Manuel Garí es economista y activista social, director de la Cátedra Trabajo, Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha defendido durante muchos años los derechos de la clase trabajadora desde el sindicalismo, sin perder nunca de vista la defensa medioambiental. Acaba de publicar el libro Qué hacemos por otra cultura energética, escrito junto a Javier García Breva, Begoña María-Tomé Gil y Jorge Morales de Labra. Una propuesta por otro modelo productivo a partir de una nueva cultura energética, basada en las renovables y en la democratización de los recursos.
Ofrecemos la primera parte de una extensa conversación, que continuaremos en los próximos días. En esta primera entrega hablamos con Garí de la crisis energética, su relación con la crisis económica, las amenazas en el horizonte, las nucleares, el fracking, así como del sistema energético español y la última reforma.
-La crisis energética que se anuncia a medio plazo, ¿cómo afectaría a España?
Energéticamente el Estado español es sumamente dependiente del exterior ya que el 80% de los recursos energéticos consumidos se importan. El carbón se trae de Ucrania, Rusia, Sudáfrica y China. En 2011 el 99,8% del gas y petróleo consumidos como energía primaria fue importado, lo que significó una cifra equivalente al 4,7% del PIB. Más del 55% del crudo se compró a los países de la OPEP, particularmente a Arabia Saudí, Irán y Nigeria, más del 15% a Rusia y en torno al 12% a México; la factura del petróleo ese año supuso el 85,6% del total del déficit comercial español. En el caso del gas nuestros principales proveedores fueron Argelia -38%-, Nigeria -18,6%- Catar -13,4%- Noruega -8,4%- y Egipto -6,5%-.
La primera conclusión de esta aburrida catarata de cifras y porcentajes es que cualquier alza de los precios de los combustibles fósiles contribuirá negativamente al desequilibrio estructural comercial. La segunda es que cualquier tensión política y/o bélica en las regiones productoras de las que importamos aumenta la vulnerabilidad de nuestro sistema energético y… económico. Vamos a ver que pasa a corto plazo con la situación en Siria.
-La actual crisis económica global, ¿en qué medida tiene también un componente energético en su origen?
En el verano de 2004 se hizo patente una de las consecuencias de la guerra de Irak: el barril de crudo pasó de 20 dólares a 40, en 2007 se atravesó la barrera simbólica de los 100 dólares y siguió subiendo hasta alcanzar los 147 dólares en la primavera de 2008, lo que provocó un movimiento inflacionista en la economía de los países occidentales y un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países empobrecidos. Se intentó detener la temida inflación mediante un alza de los tipos de interés. Este movimiento junto con el resto de elementos irracionales que configuran la financiarización de la economía mundial resultó explosivo. El resto es una historia conocida: tras el boom del dinero barato crisis de las hipotecas basura, crisis financiera internacional, crisis de las deudas europeas, etc.
Pero no es la primera vez que una grave crisis económica y financiera fue precedida por un alza de los precios del crudo, recordemos que el fin del keynesianismo y la instauración del neoliberalismo llegaron tras la guerra árabe-israelí de 1973 en la que los precios del petróleo se cuadriplicaron y tras la revolución iraní que comportó que se doblaran nuevamente entre 1978 y 1981. El experto venezolano en economía de la energía, López Arismendi, afirma en su libro El fin de la era petrolera que las manifestaciones más evidentes de la crisis estructural que sufre la sociedad mundial son económicas pero que el origen de las mismas es energético. No le falta razón.
“La necesidad de crecer sin parar es un imperativo de la ganancia capitalista, no del bienestar de la sociedad”
-¿Cómo resolvemos el habitual dilema entre sostenibilidad ecológica y crecimiento económico/creación de empleo?
Empecemos por desmontar el mito del crecimiento económico. La necesidad de crecer sin parar es un imperativo de la realización de la ganancia capitalista, no del bienestar de la sociedad. Ese crecimiento no comporta automáticamente un reparto justo de bienes y servicios en la sociedad. Depende en qué sectores se crezca y en cuales se decrezca el resultado será más o menos favorable a los intereses de la mayoría social. El capitalismo industrial multiplicó la capacidad de acumulación monetaria y de crecimiento anual medido en términos monetarios mediante el Producto Interior Bruto, el tan llevado y traído señor PIB. La financiarización de la economía ha inducido hasta la metástasis esa acumulación de capital ficticio y ha desorbitado el culto al PIB.
