Las declaraciones del resto de acusados en Gürtel acorralan a López Viejo
Alberto López Viejo, el concejal del Ayuntamiento de Madrid al que Esperanza Aguirre fichó para la Comunidad, se enfrenta en el juicio de Gürtel a una pena de 46 años de cárcel y a una multa de 14 millones de euros. Durante sus dos días de declaración ante el tribunal ha intentado rebajar su papel en el caso diciendo que no influía en la contratación y asegurando que no ordenó trocear facturas.
Ese “papel residual”, como lo ha definido él mismo, no encaja en el relato que han hecho los acusados que le han precedido. Las declaraciones del cabecilla de Gürtel, su lugarteniente, el denunciante del caso y una administradora de las empresa de la trama le colocan como protagonista de varios de los actos delictivos que se enjuician.
El primero en nombrarle fue Francisco Correa. Durante su declaración a comienzos de octubre dijo que había pagado comisiones al que fuera hombre fuerte de Aguirre. Confirmó que Rafael Naranjo, presidente de la empresa SUFI, había entregado a la trama un millón de euros por amañar un contrato de basuras: “Él ingresó el dinero en Suiza por la adjudicación de este tema del Ayuntamiento. Ingresó una cantidad en mi cuenta y yo la fui retribuyendo a Alberto López Viejo”.
En total, el por entonces concejal ingresó casi 700.000 euros que Correa le fue transfiriendo poco a poco en su cuenta en Suiza. López Viejo ha negado haber cobrado esa cantidad y no ha querido contestar sobre sus cuentas en Suiza, con el pretexto de que este país aún no ha remitido la documentación solicitada.
Según la Fiscalía, López Viejo hizo caja siendo concejal y también desde sus cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De nuevo, una acusación confirmada por el cabecilla de Gürtel, que declaró que le pagaba comisiones por la organización de diversos actos. La Fiscalía cree que fueron 400 eventos por los que López Viejo ingresó 229.000 euros.
Aguirre era la protagonista de todos esos actos, lo que provocaba que López Viejo estuviese todo el rato “organizando, preocupado por la presidenta, por el atril, por las luces”. Así lo explicó José Luis Peñas, el denunciante del caso, que dijo que el hombre fuerte de la presidenta tuvo que recurrir a las empresas de Gürtel por la enorme actividad de Aguirre: “Mínimo tres actos al día y tres intervenciones en televisión”.
“Nos ordenaban dividir en distintas facturas”
La Fiscalía acusa a López Viejo de estar detrás del fraccionamiento de contratos con las empresas de Gürtel, para adjudicarlos a dedo y eludir el control sobre ellos. Los acusados no le han nombrado directamente, pero le han apuntado durante sus declaraciones.
Pablo Crespo, número dos de Correa, e Isabel Jordán, su exsocia y administradora de empresas de Gürtel, coincidieron en señalar que la orden de presentar varias facturas por un mismo acto salía de la Comunidad de Madrid. Era un requisito para contratar con el gobierno regional, no algo que ellos impusieran.
“Era la administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, dijo Crespo. Un extrabajador de las empresas, Javier Nombela, lo confirmó. Jordán dijo que era “el pan de cada día” y puso un ejemplo concreto en el que apuntaba al papel central de López Viejo.
Jordán contó que la Comunidad de Madrid había impuesto el troceo de las facturas del acto de homenaje a las víctimas del 11-M, que se celebró unos días después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de una decena de facturas por un valor inferior a 12.000 euros.
Para la organización de ese evento, Jordán dijo al tribunal que los responsables de las empresas de Gürtel se reunieron unos días antes con López Viejo, encargado de la contratación y con quien trataron “las tareas pendientes” del acto.
Las diversas acusaciones contra el exconsejero incluyen también estar detrás del desvío de fondos públicos para pagar actos del PP de Madrid. Peñas confirmó esta práctica durante su declaración: “El PP decía 'no tengo dinero, a ver cómo lo hago', y esos actos se facturaban a las consejerías de la Comunidad de Madrid”.
No hay estrategia conjunta contra López Viejo
La coincidencia de las acusaciones no puede responder a una estrategia conjunta de los imputados para echar las culpas a un compañero de banquillo. Correa y Crespo están enfrentados con Jordán, a quien echaron de sus empresas por robarles cientos de miles de euros. En cuanto a Peñas, si están sentados ahí es en parte gracias a las grabaciones que entregó a la Policía. Correa llegó a encararse con él durante un receso del juicio.
Ni siquiera Correa y Crespo se han puesto de acuerdo para acusar al exconsejero madrileño. Mientras Correa, que decidió confesar parte de los hechos, dijo que le había pagado comisiones, Crespo negó haberle entregado un euro. Eso sí, no supo explicar a quien correspondían las iniciales AL de su libreta personal, que recogía pagos a personas vinculadas con la trama.
López Viejo ha intentado Zafarse de las acusaciones repercutiendo la responsabilidad en sus subordinados. Asegura que cuando llegó a la consejería de Deportes, y luego a la viceconsejería de Presidencia, ya estaba establecido el sistema de troceo y ya se adjudicaba Gürtel. No se preocupaba por la contratación, que dejaba en manos de “los secretarios generales técnicos y los interventores”.
Esos cargos medios tendrá ocasión de responder a López Viejo. Diez de ellos declararán como testigos a petición de la acusación popular del PSOE, que quiere forzarlos a que tiren de la manta y señalen quien les daba la orden de trocear contratos o adjudicar a una u otra empresa. Las declaraciones del resto de imputados ya han señalado al exconsejero de Aguirre, las de los testigos pueden acabar por condenarle.
