Una guía unificará los criterios técnicos para exhumar posibles bebés robados

Una guía elaborada por el Ministerio de Justicia unificará los criterios técnicos de los profesionales que intervienen en la investigación de las denuncias presentadas en los casos de niños robados, en concreto, en la práctica de las exhumaciones de posibles restos de bebés sustraídos a sus madres.

El objetivo de esta guía, según ha explicado hoy en su presentación el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio, Ricardo Conde, es facilitar la averiguación de los hechos y la identificación de posibles progenitores con sus hijos.

Por ello, ha destacado Conde, es “fundamental” practicar las exhumaciones con el máximo rigor técnico a fin de garantizar que los análisis se realicen en las mejores condiciones para lograr la identificación.

Conde ha explicado que la guía se remitirá a todas las comunidades autónomas para que sea tenida en cuenta por sus Institutos de Medicina Legal, así como al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, ya son los jueces y fiscales los que pueden acordar las exhumaciones.

De los restos hallados en los desenterramientos se hará primero un estudio antropológico, ha dicho la directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intcf), Gloria Vallejo, antes de añadir que este análisis “complejo” determinará, entre otras circunstancias, la existencia o no de huesos, si son humanos o de qué edad son esos restos.

Vallejo ha señalado que desde mayo de 2011 el servicio de criminalística y biología del Intcf ha recibido 104 peticiones de identificación genética, de los cuales 52 han conllevado este estudio antropológico consecuencia de exhumación, ya que el resto son pruebas de ADN entre personas vivas o bien se desconoce el lugar de enterramiento.

Fuentes del Intcf avanzan que la mayoría de los 49 informes realizados sobre estas exhumaciones hasta el momento concluyen que los restos exhumados pertenecen a su madre, por lo que no fueron sustraídos recién nacidos a sus progenitores.

No obstante, en toda España hay alrededor de 2.000 denuncias de afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90.

La guía presentada se suma a otros mecanismos puestos en marcha pro el Ministerio de Justicia para garantizar el esclarecimiento de los posibles casos de bebés robados, como la creación de una oficina de atención a las víctimas.

En este sentido, Conde ha avanzado que tanto esta oficina como la base de datos única con los perfiles genéticos aportados por los supuesto afectados estará en funcionamiento el próximo mes, a pesar de que su apertura estaba anunciada para principio de año.

Conde ha justificado el retraso en los trabajos de adecuación del local, ubicado en el número 8 de la madrileña calle de La Bolsa, especialmente la puesta a punto de los sistemas informáticos que permitirá cruzar datos sanitarios y registrales.

A estas iniciativas se suma el hecho de que, según la instrucción de la Fiscalía General del Estado emitida el pasado 26 de diciembre, los fiscales pueden ordenar la exhumación de restos de recién nacidos y practicar pruebas de ADN sin necesidad de autorización judicial, al tiempo que podrán calificar la sustracción de niños recién nacidos como un delito de detención ilegal.