Un recurso intenta que la Audiencia Nacional obligue a Andreu a investigar los correos de Blesa
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá la penúltima palabra sobre la incorporación de los correos de Miguel Blesa a la causa de las preferentes. Su Sección Tercera decidirá sobre el recurso de apelación que presentó este lunes una pareja de afectados a la negativa del instructor, Fernando Andreu, de utilizar en la investigación judicial los mensajes del expresidente de Caja Madrid.
Andreu ha desestimado la petición de los preferentistas alegando que el juez Elpidio José Silva obtuvo esos correos “ilícitamente”, tal y como dictó la Audiencia Provincial de Madrid. Según el juez de la Audiencia Nacional, la utilización de los casi 9.000 correos electrónicos “generaría la nulidad subsiguiente de todo aquello que dicha información genere”. La Audiencia de Madrid falló que la providencia de Silva reclamando los mensajes es nula porque vulneró el derecho a la intimidad de Blesa y el secreto de las comunicaciones.
Los afectados, representados por el despacho Jausas, alegan que los correos no pertenecen a Blesa, sino a Caja Madrid, y que como tales siguen alojados en un servidor de Bankia. Por tanto, argumentan, su incorporación a la causa no invade el derecho a la intimidad del exbanquero. Los abogados aseguran no tener inconveniente en que Andreu circunscriba la prueba a los correos intercambiados por Miguel Blesa únicamente con miembros de la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración y las agencias de rating.
El juez de la Audiencia Nacional esgrime que la 'teoría del fruto del árbol envenenado', según la cual una prueba obtenida ilegalmente contamina cualquier causa a la que se incorpore. Frente a esta doctrina, la defensa de los preferentistas acude a la 'doctrina de la prueba inevitable'. Esta dice que una prueba a la que se hubiera llegado irremediablemente a lo largo de una investigación, no puede ser rechazada porque haya sido obtenida de forma ilícita en otra causa. Juez y acusación particular incorporan jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus respectivos recurso y auto de denegación de la prueba.
En el escrito presentado este lunes, al que tuvo acceso eldiario.es, los letrados recurren a un reciente auto de la Sección Tercera que deberá decidir, dictado el pasado 10 de febrero en el marco del caso Gürtel. Las defensas de los principales implicados buscaban la nulidad de la causa alegando que las escuchas ilegales en la cárcel a los abogados y sus clientes –por las que fue condenado Baltasar Garzón- anulaban todas cuantas diligencias habían sido practicadas en ese mismo proceso. La Sección Tercera contestó que asumir ese argumento supondría “conferir una desmedida y abusiva amplificación” sobre la conexión de antijuricidad.
Una prueba “pertinente y necesaria”
Los abogados de Jausas concluyen que los correos son una prueba “pertinente, relevante y necesaria” para dilucidar si los directivos de Caja Madrid concibieron las preferentes como un plan para “recapitalizar” la entidad en un momento de graves dificultades para la misma. “Es muy probable que dicha planificación, de existir –y hay indicios de ello- quedara reflejada en los correos enviados entre sí por la cúpula directiva de Caja Madrid”, añaden.
eldiario.es publicó un intercambio de correos electrónicos entre Blesa y su director de Negocio, Matías Amat, en el que ambos celebraban la “cifra récord” de venta de preferentes en las primeras horas de puesta en circulación del producto. En esos mensajes, Blesa expresaba su temor al “exceso de celo” de las sucursales y afirmaba: “lo que he aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es buen producto”.
El recurso de Jausas plantea que los correos pueden poner de manifiesto el conocimiento de la dirección de Caja Madrid de la “gravísima” situación en que se encontraba la entidad cuando decidió comercializar las preferentes, así como el motivo por el que se ocultó a los ahorradores el cambio de calificación que hizo Moody’s del producto hasta dejarlo en “bono basura”, cuando los clientes aún estaban a tiempo de haber cancelado su orden de suscripción. La decisión recae ahora en los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y María Ángeles Barrios, que componen la Sección Tercera.
El contenido de los correos publicado por los medios de comunicación no pudo ser objeto de las preguntas formuladas a los 15 querellados que fueron interrogados la semana pasada en la Audiencia Nacional. La negativa de Andreu a incorporarlos -hecha pública a las pocas horas de la declaración de Blesa- lo impidió. Las acusaciones particulares y populares planean solicitar a Andreu que llame a declarar a otros miembros de la cúpula de Caja Madrid tras los balones fuera que se dedicaron a echar todos los interrogados a lo largo de cinco jornadas.
