El testaferro de Ignacio González falseó datos para justificar el pelotazo del Canal en Brasil

El pelotazo del Canal de Isabel II en brasil se cocinó durante al menos cinco años. Para llevar a cabo la compra por 21 millones de euros de una empresa que solo costaba cinco, el principal implicado, Edmundo Rodríguez, falseó las cifras de su balance de Emissao, obvió que ocultaba en las auditorías datos financieros relevantes y que tenía multitud de contenciosos laborales abiertos. Se inventó que Brasil ponía barreras al capital extranjero, un argumento que utilizó para crear una estructura societaria en Uruguay que colaboró a desviar el dinero de la operación.

En la jugada tuvo un papel fundamental I. M. En 2008 montó en Uruguay una sociedad opaca a la que luego vestiría de empresa de aguas, y que interpondría en la compra de Emissao. Con los cimientos puestos, Rodríguez planteó, desde su puesto de gerente de Inassa, la compra de Emissao en 2013 al Canal de Isabel II. La operación contó con el visto bueno del Consejo de Administración, al que le llegó una información sesgada, falsa en algunos aspectos.

La Policía brasileña ha detenido a varios directivos de Emissao y ha dictado orden de busca y captura contra otros nueve. La Fiscalía brasileña colabora con la española y los agentes de la Guardia Civil en la búsqueda de pruebas de ese pelotazo, para determinar si, como creen los investigadores, se produjo un desvío de dinero público.

Inassa elaboró un informe -que nadie firmó- sobre los aspectos más relevantes de la operación. En él se destacaba la oportunidad que suponía adquirir Emissao para entrar en el mercado brasileño, pero recogía una serie de dudas sobre la compra que fueron obviadas por Rodríguez durante el proceso.

El documento, por ejemplo, llamaba la atención sobre el precario sistema de información financiera. “No hay contabilidad al día, no existen políticas contables ni administrativas”, recoge el informe, que alerta de la posibilidad de que Emissao incurra en “grandes riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas potenciales debido a la falta de control”. Sus resultados anuales crecen y sus previsiones se disparan pero “no hay fundamentación contractual que lo garantice”.

También se pone el foco en los numerosos procesos laborales que tiene abiertos Emissao. En total, 83 contenciosos con los trabajadores, que pleiteaban contra la empresa en busca de indemnizaciones por despido. El documento calcula que, si prosperaban, la empresa tendría que afrontar el pago de 800.000 dólares. Sus otros procesos judiciales elevaban la cifra hasta los 1,4 millones, un hecho que Rodríguez obvió durante su intervención en el Consejo de Administración que aprobó la compra.

Una discrepancia de 10 millones de euros

Durante el proceso, el testaferro de González presentó unos datos de Emissao que no se correspondían con la realidad. Informó al Canal, durante una reunión de su filial Canal Extensia, de que el EBITDA -el beneficio bruto de explotación- de la empresa brasileña superaba los 13 millones de dólares en 2012 y se quedaba cerca de los 15 en 2013. Sin embargo, la información que ofreció la empresa brasileña rebaja esas cifras a nueve millones de dólares en 2012 y a siete un año más tarde.

Es más, Rodríguez no solo contaba con los datos de Emissao, muy por debajo de los que él presentó al Canal, sino que conocía la existencia de una due dilligence elaborada por la auditora KPMG, que rebajaba aún más los resultados de la empresa: 2,5 millones en 2012, que subían a 7,4 para el ejercicio siguiente. El primer año, la discrepancia de las cifras que presentó Rodríguez con las que constaban en el informe de la auditoría que tenía en sus manos supera los 10 millones de dólares.

Esa due dilligence alertaba sobre los problemas que había tenido KPMG para auditar Emissao. Durante su análisis, advirtieron de que los estados contables de la empresa brasileña “son altamente sencillos y faltos de varios controles habituales”, por lo que la información financiera que ofrecía tenía el riesgo de “no ser fiable”. Sus estados financieros “no estaban auditados” porque Emissao “tuvo dificultades significativas para facilitar información y explicaciones durante la due diligence”.

