Los españoles residentes en el exterior tendrán los mismos problemas para votar si se repiten las elecciones

Si finalmente las próximas elecciones generales se celebran a finales de junio, los dos millones aproximados de españoles residentes en el exterior se van a encontrar con las mismas dificultades que han tenido hasta ahora para poder votar. El voto rogado seguirá vigente pese a las promesas de los dos principales partidos, PP y PSOE, de que derogarían la reforma de la Ley Electoral que ellos mismos impulsaron en 2011 con el apoyo de CiU.

El calvario por el que pasan nuestros emigrantes para poder ejercer ese derecho fundamental ha sido reiteradamente denunciado por colectivos como la Marea Granate, sin lograr que los partidos políticos hasta ahora muevan ficha.

Este martes, la Mesa y Junta de Portavoces decidirán si se incluye en un próximo Pleno del Congreso una propuesta de Podemos para abrir una Comisión de Investigación que estudie “las posibles irregularidades y errores administrativos” que pudo haber en las pasadas elecciones generales con el voto de la diáspora. Los dirigentes de la fomación morada quieren que se derogue el voto rogado. Al tratarse de una ley orgánica, para reformar de nuevo la LOREG es necesario un amplio consenso -tres quintas partes de apoyo en ambas cámaras- y tiempo para tramitar los cambios, dos circunstancias que actualmente no se dan.

El voto rogado obliga a los españoles que residen fuera de España a estar inscritos en el CERA (Censo de Residentes Ausentes) y a solicitar el envío de las papeletas del voto al menos un mes antes de cualquier cita electoral. Aquellos que reciben la documentación pueden dirigirse luego bien a depositarlo en una oficina de correos o bien en el consulado español en unos plazos también establecidos. Los residentes temporales con menos de un año de estancia en el país, deben registrarse en el ERTA (Censo de Residentes Temporalmente Ausentes), cumplimentar todo el proceso de manera presencial en los consulados, para lo que tienen tan solo una semana.

Para muchos de los españoles que viven fuera estos requisitos suponen una desmotivación del voto ya que en algunos países los consulados españoles pueden encontrarse a miles de kilómetros del lugar de residencia habitual del votante.

El alarmante descenso de la participación electoral del voto exterior ha quedado reflejado en las sucesivas citas con las urnas. Para hacerse una idea, en las últimas europeas de 2014 solo participó un 1,84% de los casi dos millones de censados en el extranjero; en las elecciones autonómicas andaluzas de marzo de 2015 hubo un 3,5% de participación entre los emigrantes andaluces censados: de un total de 210.150 tan solo votaron 7.386. En las elecciones generales del pasado 20D participó solo un 4,7% de un censo de 1.870.570 cerrado en septiembre de 2015. Mientras que en las elecciones generales del 2008, antes de la reforma de la ley, la participación fue de un 31,74% de los entonces censados.

Las quejas más generalizadas, además de las numerosas trabas burocráticas con las que se encuentran los potenciales electores, suelen ser no haber recibido a tiempo la documentacion para poder votar en los plazos establecidos; o el hecho constatado de que en algunos países se han encontrado sacas con papeletas que ni siquiera han salido de las oficinas de correos.

El portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, cree que los impulsores de aquella “nefasta” reforma deben “rendir cuentas” y explicar en sede parlamentaria cuáles fueron las razones que les llevaron a pactar la misma norma que ahora pretenden volver a derogar. Incluso cree que pudo haber un delito de prevaricación dado que a su entender la reforma “buscaba intencionadamente privar de tener voz política a aquellos que se vieron forzados a emigrar para buscarse la vida en otros países”. Además, recuerda que la Junta Electoral Central ya alertó de los efectos negativos que iban a traer esos cambios. “Queremos que se investigue y queremos que se dé respuesta a las demandas de los afectados, que se conozcan los verdaderos problemas y las razones que llevaron a implantar un sistema a todas luces desastroso”, afirma el diputado.

Bustinduy explica que Podemos fue el partido que más votos logró de la diáspora el 20D. Superó al PP y al PSOE y ganó en 30 de las 52 circunscripciones, pese a las múltiples dificultades con las que nuestros emigrantes se encontraron a la hora de votar.

La Comisión de Investigación, a su juicio, debe servir no solo para derogar el voto rogado, sino también para profundizar en el problema e impulsar una nueva ley que cuente con las aportaciones de los colectivos que, como la Marea Granate, pelean por los derechos de los emigrantes españoles. En el escrito registrado solicitando la creación de la Comisión de Investigación, Podemos pide, ademas, que se “depuren las responsabilidades técnicas y políticas de aquellas personas encargadas de poner en funcionamiento el sistema establecido por la mencionada Ley”.

En el PP se han llevado las manos a la cabeza por esta petición que ven “descabellada”. El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, afirma a eldiario.es que su partido no ve sentido a esa Comisión de Investigación. A su entender, el voto rogado entraña dificultades pero “las mismas que pueda tener el voto por correo que existe en todas las citas electorales”. “El voto por correo es de por sí un voto rogado”, afirma el diputado del PP. Los conservadores están dispuestos a escuchar las propuestas de los demás partidos para reformar de nuevo la ley, pero ellos no han presentado ninguna iniciativa que vaya en esa dirección pese al compromiso que realizaron. No ven ya la prisa.

Sí lo han hecho los socialistas que incluyeron esa promesa en su programa electoral. El secretario de Emigración del PSOE, Roberto Jiménez, reconoce que es necesario eliminar tantas trabas y volver a la situación anterior. De modo que el pasado mes de febrero su partido registró en el Congreso una Proposición de Ley en la que, entre otras cosas, se pide “que el material de voto sea remitido de oficio a los electores en el exterior, como era el caso hasta el 2010”. Los de Sánchez se han dado cuenta de que la reforma de 2011 solo contribuyó a “levantar barreras y complicaciones administrativas” que causaron el amplio descenso de la participación electoral de los españoles en el exterior.

La Proposición de Ley tiene un objetivo claro, explican, que es “eliminar el carácter rogado del voto de estos españoles, incorporando la remisión de oficio por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral de la documentación necesaria para el ejercicio de este derecho”.

La pregunta que se hacen muchos emigrantes ahora es si hay tiempo para hacer los cambios antes de las elecciones gallegas y vascas previstas en principio para el otoño. Los grupos parlamentarios lo ven complicado. Solo si hay un nuevo Gobierno y voluntad política para acelerar su tramitación, la reforma de la LOREG podría llevarse a cabo de aquí a entonces.

En el caso de que el cambio no pueda materializarse tan pronto, Podemos pide al menos “actuaciones de urgencia” para solventar los problemas con los que se encontrarán de nuevo los residente españoles en el exterior, tanto de cara a unas hipotéticas elecciones generales como en las autonómicas más cercanas. Actuaciones como, por ejemplo, acortar el plazo de envío de papeletas, para que lleguen a tiempo, al ser uno de los impedimentos más habituales, según han denunciado, con los que se encuentran nuestros nacionales a la hora de ejercer su derecho al voto.