La era de hipermovilidad que vivimos se caracteriza tanto por forzar como por impedir el movimiento de personas: fronteras blindadas y políticas migratorias represivas, junto a desplazamientos forzosos de poblaciones por todo el planeta. Para hablar de las migraciones y su función en el capitalismo (vaciando territorios y llenando otros; desposeyendo poblaciones en unos lugares y aumentando la mano de obra barata en otros) hablamos con Eduardo Romero. Miembro del colectivo asturiano Cambalache, es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras, junto a Gema Fernández, Pablo “Pampa” Sainz, Raquel Celis y Leire Lasa. Una propuesta por un mundo sin fronteras, donde nadie sea obligado a desplazarse ni impedido de hacerlo.
¿Por qué consideráis que el hecho migratorio suele ser simplificado y descontextualizado en los análisis habituales? ¿Qué tipo de interpretación proponéis a cambio?
No llamaríamos ‘análisis’ a la mayor parte de las numerosísimas informaciones que, en los últimos años, se han referido al hecho migratorio. Por el contrario, esas informaciones tienden a presentar el proceso migratorio como ‘acontecimiento puro’, en forma de noticia televisiva que nos muestra a las personas migrantes como seres sin pasado y sin futuro. ‘Humanizar’ los procesos migratorios no es tratarlos con sentimentalismo. Los medios de comunicación han logrado esta conjunción: máximo sentimentalismo y máxima indiferencia. Necesitamos menos fotogramas de personas migrantes enganchadas a las vallas de Ceuta y Melilla o desmayadas en una playa de la costa española; necesitamos más análisis de los procesos migratorios que los humanicen de la única forma posible: devolviendo las migraciones a su contexto social, económico y político. Insertándolas en el marco de la radical desigualdad que este sistema genera; relacionándolas con la necesidad del capitalismo de provocar la movilidad forzada de millones de personas; contextualizándolas –también– en la trama del patriarcado a escala planetaria.
¿En qué se nota vuestra mirada desde el activismo social, frente a lo que consideráis “los relatos eruditos para el consumo interno de la academia”?
Nosotras no podríamos escribir sobre las migraciones ‘desde fuera’. La motivación para escribir este libro es alimentar luchas y vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que se han dado y se seguirán dando en el marco de los colectivos sociales que pretenden acabar con la política migratoria llevada a cabo por el Estado español y la Unión Europea. Nos parece fundamental que los colectivos sociales enfangados en las luchas reales sean capaces –seamos capaces– de elaborar nuestro propio pensamiento crítico. Este librito es una oportunidad para difundir una pequeña muestra de este pensamiento.
En el libro caracterizáis el tiempo actual como “la época de la hipermovilidad”, pero vuestra postura hacia esa facilidad de movimiento es crítica, ¿por qué?
Hace unos pocos años, el pensamiento antidesarrollista se observaba desde lejos, señalándolo como un pensamiento anclado en el pasado y sin nada que decir sobre el presente y el futuro. Ahora, en plena crisis de acumulación capitalista, con un horizonte relativamente cercano de agotamiento de fuentes de energía imprescindibles para sostener este energívoro sistema y con análisis oficiales suscribiendo discursos catastrofistas, parece que las cosas se pueden ver de otra manera. La hipermovilidad de esta sociedad, los novecientos y pico millones de desplazamientos turísticos anuales, la masificación y popularización de los medios de transporte –el coche como paradigma pero también, por ejemplo, los vuelos baratos– son una anomalía histórica que desaparecerá más temprano que tarde. La verdadera invasión no es la de las personas migrantes, sino la que devasta ecosistemas y comunidades a través del neocolonialismo. Una de sus expresiones más genuinas es el turismo de masas.
“La verdadera invasión no es la de las personas migrantes, sino la que devasta ecosistemas y comunidades a través del neocolonialismo”
¿Por qué creéis necesario un análisis diferenciado de la situación de las mujeres migrantes? ¿En qué consiste el vuestro?
De toda la población migrante que ha llegado al Estado español en los inicios del siglo XXI, casi la mitad han sido mujeres. En algunos casos, como en la migración latinoamericana, ellas han sido mayoría. Hay países de origen en los que más del 70% de la población que salía hacia España eran mujeres.
Pero la dimensión cuantitativa de la respuesta, aunque importante, no es la principal.
