Las sanciones contra Venezuela, un dilema para EE.UU. en un año electoral

Las eventuales sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela se han convertido en un pulso entre la Casa Blanca y el Capitolio: mientras el presidente Barack Obama es reacio a inmiscuirse en la crisis del país caribeño, muchos congresistas quieren mandar un mensaje de advertencia a Caracas.

Esta semana, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó sin objeciones un proyecto de ley impulsado por la legisladora cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen para congelar los activos y prohibir la entrada a EEUU de aquellos funcionarios venezolanos que hayan podido estar involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

Pese a alguna oposición en el debate previo a la votación a viva voz, el texto legislativo consiguió la aprobación de la Cámara baja, mientras que en el otro lado del Congreso, el comité de Relaciones Exteriores del Senado ya había aprobado un proyecto similar auspiciado por el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio.

En el caso de que ambos proyectos de ley completen su recorrido, todavía tendrían que armonizarse en un único texto antes de ser enviados al escritorio del presidente, quien podría vetar la iniciativa y negarse a firmarla.

“Si Obama quiere bloquear el proyecto de ley, (el líder demócrata) Harry Reid sólo tiene que impedir que se someta a voto en el Senado, lo que es mucho más fácil y más silencioso que vetarlo”, explicó a Efe Mark Weisbrot, analista y codirector del Centro de Investigación Política y Económica.

“Eso es lo que hizo con las sanciones contra Irán; un grupo de senadores respaldado por el lobby de Israel trató de aprobarlas, a fin de sabotear sus negociaciones con Irán”, pero Reid no las sometió a voto, recordó.

A diferencia de los congresistas, que parecen tener clara la necesidad de mandar un mensaje firme al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque el castigo de las sanciones que se barajan es casi simbólico, la Administración ha reiterado, incluso tras el voto de esta semana, que lo que ocurre en Venezuela “sólo es asunto de los venezolanos”.

La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, insistió una vez más en que en caso de quererlo así, el presidente ya tiene las herramientas necesarias para imponer sanciones, por lo que no necesita que el Congreso se lo indique.

Por lo tanto, agregó, la Casa Blanca continúa pensando que no es el momento para tomar tal decisión, que según considera Michael Shifter, director del centro de estudios “Diálogo Interamericano”, sería interpretado por los países latinoamericanos como un “ataque ideológico a un Gobierno de izquierdas” y un intervencionismo que “correría el riesgo de recordar los años de la Guerra Fría”.

“La implicación principal es que alejaría aún más a América del Sur y a la mayor parte de América Latina de los Estados Unidos. Como puede verse a partir de la declaración de Unasur, estos gobiernos lo verían como un acto de agresión y violación de los derechos fundamentales de soberanía por parte del Gobierno de EEUU, algo con lo que están profundamente resentidos en América Latina”, apuntó Weisbrot.

Jacobson, y el propio secretario de Estado, John Kerry, reiteraron en el Congreso que el Gobierno estadounidense no quiere servir de distracción ni excusa para que los diálogos entre el Ejecutivo de Maduro y la oposición se emponzoñen y no lleguen a puerto, sin embargo, hay un grupo de legisladores que sigue en sus trece.

A juicio de Weisbrot, es “el lobby anti-Cuba”, con control de los dos comités de Exteriores, el que está dirigiendo la estrategia, “y son pocos los miembros del Congreso que están dispuestos a luchar contra ellos en un año electoral, ya que muy pocos se preocupan por América Latina en absoluto”.

Mientras tanto, son 42 las personas fallecidas en las protestas en Venezuela desde que comenzaran el pasado febrero, y el líder opositor, Leopoldo López, continúa detenido en espera de audiencia, una situación que no ha mejorado con el paso del tiempo ni tampoco con la intercesión de la Unasur y el Vaticano.

Con sanciones o sin ellas, no es menos cierto que Maduro continúa acusando a Estados Unidos de complot e intento de magnicidio, como un eco apagado de la estrategia de su antecesor, Hugo Chávez.

El trámite de las sanciones contra Venezuela dentro del Congreso estadounidense se ha convertido, por tanto, más en un pulso electoral interno que en un asunto de política exterior, en el que Obama no tiene ninguna gana de entrometerse.