El ultracatolicismo del ministro del Interior genera malestar en el Gobierno y el PP

Nunca en tan poco tiempo un ministro había conseguido ocasionar mayor desbarajuste en el Ministerio del Interior que el actual titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. En poco más de un año de gestión han dimitido o han sido cesados altos cargos policiales y del equipo más próximo al ministro; han aflorado numerosos escándalos sobre presuntos casos de espionaje a responsable políticos; han reaparecido los sempiternos encontronazos entre la Policía y la Guardia Civil; el desencuentro con los sindicatos de Policía y las asociaciones profesionales del Instituto Armado es total, y su ultracatolicismo no ha ocasionado más que problemas al Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado domingo protagonizó su último incidente al condenar los matrimonios homosexuales porque con ellos “la pervivencia de la especie no estaría garantizada”.

Fernández Díaz antepone su ultracatolicismo a su cargo de ministro (sus colaboradores dicen que es “cercano” al Opus Dei, pero no miembro), y con sus declaraciones sobre sus creencias religiosas ha colocado en más de una ocasión en un brete al Gobierno que le han valido numerosas críticas, incluso de su propio partido. Su blog, que abandonó al ser nombrado ministro, es una clara muestra de su fe.

“Lo que ha dicho sobre los matrimonios homosexuales es una opinión personal, pero es obvio que es ministro y no puede desligar lo que dice de sus responsabilidades políticas”, manifestó a este diario una persona de su entorno, que asegura que el ministro no ha recibido ningún apercibimiento del presidente Rajoy. Tras la tempestad, el departamento ha optado por el silencio “hasta que baje el soufflé”, porque “bastante tiene el Ministerio con casos como el del espionaje político”.

Más allá de declaraciones homófobas, si algo caracteriza al ministro es su capacidad para meterse en charcos. Su gestión al frente de Interior es un ejemplo de descontrol de uno de los departamentos considerados de Estado. Cuando tomó posesión el 22 de diciembre de 2011, el Ministerio vivía una situación inédita desde el advenimiento de la democracia: ETA había dejado de matar y el fin del terrorismo estaba encauzado, y al Gobierno del PP podía apuntarse el éxito de la disolución de la banda terrorista. El ministro apostó por la “mano dura” y se enfrentó a los partidos vascos, que le reclamaban un cambio en la política penitenciaria para caminar hacia la resolución definitiva del conflicto.

La misma mano dura que ha aplicado a las movilizaciones ciudadanas contra la crisis. En su toma de posesión como titular de Interior el 2 de noviembre de 2011 no dijo tan explícitamente “la calle es mía”, como Fraga, pero se acercó bastante. El 15M había irrumpido con fuerza en mayo y había protagonizado una prolongada acampada en la Puerta del Sol que contó con el apoyo ciudadano. “Voy a defender los derechos de reunión y manifestación –dijo en su discurso–, pero en el marco de la ley para que sean compatibles con otros, como que los ciudadanos puedan transitar por la calle con tranquilidad”. Advertencia que ha tenido ocasión de poner en práctica con numerosas actuaciones de las unidades de intervención policial (UIP).

Para llevar a cabo su política se ha rodeado de un equipo de “duros”, y al igual que él de fuertes convicciones religiosas. Como número dos nombró a Ignacio Ulloa, un letrado del Tribunal Constitucional sin conocimiento alguno sobre los asuntos del departamento; al frente de la Policía a Ignacio Cosidó (azote del Ejecutivo de Zapatero como portavoz de Interior del PP en el Congreso); en Prisiones a Ángel Yuste (ya lo había sido durante ocho años con los gobiernos de Aznar), y en la Guardia Civil a Arsenio Fernández de Mesa, en cuyo currículum figura la Delegación del Gobierno en Galicia durante la crisis de los “hilillos” del Prestige.

Su falta de experiencia (había sido gobernador de Asturias y Barcelona entre 1980 y 1982) provocó un enorme descontento en la Policía, que apostaba por Ana Pastor, que fue subsecretaria de Interior con Rajoy como ministro, o Antonio Basagoiti, el líder del PP vasco. Su gestión ha dado la razón a los críticos. El secretario de Estado dimitió en enero, oficialmente por motivos personales, aunque en el Ministerio la salida se atribuye a su incapacidad para coordinar a la Policía y la Guardia Civil, su principal tarea.

Ambos cuerpos han vivido en el último año numerosos encontronazos precisamente por esa falta de coordinación, que ha hecho que en alguna ocasión se hayan solapado en una misma operación. Los problemas se han mantenido en secreto en la medida de lo posible para evitar trasladar una sensación de desgobierno, pero algunos han trascendido por su gravedad. El último de ellos como consecuencia de un aviso de bomba, que resultó falso, en la embajada de Francia en Madrid, donde agentes de ambos cuerpos se enfrentaron por la competencia sobre el caso. En sustitución de Ulloa, el ministro eligió a su jefe de Gabinete, Javier Conde, a quien ha exigido mano dura para evitar episodios como este.

También los escándalos de los “informes secretos” sobre presuntos casos de espionaje de policías anónimos al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a su antecesor en el cargo, Jordi Pujol y su familia, nacionalistas, jueces y fiscales, han puesto en entredicho su gestión y capacidad para controlar los servicios de información. Han pasado meses e Interior no ha sido capaz aún de aclarar quiénes fueron los autores. Como tampoco se ha explicado de manera clara el súbito cese del comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, a los cinco meses de su nombramiento al trascender una investigación, aparentemente sin control y autorización judicial, sobre el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, se enteró por la prensa.

Otro nuevo informe sobre la existencia de una presunta trama de corrupción de exaltos cargos policiales, que habrían beneficiado a la empresa Interligare en la concesión de contratos del departamento puso en jaque a los mandos de la Policía. El autor del mismo era el entonces jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Jaime Barrado, que fue destituido. El caso se llevó también por delante a Pedro Agudo, jefe de gabinete de Cosidó.

Fuentes de Interior reprochan al director de la Policía no haber conseguido resolver ninguno de estos casos, y de no haber dado la cara para evitar el desgaste del ministro. La relación entre ambos es “correcta”, dicen en el departamento, y a día de hoy se descarta su cese o dimisión, como se ha especulado.