Lástima, porque el PIB es un indicador económico incompleto e imperfecto. No se le puede tomar como la verdad revelada. No es capaz de informarnos sobre las condiciones sociales y ecológicas de producción. Tampoco sobre los valores de uso producidos ni sobre su distribución. Y, particularmente, hay que disociar la idea de crecimiento de la de creación de empleo. Hemos podido constatar en diversos momentos, como afirma Catherine Samary en el artículo aparecido en Viento Sur “De los desastres del ”productivismo“ a la planificación ecosocialista autogestionaria”, que puede haber crecimiento con enormes cifras de desempleo, incremento de las desigualdades y destrucción ambiental. Esta crítica al PIB se extiende entre los economistas más sensibles incluidos algunos de los defensores del sistema económico vigente, a la vez que comienzan a formularse propuestas de nuevos indicadores como el PIB verde.
Hoy el dilema no es crecimiento y empleo versus naturaleza sino crecimiento capitalista versus naturaleza y empleo. La gran crisis económica que viene, como afirma el propio George Soros, es la que puede derivarse de la catástrofe climática inducida por la forma de producir y movernos. Esa destruiría fuentes de riqueza y empleo en dimensiones dantescas. No es solo un debate económico, es un debate civilizatorio.
Más en concreto ¿es posible compatibilizar la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo?
Está abriéndose paso de manera firme en el mundo sindical y en el de los expertos en economía ajenos al neoliberalismo una nueva hipótesis: el proceso de reconversión del aparato productivo en términos ecológicos, comenzando por el modelo energético, es intensivo en trabajo humano por un lado y, por otro, implica una importante movilización de recursos e inversiones que posibilitan medidas anticíclicas generadoras de riqueza que a la vez son sostenibles desde un punto de vista ambiental. Baste un botón de muestra, las energías renovables generan 2,7 veces más empleo por unidad de PIB que la media del sector energético.
Diversos informes de la OIT corroboran el enorme potencial de creación de empleo que contienen las fuentes renovables de energía y la introducción de criterios de eficiencia energética en la producción y los servicios. Igualmente queda demostrado en los estudios sobre el caso español en los que hemos participado entre otros Begoña María-Tomé y yo mismo.
Si a ese cambio de paradigma productivo le sumásemos una profunda reestructuración de la organización del tiempo humano con una drástica reducción de la jornada laboral, se produciría el doble movimiento de creación y reparto del bien “puesto de trabajo”.
-La energía nuclear como alternativa a la fósil, ¿está descartada tras Fukushima, o el lobby nuclear se mantiene fuerte?
Cada día que pasa hay nuevos argumentos para dejar la energía nuclear. Las fugas radiactivas al mar en Japón ocupan las noticias, entre otras cosas, porque puede haber consecuencias transoceánicas en el Pacífico norteamericano. La conservadora canciller alemana Angela Merkel desdiciéndose de su programa electoral ha iniciado la desnuclearización en su país. El lobby nuclear guarda silencio sobre Fukushima y en el caso español acaba de reconocer que la mayoría de los españoles rechaza la energía nuclear.
Su silencio no es equivalente a su desaparición. Existen fuertes intereses económicos de las grandes compañías energéticas propietarias de centrales atómicas –en España y en el resto de países- y de fabricantes de reactores y constructores de plantas –como es el caso de Areva en Francia- y además hay una ideología pronuclear –y claro está, también petrolera- que asocia progreso con centrales atómicas –y humos de combustión-, ningunea los riesgos y desprecia a las renovables. En nuestro país hay insignes representantes de ese pensamiento reaccionario y desinformado tanto en el mundo sindical como en algunos partidos socialdemócratas, pero la palma se la llevan los neocon que en España están muy bien representados por el PP, particularmente por Rajoy y Soria.
