El Gobierno se queda solo con su plan de reforma de la administración local
“El anteproyecto de la reforma de la administración local es anticonstitucional, un golpe de estado, incluso franquista”. Así de firme define Manuel Fuentes, responsable de Política Municipal de IU Federal, el borrador con el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pretende transformar la gestión municipal.
Lo cierto es que el Gobierno se ha quedado solo en la defensa del anteproyecto, cuyos objetivos son: “Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio de Una administración, una competencia; racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que no se gaste más de lo que se ingresa; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque apuestan por continuar con el diálogo para alcanzar un acuerdo que satisfaga a las municipalidades, las comunidades autónomas y el Gobierno, creen que el plan perjudica sobre todo a los municipios. Su presidente y además alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP), defiende que las administraciones locales han sido “con diferencia las que han cumplido los objetivos económicos”. “Hemos dejado el déficit en un 0,2 y el nivel de endeudamiento ha bajado un 2,5%”, explica.
El anteproyecto establece que sean finalmente las comunidades autónomas las que se hagan cargo de los servicios sociales básicos, como son educación y sanidad, que el Gobierno entiende como “competencias impropias” de los ayuntamientos, a los “que estaban ocasionando un grave prejuicio económico”. “Un Ayuntamiento tiene las competencias que dice la Ley y solo puede hacer esas competencias. Ello permite asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en función de su población, así como la financiación de los mismos. Únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrá presetar otros servicios no obligatorios”.
El cambio de competencias de los municipios a las comunidades, en el caso de la educación y la sanidad, se producirá, según el borrador, en un período de cinco años. En el caso del resto de servicios sociales, el período será de un año.
Este trasvase de competencias, sin embargo, no es real. Según De la Serna, los municipios estaban asumiendo desde hace años competencias que no les correspondían: “Se les devolverán porque nunca fueron nuestras”. De hecho, señala, la FEMP pedirá que el traslado de la educación y la sanidad se produzca también en un año.
Para Gaspar Zarrías, secretario de política municipal del PSOE, el plan demuestra “un desconocimiento de la realidad municipal” y si se aplica “los grandes perdedores serán la inmensa mayoría de los ciudadanos, ya que afectará a unos servicios qeu son los más próximos a ellos como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día que, o bien dejarán de prestarse, o bien serán privatizados”.
No obstante, el problema se produce cuando desde las comunidades no se puede asegurar el mantenimiento de estos servicios. “Desde las comunidades autónomas, independientemente del color político, transmiten un mensaje, y es el de que no están dispuestas a asumir competencias porque no tienen financiación”, comenta el alcalde de Santander, que añade que es preciso que el anteproyecto sea claro a la hora de aclarar cómo se garantizará la financiación y la “estabilidad en el tiempo”.
El responsable de política municipal de IU alerta de lo mismo: “No está mal que las competencias en educación y sanidad se trasladen a las comunidades, porque así los ayuntamientos no tendrán que asumir un gasto tan elevado, pero el peligro es que nadie asegura que las autonomías vayan a gestionarlos bien, ni siquiera queda claro con qué financiación se respaldarán estas competencias”.
La Junta de Castilla y León, gobernada por Juan Vicente Herrera (PP), se ha opuesto al anteproyecto justo por el gasto que le supondrá hacerse cargo de todas las competencias en educación, sanidad y demás servicios sociales de los municipios. En un informe crítico sobre el borrador, la comunidad asegura que todo ello podría costarle entre 700 y 1.000 millones de euros al año.
Criterios de eficiencia económica, no social
Fuentes denuncia que la reforma al completo se basa en criterios de eficiencia económica, pero no social, y opina que esa diferencia supondrá el fin de muchos servicios sociales y el aumento de gasto para la población. Dice el anteproyecto: “Los servicios municipales se sometarán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el eficiente. Si resulta que no se puede mantener el servicio, y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir. Si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasaría a las Diputaciones provinciales, para permitir ahorros mediante generación de economías de escala. En el caso de los municipios con población superior a los veinte mil habitantes, voluntariamente pueden decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo, con la CC.AA. correspondiente”.
El responsable de IU pone un ejemplo: “Un polideportivo municipal nunca será rentable económicamente, pero sí socialmente. Ahora todas estas cosas que el Gobierno entienda que no sean rentables se cerrarán, se privatizarán o se subirán de precio, por lo que los ciudadanos tendrán que pagar más”.
Detrás de la reforma, afirma, existe la necesidad de una nueva vía de negocio para el Gobierno y el PP: “Se han terminado las especulaciones con el dinero fácil del ladrillo, por lo que precisan de otra vía de negocio y han ido a por los ayuntamientos para privatizar los servicios públicos”.
Iñigo de la Serna fija otro elemento clave a tratar con el Ministerio y es la posible intervención de los municipios de menos de 5000 habitantes. Para el presidente de la FEMP, ya existen “suficientes mecanismos de protección e intervención posibles” y “no tiene sentido que se añadan otros que han generado mucha preocupación, malestar e incertidumbre entre los pequeños municipios”.
Con esto, denuncia Fuentes, lo que busca el Gobierno es “quitarle potestad a los ayuntamientos” y “centralizar el poder para manejarlo totalmente”. “Es un atentado contra el modelo de estado actual”, dice.
En lo relativo al traslado de determinados servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones, De la Serna reconoce que “ha suscitado dos posiciones entre los dos grandes partidos políticos”. Fuentes ve las diputaciones como “instituciones anacrónicas” que “tienen más de 150 años y son llevadas por personas que no han sido elegidas democráticamente”. Advierte, en este sentido, del riesgo de que personas elegidas a dedo por los partidos políticos lleven los servicios públicos de municipios que ni siquiera conocen.
Según declarcó Gaspar Zarrías hace unos días, esto “supone la intervención de los ayuntamientos y busca privatizar los servicios porque las diputaciones no tienen estructura para gestionarlos”. “Serán las empresas las que gestionen servicios muy importantes que no son un negocio muy significativo, y no es baladí que las empresas más importantes de la construcción estén girando sus líneas de negocio hacia estos servicios que prestan los ayuntamientos”, dijo.
Para el responsable de política municipal de IU, son los ayuntamientos los que mejor entienden las necesidades de su población, “porque trabajan directamente con ella”. “A nosotros, por ejemplo, nos perjudica mucho porque es justamente a nivel municipal donde mejor se perciben nuevas formas de hacer política, como por ejemplo la participativa”.
