El fiscal retira prisión a exembajador Congo, que se queja de “vejación pública”

El fiscal ha retirado la petición de pena de prisión de 2 años pero ha mantenido los 10 años de inhabilitación por expedir visados irregulares para el exembajador de España en el Congo Antonio Fernández Mazarambroz, quien se ha quejado de la “vejación pública” a la que se ha visto sometido.

En su alegado final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por prevaricación y cohecho, Mazarambroz ha mostrado su “profunda perplejidad” de sentarse en el banquillo después de 38 años de carrera profesional, como técnico en el Ministerio de Cultura primero y como diplomático hasta el año pasado.

Se ha quejado de la “vejación pública” que sufrió cuando el diario El Mundo publicó en 2014 que le habían destituido por vender visados a congoleños para acceder a España, unas noticias que, según el acusado, dieron lugar a la querella contra él del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Esta es la razón por la que se plantea una querella criminal, para una defensa del diario El Mundo”, ha asegurado.

“Me llevarán con los pies por delante (...) pero trataré de clarificar por todos los medios que mi actuación en la Embajada de España en Kinshasha fue ejemplar; que, como todo el mundo, me pude confundir, pero que en ningún caso ninguna de esas confusiones puede ser considerada motivo de delito”, ha dicho.

Así, ha reprochado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que ha mantenido la petición de pena de 3 años de prisión, que traten de que se le condene “sin base”.

En sus conclusiones, el fiscal Pedro Rubira ha retirado el delito de cohecho que le imputaba en un principio (por el que reclamaba 2 años de cárcel), pero ha conservado su acusación por un delito de prevaricación, que conlleva una pena de inhabilitación.

Ha destacado que la adjudicación de visados fue arbitraria y ha desechado la teoría de la “conspiración” que ha sostenido Mazarambroz en el juicio, al alegar de que tenía enemigos en la Embajada, una enemistad que, según el fiscal, “cae por su propia base” y que no significa que hubiera una “persecución” contra él.

Además, ha señalado que al haber retirado la petición de cárcel y estar Mazarambroz jubilado, la pena de inhabilitación “es más simbólica que real”.

La defensa del exembajador ha pedido su absolución y ha reprochado al fiscal la “ligereza” con que ha propuesto su pena por prevaricación, cuando cualquier condena “tiene mucha representatividad” por el reproche social que conlleva.

Ha incidido en que no es justo que “por un error administrativo” que cometió Mazarambroz se manche “un expediente inmaculado” y ha añadido que ha sido “incapaz de encontrar en todo el proceso una sola prueba que le inculpe”.

La investigación por estos hechos se abrió en 2013 al constatar la Comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas un “aumento injustificado de la llegada de nacionales congoleños a España”, relata el fiscal en su escrito de acusación, por lo que emitió una nota informativa advirtiendo de esas circunstancias.

En la nota informativa de la Policía que dio lugar a la apertura de la investigación se señalaba que en 2012 llegaron a España 319 congoleños, de los que 90 fueron rechazados, y en febrero de 2013 eran ya 89 y 53 de ellos fueron rechazados.

En su declaración ante el tribunal en la primera jornada del juicio, que hoy ha quedado visto para sentencia, el exembajador alegó que el incremento de visados se debió a una serie de gestiones que hizo en el país, como crear una ONG para ayudar a mujeres y niños violados, un colegio para niños pobres en Kinshasha en colaboración con la Fundación del Real Madrid y la fundación del Círculo de Empresarios Hispano-Congolés.

Este último organismo facilitó, dijo, un aumento del 60% de las exportaciones españolas a la República Democrática del Congo y destacó.

En abril de 2013, después de que el embajador comunicara que había puesto los controles necesarios en la emisión de los visados, el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió una orden a su Embajada exigiéndole que verificara el cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes de asilo.

Poco después, el Ministerio verificó que el embajador estaba incumpliendo la normativa al estar autorizando visados “a pesar de que no era su competencia”, por lo que se le hizo una inspección en la Embajada y el 1 de marzo de 2014 le cesó en sus funciones.