Los pronucleares defienden su opción mediante cinco mentiras: que la energía nuclear es imprescindible como energía base de respaldo, que es más barata, que es limpia, que es segura y que hay reservas ilimitadas de combustible. La realidad ha desmontado una por una esas interesadas e ignorantes afirmaciones: poderosas economías no tienen centrales nucleares y su sistema energético funciona, el kW nuclear resulta más caro dados los altos costes iniciales, los residuos radioactivos no pueden esconderse bajo la alfombra, los incidentes devienen en accidentes y estos en desastres y tragedias, el uranio existente en el planeta es finito y no puede alimentar las actuales centrales más allá de 50 años, mucho menos tiempo si se siguen construyendo.
¿Por qué no se construyen todas las centrales que se anuncian?
Porque las inversiones iniciales son muy cuantiosas y el retorno se dilata en el tiempo. Por ello el capital privado no quiere arriesgarse sin el aval y la financiación estatales. Así de liberales y arriesgados se muestran estos fundamentalistas del mercado y enemigos de lo público a la hora de pedir la intervención estatal para atreverse a invertir un euro en las nucleares. Además la cuenta de explotación de la generación eléctrica desdice el mito de los bajos costes. El Informe Lazard de 2008 basado en los datos de la Comisión Europea y tomando como criterio el de coste/beneficio, sitúo los costes de producción por kilovatio hora (kWh) de la nuclear entre 10 y 12 céntimos de euro frente al coste de la eólica y la biomasa situado en el entorno de 5 a 9. En conclusión la nuclear no puede sustituir a la fósil, vayamos pensando en una energía más asequible y segura, la que viene del sol.
“En España los mayores defensores del fracking son grandes compañías constructoras en búsqueda de negocio”
-¿Y el fracking? ¿Por qué hay administraciones que parecen dispuestas a autorizarlo pese al rechazo y las dudas que despierta?
En el caso español los mayores defensores del fracking son grandes compañías constructoras en búsqueda de negocio promovido por administraciones que han descubierto en el gas pizarra la panacea a los diversos males patrios, ya que afirman que el uso energético del gas pizarra es la panacea de sustitución ante el peak oil y el peak gas porque las reservas sin explotar son cuantiosísimas, es más limpio que el carbón al que expulsará del mercado, reduce la emisión de CO y ayuda a combatir el cambio climático, por lo que se convierte en un combustible de transición a nivel mundial hacia una energía descarbonizada. En el caso español, además, permitirá la independencia energética, será una fuente de riqueza local y comarcal, y generará empleo. ¡Bienvenido mister Marshall! Y, además su extracción y uso son limpios, no comportan efectos ambientales negativos ni riesgos para las personas por lo que, algunos de los que desde la administración deberían velar por el cumplimiento estricto de la norma afirman que no es necesario hacer estudios de impacto ambiental. En definitiva estamos ante un conjunto de creencias ancladas en una idea de progreso vinculada al pelotazo extractivista. La realidad es muy otra.
El gas pizarra que se obtiene mediante la fractura hidráulica tiene una tasa de retorno energético (TRE), el indicador que establece el cociente entre la energía empleada en su obtención y la energía obtenida, sumamente bajo: entre el 2 y el 5. El fracking pues resulta un procedimiento sumamente ineficiente en términos energéticos y por tanto de costes, cosa que silencian sus defensores, si lo comparamos con las tasas de la fotovoltaica, situada en el 7 –lo que lleva a sus detractores a decir que es una cifra baja- o del gas o petróleo convencional que supone el 15 o la eólica que alcanza el 17. El gas pizarra no es la alternativa al petróleo convencional ni en términos energéticos ni crematísticos. El fracking supone una técnica sumamente agresiva por el empleo de cientos de sustancias químicas nocivas de forma masiva que se depositan incontroladamente en acuíferos, subsuelo, suelo y cauces, sumamente despilfarradora de agua y sumamente peligrosa porque puede inducir movimientos sísmicos.
