El hospital privatizado de Burgos adjudicó a Cofely un contrato con un sobrecoste de 4 millones
El Hospital Universitario de Burgos adjudicó a la empresa Cofely, investigada por ser el epicentro de la Operación Púnica, un contrato que tuvo un sobrecoste de cuatro millones de euros. El Partido Castellano presentará en la Audiencia Nacional la documentación relativa a esa contratación mientras la Junta de Castilla y León se lava las manos porque fue la empresa concesionaria -que se encarga de todo en el centro excepto de los servicios asistenciales- y no el Gobierno regional la que eligió a la compañía que ahora investiga el juez Eloy Velasco.
La climatización del hospital de Burgos se presupuestó en 17 millones de euros. Cinco años después de que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) aprobara esa cifra, Nuevo Hospital de Burgos S.A., la empresa a la que la Junta adjudicó la construcción y la gestión del centro privatizado, amplió la cantidad hasta los 21 millones de euros. En esa fecha, noviembre de 2010, el hospital debía llevar un año en marcha, pero la inauguración se retrasó hasta el año 2012. No comenzó a funcionar hasta que el Gobierno regional avaló un préstamo que el Banco Europeo de Inversiones concedió a la empresa adjudicataria.
La construcción y todos los servicios no asistenciales del hospital burgalés, el más grande de la comunidad, están en manos de un consorcio integrado por OHL (20,75%), un fondo de capital riesgo del Banco Santander (17,64%) y Urbanizaciones Burgalesas, S.L. (20,75%), entre otras. Detrás de Urbanizaciones Burgalesas está Miguel Méndez Pozo, el empresario que fue condenado a siete años de prisión por corrupción en los 90 y que estaba detrás de las obras del bulevar del barrio de Gamonal que fueron paralizadas gracias a las protestas vecinales en enero de este año.
El hospital privatizado de Burgos se convirtió en un negocio para sus adjudicatarios. Su puesta en marcha se duplicó: pasó de estar estimado en 242 millones a costar 528 al erario público. Además, la concesionaria consiguió que la Junta le pague un canon anual de al menos 38 millones de euros durante 30 años. Como los costes se dispararon, en 2013 el canon fue de 71 millones en 2013. En tres décadas, el coste para la región será de 2.000 millones de euros.
Cofely fue la encargada de la climatización del centro y contribuyó a ese sobrecoste al aprobarse un modificado que incrementó el contrato en cuatro millones. Ahora esa documentación llegará a la Audiencia Nacional de manos del Partido Castellano, que calcula que la empresa que forma parte de la Operación Púnica acabó recibiendo otros cuatro millones más por obras complementarias.
La Junta de Castilla y León sólo ha reconocido, por el momento, contratos a Cofely por un valor de 5,72 millones de euros. En la rueda de prensa que dio el portavoz del Ejecutivo el pasado jueves, José Antonio de Santiago-Juárez, dijo hacer “un ejercicio de transparencia” para dar los datos sobre las adjudicaciones a esa compañía, pero no incluyó los más de 20 millones del hospital.
Responsabilidad de la concesionaria
El Gobierno regional se lava las manos respecto a la relación con la empresa que ahora está en el punto de mira por su implicación en la Operación Púnica gracias a que no fue él quien la contrató, sino el consorcio al que puso al frente del hospital. “La relación contractual es de la empresa concesionaria”, justifican fuentes de Sacyl.
Ocho consejeros del Gobierno regional comparecerán a lo largo de este miércoles para dar explicaciones sobre las adjudicaciones otorgadas a Cofely Consulting y Cofely España durante los años 2002-2014. Entre ellos, rendirá cuentas el responsable de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, sobre los “contratos menores” que su departamento ha adjudicado en ese periodo a estas sociedades. Fuentes de la consejería insisten en que no tendrá por qué abordar el asunto del Hospital de Burgos porque “es la empresa [Eficanza, que es al marca comercial de Nuevo Hospital de Burgos, S.A.] la que tiene el contrato”.
Púnica en León
A partir de las comparecencias de los miembros del gobierno que preside Juan Vicente Herrera, se tomará la decisión de “si es necesario” trasladar información a la Audiencia Nacional, según fuentes del Ejecutivo regional. Además de las explicaciones en las Cortes, Herrera anunció el pasado miércoles que se paralizarían todos los expedientes abiertos en Castilla y León con Cofely, así como el traslado a la Audiencia Nacional del informe elaborado por la consejería de Hacienda y la Intervención General sobre esas contrataciones.
Por el momento, de la investigación de la Operación Púnica en la comunidad sólo ha aflorado que la trama corrupta actuó en León, cuyo presidente de la Diputación, Marcos Martínez, está en la cárcel. El juez Velasco considera que puso en marcha varios proyectos relacionados con la estación de esquí de San Isidro a los que sólo invitaba a participar a sociedades vinculadas a Alejandro de Pedro “a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente de la Diputación de León”. Además, está imputado por revelación de secretos, tráfico de influencias, fraude y cohecho al participar en algunas de las empresas adjudicatarias de los concursos.
