Cuando estamos en vísperas de que el gobierno apruebe la anunciada reforma fiscal, hay que reconocer que es urgente una reforma de los impuestos en España: pero no la que planea el gobierno, sino una reforma para lograr un sistema justo, equitativo Y eficaz, que corrija los desequilibrios actuales, permita una recaudación suficiente para sostener el Estado de Bienestar y persiga el fraude. A analizar el actual sistema fiscal y proponer alternativas se dedica el libro Qué hacemos con los impuestos, obra colectiva que estos días llega a las librerías.
Adelantamos unas páginas en las que se resume una de las muchas propuestas del libro: la creación de un verdadero impuesto sobre la riqueza, que corrija el enorme desequilibrio actual, ya que hoy el esfuerzo fiscal recae sobre los trabajadores mientras las personas con rentas elevadas apenas pagan impuestos.
Equidad en el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital
(…)
Respecto a la imposición sobre la riqueza, los profesores de Hacienda Pública y Economía del Sector Público llevan décadas defendiendo su justificación teórica. Está perfectamente argumentada la existencia en España del Impuesto sobre el Patrimonio por autores muy dispares (…) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (…). Ya se ha puesto de manifiesto que es incierto, si no totalmente falso, que estos tributos, tanto desde el punto de vista teórico como los datos para España, tengan efectos negativos sobre el ahorro, la inversión, la creación de empresas y tantos otros efectos perniciosos que se les imputan, como que solo los pagan la clase media o que son confiscatorios, si bien no debe olvidarse que detrás del debate sobre el gravamen de la riqueza está la cuestión político-ideológica de hasta qué punto se debe reducir la desigualdad en la distribución de la misma utilizando el sistema tributario.
Lo que sí es cierto es que su cesión a las Comunidades Autónomas no está justificada por la teoría de la Hacienda, en particular si se consideran como elementos de control y de mejora de la capacidad redistributiva del sistema fiscal. El resultado de la cesión ha sido la progresiva desfiscalización en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrionio, aparte de por las razones antedichas, porque su recaudación es muy pequeña, alrededor de 4.700 millones de euros en 2008 los dos impuestos, pero poco significativa para cada Comunidad Autónoma en particular, que no tienen pues incentivos para gastar en su gestión y cuyos gobiernos creen que quedan muy bien con los ciudadanos si se suprimen.
Nuestra propuesta es que debería conectarse la capacidad normativa básica con el sistema de financiación autonómica, de forma que se recupere el gravamen efectivo en materia de imposición sobre la riqueza, sucesiones y donaciones, sin perjuicio de que las CCAA puedan conservar la capacidad de modular la carga efectiva en un intervalo dentro del nivel medio.
Adicionalmente, debería tenerse en cuenta a todos los efectos la capacidad económica derivada de la riqueza patrimonial en el acceso a determinados servicios públicos en los que solo se tiene en cuenta la renta. La desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta (el 10% de las personas más ricas acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la población española, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1 –Encuesta Financiera de las Familias, Banco de España-) y su gravamen es casi nulo. Además, su consideración a efectos de acceso a los servicios y prestaciones sociales también es muy reducida.
Actualmente una familia residente, por ejemplo, en Madrid con rentas salariales de 20.000 euros pagaría íntegramente el IRPF y, al mismo tiempo, tendría muy difícil acceder a una guardería pública. Al mismo tiempo, una familia con un patrimonio de dos millones de euros invertidos en un fondo de inversión o una SICAV podría obtener una rentabilidad de un 3% y 60.000 euros anuales y, mientras no los extraiga de su cuenta, no tendrá que pagar nada en el IRPF y podrá fácilmente cumplir con los requisitos de renta para acceder a los servicios de guardería pública.
Para recuperar una tributación equitativa de las diferentes fuentes de renta y recuperar el IRPF como estimación global de la capacidad económica, podrían considerarse diversas opciones. Una de ellas consistiría en integrar en una figura tributaria única la valoración del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles tributaciones que pudiesen generarse, pero valorando la capacidad económica derivada del mismo de su instrumentación financiera, con un esquema inspirado en el actualmente vigente en Holanda. Su funcionamiento consistiría en:
1)valorar el patrimonio global de los contribuyentes, de forma homogénea entre los diferentes tipos de activos, aproximándolo a los valores de mercados; incluiría todo el patrimonio: acciones, depósitos, inmuebles, vehículos, SICAVs, etc;
2)estimar la capacidad de pago derivada de dicho patrimonio, o, lo que es lo mismo, la renta potencial que proporciona, atribuyéndole una rentabilidad media;
3)esta renta o capacidad de pago patrimonial se tendría en cuenta a efectos de acceso a los servicios sociales y prestaciones públicas, junto al resto de rentas;
4)a partir de un nivel elevado de patrimonio, esta renta sería gravada a los tipos que establezca el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En relación con el ejemplo anterior, este sistema haría que se computara en el IRPF la renta de propietario de la SICAV: si suponemos, por ejemplo, los dos millones de euros, generarían una capacidad de pago de 60.000 euros que se tendría en cuenta para acceder a los servicios públicos y que, en lo que exceda al mínimo exento que se determine, se gravarían, contribuyendo como cualquier renta al mantenimiento de dichos servicios.
La otra alternativa sería que tributase en el IRPF la rentabilidad obtenida en el ejercicio, independientemente de que su percepción se haya realizado o se traslade a un momento posterior; y en el Impuesto sobre el Patrimonio tributaría el mayor valor de adquisición, de cotización o de realización al final del periodo, independientemente de su instrumentación financiera y sin perjuicio de corregir la doble tributación en IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio que pudiera producirse.
Lo anterior no impide que se puedan hacer otras modificaciones en los impuestos sobre la riqueza. En el caso de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, se pueden reducir algo los tipos, pero se trataría de que todos los que declarasen por el IRPF lo hiciesen también por patrimonio, rechazando sustituirlo por un impuesto sobre las grandes fortunas. Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también se podrían hacer ajustes, por ejemplo en la reducción general por parentesco, haciéndola más generosa y reduciendo algo más los tipos. En ambos impuestos no cabrían exenciones ni por vivienda habitual ni por patrimonios empresariales; para ello ya estarían los mínimos exentos, que se pueden fijar tan altos como se considere conveniente, para que solo lo paguen unos pocos si así se quiere.
Qué hacemos con los impuestos es un libro colectivo escrito por Francisco Javier Braña, Nuria Alonso, Carlos Cruzado, Santiago Díaz de Sarralde y José María Mollinedo. Más información en la web de la colección.
Aprovechamos para recordaros la próxima cita del ciclo de debates 'Qué hacemos':
Qué hacemos contra la pobreza
-Participan: Guillermo Fernández (coautor y técnico de la Fundación FOESSA), Gabriela Jorquera (EAPN Madrid) y Fernando Luengo (econoNuestra). Modera José Manuel López (colectivo Que Hacemos).
Martes 17 de junio a las 19.00 h en el Teatro del Barrio (C/Zurita 20, Madrid)
Habrá streaming en este mismo blog.