Un reciente informe del Parlamento europeo afirma que los recursos de gas convencional en Europa son demasiado pequeños para tener una influencia energética sustancial y que la tendencia más previsible tras un primer boom será al declive de la producción y uso gas de esquisto. En el caso español las cifras de existencias conocidas son muy reducidas: 250.000 millones de barriles. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que la producción de gas incluyendo convencional y pizarra disminuirá en Europa a ritmo 1,4% anual. Son datos y opiniones demoledoras. ¿Se tendrán en cuenta? En el caso del ministro Soria parece que no. Quizás ni las conozca.
El sistema español
El sistema español
-¿Por qué consideran “irracional” el actual modelo energético español?
El uso que hacemos de la energía que no tenemos y debemos comprar fuera a precio de oro es muy ineficiente ya que la intensidad energética de nuestra economía sigue siendo muy alta y no la hemos bajado significativamente desde la crisis energética de los años setenta. Dicho de otra forma consumimos más energía por unidad de PIB que la mayor parte de los países occidentales. Los impactos ambientales y sobre la salud de la contaminación son muy importantes y, puestos a hablar de dinero, no los pagan quienes los producen sino nuestras vidas y la hacienda pública, nuestros impuestos. Impuestos que por cierto vienen subvencionando a las grandes compañías que configuran el oligopolio energético español y a los que a su vez pagamos la electricidad a precios cada vez más elevados. A ello hay que sumar un modelo de transporte basado en los combustibles fósiles y un alto grado de ineficiencia energética del parque inmobiliario residencial, terciario, industrial y turístico. Visto lo visto ¿es exagerado hablar de irracionalidad sistémica?
-¿Qué efectos ha tenido la liberalización del mercado eléctrico?
En 1997 el gobierno de Aznar anunció que se iniciaba la transición a un sistema de libre mercado eléctrico. Las eléctricas consiguieron de inmediato que se les garantizara la recuperación de las inversiones que hasta el momento habían realizado mediante el reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) cuya cuantía inicial se estableció en 12.000 millones de euros. Además se diseñó un absurdo mercado cerrado para y controlado por las grandes compañías en el que el gobierno popular aceptó aberraciones como la del reconocimiento del déficit tarifario que aún hoy colea. Finalmente, el sistema de fijación de precios del que conviene que hablemos no es precisamente un modelo de juego real oferta / demanda. Difícilmente puede hablarse de un mercado eléctrico liberalizado.
“La fijación de precios favorece a los grandes consumidores industriales, y su peso gravita sobre pequeñas empresas y consumidores particulares”
-¿Por qué es tan compleja y falta de transparencia la fijación de precios en España, un “arcano indescifrable que a tantos oculta sus secretos”? ¿Cree que han sido capaces de hacerlo inteligible en su libro?
La metafórica referencia de Jorge Morales al oscurantismo del sistema de fijación de precios de la electricidad no es baladí. La Ley básica de la electricidad (ley 54/97) estableció un mercado mayorista pretendidamente marginalista que funciona muy defectuosamente. El precio de la electricidad se forma por adición de tres sumandos. El primero compuesto por el precio más caro de entre los oferentes que hayan sido invitados a participar por ser los más baratos en ese momento para atender la demanda. El segundo sumando, los costes de acceso que contemplan diversos elementos como los costes de transporte y distribución, las primas del régimen especial, la deuda tarifaria, los costes extrapeninsulares y los cotes de funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía y del Operador del Mercado Eléctrico. Y un tercer sumando, los Costes de Capacidad que se pagan por estar disponibles al carbón y al gas.
Poco que ver con un mercado abierto al que puedan los consumidores, los grandes ausentes, o transparente y sencillo para los mortales pues gran parte del galimatías que sucintamente expliqué es un constructo político ajeno a las reglas que se supone tiene un mercado capitalista. No todos tienen el mismo grado de información ni la misma capacidad de influir en la fijación del precio. Y mucho menos con un mercado que abarate el precio para la mayoría de la población. Todo este entramado favorece a los grandes consumidores industriales y su peso gravita sobre las pequeñas empresas y los consumidores particulares.
