Los subordinados de Esperanza Aguirre explicarán en el juicio de Gürtel el troceo de contratos
La larga lista de testigos del juicio de la primera época de Gürtel se amplía. El tribunal ha acordado este martes que sean llamados a declarar diez personas más para que den explicaciones por el troceo de los contratos que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, hizo con la trama corrupta. La acusación popular ejercida por el PSOE tiene que decidir quiénes son esa decena de nuevos testigos.
El abogado que ejerce esa acusación en nombre de los socialistas, Wilfredo Jurado, presentó una lista de casi 60 nombres para que fuese llamados a declarar. Pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha pedido que acote esa lista, en la que están nombres como el que fuera número dos y sucesor de Aguirre, Ignacio González, o su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Previsiblemente, ninguno de los dos, ni otros exconsejeros de la época, acabarán por testificar en el juicio. Aunque el letrado no ha decidido la lista de nombres que presentará en los próximo días, sí que advierte de que ésta no incluirá los nombres más importantes. No habrá cargos políticos, sino técnicos.
Jurado explica a eldiario.es que lleva detrás del fraccionamiento de contratos desde que comenzó la instrucción del caso, pero que hasta ahora no había conseguido que el tribunal abriese esa vía permitiéndole llamar a nuevos testigos. Hasta ahora, varios imputados han acusado a la Comunidad de Madrid de estar detrás de esa práctica.
Para saber quién daba las órdenes de trocear los contratos que se hacían con la red Gürtel, la acusación popular del PSOE quiere centrarse en los cuadros técnicos del Gobierno de la época, en los interventores y secretarios generales técnicos. Su estrategia pasa por conseguir que den los nombres de quienes les ordenaban fraccionar las facturas para evitar sacarlas a concurso y que fuesen a parar las empresas de Francisco Correa.
La lista final de 10 testigos incluirá a los interventores que firmaron varias facturas en un mismo día para un solo acto, o a aquellos cargos que emitieron informes contra esa forma de actuar, pero que acabaron sumándose a ella. Jurado asegura que buscará a quien estuvo implicado en los fraccionamientos “más groseros”, como el del acto de homenaje a las víctimas del 11M.
La orden salía del Gobierno de Aguirre
Desde que comenzó el juicio, varios imputados en la trama de corrupción señalaron a los gobiernos de Aguirre. El propio cabecilla, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y la administradora de varias sociedades de Gürtel, Isabel Jordán, reconocieron el troceo de contratos y pusieron el foco en la Administración madrileña.
Correa dijo que, si no se fraccionaban los contratos –algo que no consideró como un delito–, la Administración “tendría que cambiar su forma de trabajar”. Crespo añadió que el Gobierno de Aguirre era el responsable de ocultar los contratos que se hacían con las empresas de Gürtel. La cantidad de actos que la red organizaba para la presidenta y sus consejeros quedaban fuera de todo control porque la propia Comunidad de Madrid pedía a las empresas que emitiesen facturas de menos de 12.000 euros.
Jordán dio más datos y fue quien dio un ejemplo concreto. Entre los actos que el Gobierno de Aguirre pidió a la red Gürtel que fraccionase estuvo el homenaje a las víctimas de atentado del 11 de Marzo que se celebró dos semanas después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de 10 facturas por valor de 11.954,39 euros, según explicó Jordán.
Durante la instrucción se señaló al exconsejero Alberto López-Viejo, imputado en el caso, como el responsable del fraccionamiento. Pero los principales imputados han señalado a todo el Gobierno regional, y el letrado del PSOE cree que López-Viejo no tenía tanta influencia en el resto de consejerías.