Cualquier análisis que, como el nuestro, pretenda reconstruir las trayectorias emigrantes en sus diversos episodios, desde la situación en el país de origen que provoca la migración hasta la función que las personas migrantes asumen en el lugar de destino, debe preguntarse por el específico papel jugado por las mujeres. Ellas suelen ser a la vez, en el lugar de origen, las principales víctimas del patriarcado y del capitalismo y las que lideran la supervivencia de sus familias. Las más pobres, las más amenazadas por la violencia económica y sexual, pero también las que sostienen la vida –en el campo o en los suburbios de las ciudades miseria– de sus personas más cercanas. Muchas veces es ese mandato de género, ese cuidado por sus hijos e hijas, por sus personas mayores y dependientes, el que las empuja a asumir la separación de los suyos para utilizar la estrategia migratoria como forma de supervivencia colectiva.
Cientos de miles de mujeres han dejado a sus familias para venir a cuidar a personas dependientes en España. Sustituyen parcialmente, por cierto, a las mujeres autóctonas que, sobre todo desde la segunda mitad de los años noventa, se incorporaron al mercado de trabajo, por supuesto en muchas peores condiciones que los hombres. Dado que no hubo ningún reparto social de los cuidados, que siguieron descansando en los hombros de las mujeres, las migrantes vinieron a realizar las tareas que muchas autóctonas ya no podían o no querían hacer.
Otra razón para que los análisis de este libro no se refieran a Soufian o a Adama sino a, entre otras, Hope y Faith, es la necesidad de realizar un análisis específico de las circunstancias que forman parte del hecho migratorio para las mujeres que viajan desde su lugar de origen hasta la llamada frontera sur. En el libro se relata el verdadero infierno que sufren las mujeres que, atrapadas en redes de trata, viajan a través del desierto hasta llegar a Marruecos. La política de colaboración continua entre el gobierno español y marroquí favorece que las redes de trata jueguen un papel protector de las mujeres en su viaje, a pesar de que en su seno se ejerzan diversas formas de violencia sobre ellas. Las mujeres, como estrategia de supervivencia, se ven obligadas a aceptar esas reglas para protegerse de violencias aún mayores, ejercidas por los Estados y policías que se han convertido –a sueldo de Europa– en los gendarmes de la frontera sur.
Relacionáis las migraciones (vaciar y sobrepoblar territorios) con la acumulación capitalista, pero no solo con la acumulación originaria, sino también hoy. ¿Cómo opera en la actualidad esa “acumulación por desposesión”?
David Harvey –eso creo– ha acuñado ese término para llamar la atención sobre el carácter contemporáneo de la acumulación originaria. El despojo, el robo con violencia, no es una característica exclusiva de los orígenes del capitalismo, sino que está plenamente vigente e incluso se expande en situaciones de crisis como la actual.
Nos interesa inscribir el análisis de las migraciones en el análisis de la movilidad capitalista. Ello nos ha llevado a analizar la historia de la movilidad de las poblaciones en el último siglo y medio: son numerosos los ejemplos de procesos migratorios que conjugan movilidad forzada en origen –para vaciar territorios– con necesidad de una abundante y miserable fuerza de trabajo en el lugar de destino. Actualmente, el mecanismo sigue funcionando: para ocupar millones y millones de hectáreas en África o en América Latina para monocultivos de exportación, para actividad minera y de extracción de hidrocarburos, para construir grandes centrales energéticas, etc., es necesario previamente provocar el desplazamiento forzado de millones de personas. Una parte de ellas sufre la migración interna y pasa a engrosar los abultados números de la población que hace crecer cada vez más los suburbios de las megalópolis periféricas; pero otra parte acaba llegando a los llamados países desarrollados en busca de un futuro.
¿Qué es el derecho a la inmovilidad? ¿Cómo se formularía y protegería un derecho así?
No pretendemos acuñar un término jurídico cuando hablamos de derecho a la inmovilidad. Más bien es un término que trata de complementar a aquellos planteamientos políticos que, al hablar de las migraciones, se fijan exclusivamente en la exigencia de la libertad individual de movimiento. Parecería entonces que terminar con los dispositivos fronterizos represivos en el lugar de destino –en nuestro caso acabar con la Fortaleza Europea– sería suficiente para garantizar el derecho a la movilidad. Y, sin embargo, abatir las fronteras es una condición necesaria pero no suficiente, pues muchas de las personas que emigran no lo hacen en ejercicio de su libertad, sino que se ven forzadas por motivos económicos y políticos a irse de su tierra de origen, a separarse de su gente. En el libro decimos que hay incluso lugares en los que la violencia se ejerce precisamente para que la gente se vaya.
El derecho a no moverse debería formar parte, por tanto, del derecho a la movilidad.
