicional primera, transitoria tercera, derogatoria única, apartado dos, y final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

12. Reforma laboral. Recurso con La Izquierda Plural contra los artículos 4.3, 12.uno, 14.uno y dos, 18.tres y ocho y 23.uno, disposición adicional tercera y disposición final cuarta, dos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

13. Supresión de la actualización de pensiones. Recurso con La Izquierda Plural, PNV, CiU y UPyD contra el artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.