Un entramado de sociedades interpuestas está detrás de Capio, la gran gestora privada de hospitales públicos
Detrás de algo tan palpable y concreto como la atención hospitalaria de 800.000 madrileños y 363 millones de euros de dinero público que gestiona Capio Sanidad está un entramado de sociedades cuyos intereses se sitúan muy alejados del cuidado de la salud. En su estructura, como en un juego de muñecas rusas, hasta tres sociedades limitadas y unipersonales con un primer origen en Holanda son propietarias unas de otras, hasta llegar a Capio.
El 11 de noviembre de 2010 –según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)- nació la actual dueña de este gestor sanitario. Se trata de una S.L. llamada Desarrollos Empresariales Piera. Su objeto social (a lo que se dedica) es el “comercio al mayor, menor, importación, exportación y fabricación de todo tipo de artículos de regalo”. Ese mismo día también se registró el inicio de otra sociedad limitada unipersonal denominada Poitiers Develops que con una actividad dedicada al “comercio al mayor, menor, importación, exportación y fabricación de todo tipo de artículos de regalo” posee el 100% de la única accionista de Capio Sanidad. En el arranque de ambas empresas, teóricamente incluidas en el sector del comercio regalístico, está una sociedad holandesa registrada en los Países Bajos bajo el nombre de HC Investments BV.
La secuencia queda como sigue: un fondo holandés, HC Investments BV, posee el 100% de una sociedad española dedicada al comercio de regalos, Poitiers Develops, que, a su vez, es la única accionista de otra empresa de importación y exportación, Desarrollos Empresariales Piera, que, por fin, es la que tiene el 100% de Capio Sanidad.
A Capio le ha sido asignada por el Gobierno regional (PP) la gestión directa de cuatro hospitales públicos en la Comunidad de Madrid: Fundación Jiménez Díaz, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Elena y Hospital de Collado Villalba (este último con la inauguración suspendida por la Consejería de Sanidad ya que le sale más económico no ponerlo en funcionamiento aún. La gestora recibirá este año 12 millones de euros de mantenimiento).
Después de pocos meses de haber nacido estas sociedades, el fondo de inversión riesgo CVC compró Capio Sanidad a otro fondo, Apax. El fondo utiliza esta batería de empresas interpuestas para controlar Capio. La operación llegó a los 900 millones de euros. Para financiar esa compra, CVC solicitó más de 600 millones de euros de crédito. La deuda se ha incorporado a las cuentas de Capio Sanidad (no a los resultados del fondo de inversión). Según la última inscripción del BORME, la matriz de Capio, tiene un capital de 36 millones de euros. En medio de esas negociaciones, el 28 de enero de 2011, la única accionista conocida de Capio Sanidad, Desarrollos Empresariales, compuso su consejo de administración de la siguiente manera: presidente: Theatre Directorship Services Beta S.A.R.L. Los consejeros: Theatre Directorship Services Alpha y Gama. Todas ellas sociedades limitadas cuyos nombres se repetirán en los cruces constantes de consejeros y consejos.
Así las cosas, en el consejo de administración del gestor sanitario Capio se registran como consejeros los ya conocidos Theatre Directorship Services Alpha, Beta y Gama. ¿A qué se dedican estos consejeros? A todo, podría contestarse ya que su registro de actividades recoge una lista que incluye fabricación de tejidos textiles, confección de otras prendas de vestir exteriores, fabricación de papel y cartón, fabricación de perfumes y cosméticos, actividades de las sociedades de holding, restaurantes y puestos de comida, agencias de publicidad y muchas otras entre las que aparecen las actividades empresariales. Theatre Directorship por ejemplo tiene cargos en más de 30 empresas diferentes como Capio Sanidad, Capio Villalba S.A. Capio Móstoles, Capio Valdemoro... Pero también está en los consejos de la constructora Abertis o Cortefiel Servicios.
Capio Sanidad factura unos 500 millones de euros al año con beneficios de unos 100. Está en una posición preemiente para acudir a los procesos de privatización de gestión hospitalaria que han puesto en marcha tanto la Comunidad de Madrid como la de Castilla-La Macha.
