Las claves de las querellas por rebelión: un ejército catalán, apoyo en las calles y dinero público

La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes dos querellas contra los responsables de la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Los textos, dirigidos a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, constituyen un detallado relato de todos los pasos que han dado en Govern y el Parlament hasta llegar a la votación del pasado viernes 27, que motivó la presentación de unas querellas preparadas durante semanas.

Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2015, con la aprobación por parte del Parlament de una resolución “declaraba solemnemente el inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”, apunta la Fiscalía. El ministerio público reúne en las más de 230 páginas de los dos escritos todos los actos que constituyen, a su juicio, los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

Así, la Fiscalía describe una trama que ha contado con la colaboración de los miembros del Govern, de la Mesa del Parlament y de las organizaciones encargadas de movilizar a la ciudadanía. Una trama con conexiones internacionales y una repercusión económica que sirve a la Fiscalía para apuntalar una denuncia que tiene la rebelión como elemento fundamental: un delito que precisa de violencia y que está castigado con hasta 30 años de cárcel. Estas son las claves de la denuncia contra los líderes del proceso independentista.

Dos años de actos anulados por el Constitucional

La querella se centra fundamentalmente en las acciones del Govern y el Parlament para asentar las bases del referéndum de independencia. Así, relata con detalle las votaciones y textos que emanaron de la cámara catalana -con la colaboración de algunos miembros de la Mesa-, y las correspondientes impugnaciones y anulaciones por parte del Tribunal Constitucional, recogiendo y analizando sus argumentos para concluir que los querellados actuaron “en abierta rebeldía al ordenamiento constitucional”.

Concientes de ello, pidieron a la población “el apoyo y el respaldo” para llevar a cabo el referéndum, “infundiendo en ella el rechazo a todo aquello que fuera contrario o se opusiera a esta finalidad”. En esa votación, los ahora investigados “sabían que solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña, por lo que, si lo conseguían llevar a cabo, el resultado sería inexorablemente, en virtud del carácter vinculante del referéndum, la proclamación de la independencia de Cataluña, prescindiendo de la voluntad del conjunto del cuerpo electoral”.

Para lograr ese apoyo social, los líderes independentistas contaron con el apoyo de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultura, a la que se cita constantemente en el texto de la querella.

Los Mossos, una potencial fuerza armada

Maza ya atisbó a finales de septiembre que lo que ocurría en Catalunya podría ser un delito de rebelión. Mantuvo esa convicción durante semanas hasta que finalmente la ha plasmado en la querella. En ella justifica que, aunque no se ha producido violencia, sí que ha habido “capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso”.

En esa capacidad intimidatoria juegan un papel especial los Mossos d’Esquadra. “La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”, escribe Maza, que también señala que el Govern tenía intención de crear su propio Ejército.

Intimidación y violencia en las calles

Junto a la amenaza de los Mossos, la denuncia de la Fiscalía señala también los episodios de violencia que se produjeron en las calles, tras los que sitúa a los integrantes de Gobierno que dirigía Carles Puigdemont. De hecho, Maza echa mano de unas declaraciones suyas para concluir que buscaba “llevar a término el referéndum ilegal desobedeciendo los autos judiciales mediante la presión intimidatoria de la multitud, impidiendo la actuación de las fuerzas del orden público”.

Esa presión se materializó el día de referéndum. Según la fiscalía, los querellados asumieron que la “muchedumbre” a la que llamaron a movilizarse contra la orden de impedir las votaciones “iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física”. Así, la denuncia recoge un total de 39 episodios de violencia durante el pasado 1 de Octubre. En ocasiones, se trata de situaciones en las que los agentes se encontraron resistencia a las puertas de los locales.

De hecho, la querella une también los hechos del 20 y 21 de septiembre, que ya son objeto de una causa por sedición en la Audiencia Nacional. Maza considera esos hechos “especialmente graves”, y apunta a que las concentraciones para impedir el trabajo de las autoridades se produjeron “con el beneplácito de los miembros del Govern y de diputados independentistas”.

Escraches a Policía y Guardia Civil

El tercer pilar en el que sustenta Maza su acusación por rebelión es el acoso a los Policías y Guardias Civiles desplazado hasta Catalunya, que sufrieron “escraches” en sus lugares “de trabajo y de descanso”. La querella sitúa tras esos llamamientos a cargos públicos como la alcaldesa de Calella, Monserrat Candini, y apunta a que fueron festejados por, por ejemplo, la diputada de la CUP Mireia Boya, quien “alentó” a los concentrados frente a los hoteles de los agentes con mensajes en Twittter.

Se generó una campaña de acoso con caceroladas y mensajes a través de redes sociales -que presionaban a los hoteles para que expulsasen a los agentes- que “no cesó de forma voluntaria ni pacífica por parte de los activistas”, sino que se acabó cuando el Ministerio del Interior trasladó a los agentes.