No había trabas al capital extranjero

La compra de Emissao no se hizo directamente. Para llevarla a cabo, el Canal tuvo que adquirir primero Soluciones Andinas de Aguas, una empresa uruguaya controlada desde Panamá por I. M. , abogado experto en evasión fiscal y socio de Rodríguez. El testaferro de González argumentó que Brasil imponía muchas trabas a las inversiones desde el extranjero y que el acuerdo que mantenía ese país con Uruguay allanaba el camino de la compra y permitía mejores condiciones fiscales. Pero esa tesis no está respaldada por ningún informe.

Es más, los documentos que obran en poder de los agentes de la Guardia Civil descartan que Brasil ponga barreras al dinero del exterior. Un informe de 2012 sobre las oportunidades de negocio en ese país, elaborado por Inassa, descarta esa tesis: “la inversión extranjera en Brasil se caracteriza porque existe en general igualdad de condiciones para el capital nacional y el extranjero”.

“El capital extranjero registrado en el Banco Central de Brasil podrá ser repatriado en cualquier momento a su país de origen, sin necesidad de autorización previa”, sostiene ese documento, que también echa por tierra el argumento de una fiscalidad desfavorable. “Existe un tratado de doble imposición entre Brasil y España, por el que los impuestos pagados en Brasil son deducidos de los impuestos que haya que pagar en España”, añade el informe.

El documento posterior que analizaba la operación de compra de Emissao no hacía ninguna referencia a las barreras de Brasil. En un informe sobre los indicios delictivos que pesan sobre Rodríguez, los agentes de la Guardia Civil destacan que ese documento interno de Inassa no hace ninguna referencia a “tratados o convenios entre Brasil y Uruguay que indicaran que fuese más favorable adquirir participaciones de Emissao interponiendo una sociedad uruguaya”.

El dinero, de Uruguay a Suiza

A pesar de ello, Rodríguez siguió adelante con su estrategia de interponer una sociedad pantalla para comprar Emissao. No obstante, esa vía para dar el pelotazo había comenzado en 2008, cuando I. M. se puso en contacto con un bufete de abogados uruguayo para constituir Turman Investments. Años después le cambió el nombre a Soluciones Andinas de Aguas, para dar la apariencia de que el Canal adquiría una empresa relacionada con su sector.

El Canal compró Soluciones Andinas de Aguas y luego adquirió el 75% de Emissao, que se pagó conjuntamente entre Inassa y Canal Extensia. Rodríguez infló el precio de compra de la empresa brasileña sin justificación alguna, señala la Guardia Civil, sin ningún documento que apoyase el precio que finalmente se pagó por ella: 21 millones de euros, 30 millones de dólares entonces. Los agentes también se sorprende de la intrincada operativa para abonar el dinero, que incluyó hasta cinco movimientos de dinero distintos entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

Si Rodríguez interpuso una sociedad en Uruguay controlada desde Panamá fue para lograr “el desvío de fondos públicos en beneficio de sus intereses particulares”, apuntan los agente de la Guardia Civil. Ese dinero acabó en las cuentas brasileñas -en menor medida- y suizas de Sebastiao Cristovam, el dueño de Emissao. Los agentes rastrean qué ocurrió luego con el dinero depositado en el país helvético, porque sospechan que parte acabó en los bolsillos de Rodríguez.

De hecho, los agentes han encontrado en su casa de Panamá más de 260.000 euros en efectivo y pruebas de que recibió dinero desde Suiza a sus cuentas corriente en Panamá. Además, han encontrado un gran patrimonio oculto a nombre de su hija, una empleada de banco, que figura como titular de inmuebles por todo el mundo. De Londres a República Dominicana, pasando por un piso de lujo en Panamá.

Poco después de la compra, la valoración de Emissao se derrumbó y pasó a costar tan solo 5 millones de euros. Sus pérdidas se incrementaron y su patrimonio neto se redujo en más de 15 millones de euros hasta acabar en números rojos. Según un informe elaborado por la Intervención General del Estado, si Emissao hubiese sido una sociedad española, sus números la habrían colocado en “causa de disolución” tan solo un año después de su millonaria compra.

Mediante auto de 18 de noviembre de 2019 el JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006 MADRID, DILIGENCIAS PREVIAS 91/2016 PIEZA 1, decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza respecto de I. G. M., en su condición de investigado, auto que ha devenido firme.