¿Hemos sido capaces de hacer inteligible este galimatías en el libro? Eso deben responderlo las personas que lo lean. Nuestra intención fue que lo fuera.
¿La reciente reforma del sector eléctrico ha resuelto la cuestión del déficit tarifario?¿Cómo quedan las renovables? ¿Qué evolución tendrán los precios para el consumidor tras la reforma?
El decreto-ley (9/2013) ha iniciado el trámite parlamentario de una nueva ley del sector y se están conociendo diversos reales decretos y órdenes ministeriales que completan el despliegue. A la pregunta que haces la respuesta es no. No se ha resuelto el problema del déficit tarifario que ha sido el motivo aducido por Soria para iniciar los cambios sobre el papel. Se justificaba la reforma por la existencia de un déficit 4.500 millones de euros, y cuando se mira lo que puede lograr este RDL 9/2013 se concluye que aún en el caso en que se cumpliera lo previsto por el decreto, esto no sería suficiente para eliminar el definitivamente el dichoso déficit como no lo hizo la Ley de medidas fiscales (15/2012) que también anunció a bombo y platillo que erradicaría el problema.
Lo que sí es seguro que el decreto va a cercenar de forma contundente la viabilidad de las renovables. Basta mirar la memoria económica del mismo. Basta hacer un análisis del discurso del párrafo siguiente para concluir hasta que punto cuando van bien las cosas para las renovables y los precios finales, desde el gobierno se retuerce el argumento en la exposición de motivos del RDL 7/2013: “Estas desviaciones vienen motivadas por el hecho de que en los primeros meses del año 2013 han acontecido unas condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de pluviometría y las condiciones de viento han sido muy superiores a las medias históricas. Estas condiciones han provocado un doble efecto. Por un lado, han ocasionado el hundimiento del precio del mercado diario hasta un nivel mínimo de 18,17 €/MWh de media en el mes de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19 €/MWh previstos para el conjunto del año. Por otro lado, se ha producido un incremento de las horas de funcionamiento de determinadas tecnologías, y en particular de la eólica con derecho a régimen primado”.
Los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR), cuya denominación va a cambiar, verán incrementada su factura con dos subidas durante 2013. La primera será del orden del 3,2%, la segunda tendrá lugar en el último trimestre pues se modificará el precio correspondiente a la llamada “parte de mercado” como resultado de la subasta CESUR.
A todo ello hay que añadir que la Orden IET/1491/2013 del 3 de agosto pasado en la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica en la que se aumenta el término de potencia y se reduce la parte regulada del de energía, o sea sube el peaje fijo, el que se tiene por estar conectado y baja el que depende del consumo, penaliza a quienes ahorran y subvenciona a quienes despilfarran o son grandes consumidores. Finalmente el decreto regulador del autoconsumo del 18 de julio en el que se establecen los denominados “peajes de respaldo” supone un duro golpe a la generalización y consolidación de la generación distribuida de la energía, amén de equipararla desde el punto de vista fiscal a la electricidad producida por las compañías con ánimo de lucro. El mundo al revés. Pero tiene su lógica, la muy perversa lógica de los poderosos en cualquier expresión de la lucha de clases.
¿Puedes valorar qué resultado tendrá la reforma?
Pierden sobre todo los productores de energías renovables, que ven caer drásticamente sus previsión de ingresos; los usuarios eléctricos, que padecerán a nuevas subidas de precios; y en menor medida el sector productor de régimen ordinario, para los que la bajada en garantía de potencia, transporte y distribución es mucho menor (en términos porcentuales) que para las renovales. Los ganadores son los mismos de siempre. Se mantienen inalteradas las ayudas de estado al sector industrial gran consumidor que sigue recibiendo 732 millones de euros en concepto de un servicio de interrumpibilidad que no se presta. También mantienen intactos sus privilegios los tenedores de una deuda que con los nuevos déficit reconocidos superará los 30.000 millones de euros y a la que podría aplicarse alguna quita o reducción del precio a pagar establecido.
Para más información y para conocer las propuestas en materia energética, el libro Qué hacemos por otra cultura energética. Más información en www.quehacemos.org