La Fiscalía une la violencia en las calles y los escarches para concluir que esos actos “ejemplifican cómo por parte de los querellados no se buscaba simplemente contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista”.

Puerta abierta a que no sea rebelión

Sin embargo, Maza no esconde que hay dudas de que estos comportamientos sean considerados como rebelión. Tienen un difícil encaje con la redacción del Código Penal, que según varios juristas hace referencia a un alzamiento armado, y la falta de jurisprudencia sobre este delito plantean dudas sobre la viabilidad de la causa.

Por eso, el fiscal general del Estado apunta a que, si los jueces entiende que no hay rebelión, admitan al menos que se trata de un delito de sedición. “La sedición, forma colectiva y tumultuaria de alzamiento, ‘rebelión en pequeño’ según frase decimonónica, participa de varios de los elementos ya examinados al tratar del delito de rebelión”, escribe Maza, que señala la principal diferencia entre ambos: el de rebelión requiere la existencia de violencia, y el de sedición habla solo de alzamiento “tumulturario”.

Fondos públicos para pagar el referéndum

Además de la rebelión, la Fiscalía acusa a los miembros del Govern de delitos de malversación de fondos públicos. Lo justifica en que en los presupuestos aprobados por el Parlament se destinaron varias partidas para gastos de “procesos electorales y consultas populares”. Esas partidas ascendían a 6,2 millones de euros, la cantidad que pide que se les imponga como fianza para “asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados”. La Fiscalía aclara que deberían abonarla de manera solidaria todos los querellados, los del Supremo y los de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía sostiene que hubo delito de malversación porque se produjo “una actuación realizada en consciente contravención con la doctrina constitucional y comprometiendo fondos públicos para la celebración del proyectado referéndum secesionista”.

Competencia de Audiencia Nacional y Supremo

Además de si finalmente habría acusación por rebelión, la otra gran duda sobre la querella era ante qué tribunal se iba a presentar. La intención de Maza era hacerlo solo ante el Supremo, pero la pérdida de aforamiento de los miembros del Govern como consecuencia de la aplicación del artículo 155 le ha obligado a dividir la querella y presentar una parte ante la Audiencia Nacional.

En el caso de la Audiencia Nacional, que investigará a los miembros del Govern destituido, la Fiscalía argumenta que sus delitos afectaron a todo el territorio nacional porque atentan contra “la esencia misma del Estado español”. Además, añade que al haberse producido hechos en Catalunya que buscaban condicionar al Poder Judicial, lo conveniente es que lo juzgue un tribunal de otro ámbito territorial. La competencia de la Audiencia Nacional, añade, viene refrendada por varios escritos de este mismo tribunal.

En el caso del Supremo, Maza sostiene los mismos argumentos de que los hechos “desbordan los contornos territoriales”, a lo que se suma que los querellados mantienen su aforamiento por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlament.

Conexiones internacionales: Assange y Francia

La querella dedica una parte a analizar la parte internacional de la trama de rebelión. Así, destaca la creación de un departamento “Asuntos internacionales”, al que se dotó con 35 millones de euros, y sobre el que “pivotaron” aspectos fundamentales como el papel de las delegaciones en el extranjero, vinculadas al proceso soberanista, según la Fiscalía.

Junto a ello, la Generalitat ha llevado cabo una campaña de imagen internacional entre la que destaca “la adhesión de personajes más o menos conocidos del panorama internacional, que van desde Julian Assange hasta Yoko Ono”. Estos personajes han lanzado mensajes de apoyo a la celebración del referéndum, señala la denuncia.

Se habla también de los dominios fuera de España de algunas webs de apoyo a la celebración del referéndum, así como de un apoyo “logístico”. Este se materializó, defiende Maza, en la posible impresión de papeletas en Francia, además de la compra de 10.000 urnas a una empresa china, que también se guardaron en una localidad francesa.

¿Por qué están Santi Vila y Joan Josep Nuet?

Un aspecto relevante de las querellas es que en ellas se ha incluido dos investigados sobre los que había dudas. El primero es Santi Vila, exconseller de Empresas, que dimitió el día antes de la declaración unilateral de independencia. Sin embargo, la Fiscalía le inclye, según se desprende de la querella, porque los hechos arrancan en 2015, y durante todo este tiempo ha ocupado un cargo de responsabilidad en el Govern. Aun así, Maza hace constar que dimitió.

El segundo es Joan Josep Nuet (diputado de EUiA con Catalunya Sí Que es Pot), secretario tercero de la Mesa. Votó en contra de tramitar la declaración. Sin embargo, la Fiscalía señala que sí que votó a favor de tramitar algunos textos durante estos dos años siendo consciente de que algunos de ellos suponían “un ataque frontal al Estado de Derecho, a la Constitución española y a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”.