Los conceptos más relacionados con este planteamiento son ajenos a la jerga sociológica o jurídica sobre las migraciones: la soberanía alimentaria de los pueblos, y también su soberanía energética y política; la autonomía de las mujeres y la ausencia de violencias patriarcales contra ellas... Todos esos son conceptos que, aparentemente alejados de las cuestiones migratorias, fundarían –en conjunción con el fin de las fronteras– un verdadero derecho a la libertad de movimiento.
“El derecho a no moverse debería formar parte del derecho a la movilidad”
no moverse¿Qué papel juegan las transnacionales españolas en los desplazamientos forzosos y violentos de población en otros países?
Aprovechando los análisis específicos que Leire y Raquel –coautoras del libro– han llevado a cabo sobre el papel de las multinacionales en Colombia, mostramos cómo un buen puñado de empresas españolas ocupa territorios previamente vaciados de personas por la violencia militar y paramilitar. En Colombia, cada año, cientos de miles de personas se convierten en desplazadas forzosas. Las multinacionales españolas del ámbito de la energía, por ejemplo, se instalan gracias a estos desplazamientos y succionan los recursos naturales del país. Otras muchas empresas se aprovechan además del éxodo rural hacia las ciudades para enriquecerse a base de incrementar las tasas de servicios como el agua, la electricidad, la telefonía, etc.
Mientras, la posibilidad para las personas de nacionalidad colombiana de acceder al estatuto de asilo en el Estado español es cada vez más pequeña.
¿Qué balance hacéis del blindaje de la Frontera Sur que ha desarrollado Europa y en concreto España en los últimos años?
El panóptico fronterizo ha sido definido por Rubalcaba de forma insuperable: “Casi nadie entra en España ya sin que le veamos”. Y, efectivamente, la violencia aplicada en la frontera ha tenido resultados palpables: casi veinte mil personas ahogadas en el mar y varios miles de desaparecidas en la Frontera Sur de Europa; muertes en el desierto de personas abandonadas por los ejércitos norteafricanos, sin agua y sin comida, en medio de la nada; cuerpos tiroteados en las vallas de Ceuta y Melilla; miles de encarceladas en prisiones y centros de detención al margen de cualquier legislación, en países como Mauritania, Marruecos, Argelia o Libia…
Pero la construcción de la amenaza que viene del Sur ha dado otros réditos políticos: ha creado un enemigo externo –los africanos que nos invaden– e interno –mediante la intensificación de la islamofobia–; ha impulsado prácticas neocoloniales con la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal –véase el Plan África–; y se ha combinado con las fronteras interiores para disciplinar a la población migrante bajo la amenaza de la expulsión.
La derecha suele caricaturizar la opción de ‘papeles para todos’. ¿Cuál es vuestra postura respecto al sistema de permisos administrativos?
No estaría mal un escenario político en el que fuera ‘la derecha’ quien defendiera en exclusiva la política migratoria. Pero, ¿ha sido la derecha quién la ha puesto en marcha? Depende de lo que entendamos por ‘derecha’. Los gobiernos del PSOE y del PP no se distinguen respecto a su política migratoria. Los sindicatos mayoritarios han dado cobertura a la Ley de Extranjería y su planteamiento no difiere del lema de la campaña de la ultraderecha: ‘los españoles, primero’. CCOO, por ejemplo, ha publicado documentos en los que pedía más contundencia del gobierno para que los países africanos aceptaran las repatriaciones. Resulta más fácil, por todo ello, caricaturizar el vacío e hipócrita ‘progresismo humanitarista’ que la opción de ‘papeles para todos’. En cualquier caso, los colectivos sociales que nos enfrentamos a la política migratoria no nos enfrentamos a ella de manera aislada, sino en el marco de una práctica y un discurso que pretende ser anticapitalista. No es nuestro papel el de proponer medidas administrativas que palien el sufrimiento para una parte de las personas migrantes, sino el de poner en jaque –y no sólo con palabras– la política migratoria.
“Los gobiernos del PSOE y del PP no se distinguen en política migratoria, y los sindicatos mayoritarios han dado cobertura a la Ley de Extranjería”
¿Qué papel desempeñaron los trabajadores inmigrantes durante los años de la burbuja inmobiliaria?
El período de auge económico se caracteriza por un espectacular aumento de la población asalariada: de 12 a 20 millones en trece años (1994-2007). Hay dos procesos que hicieron posible este aumento sin que, a la vez, se desplomara la tasa de paro: la incorporación acelerada de las mujeres autóctonas al trabajo asalariado; y la entrada de millones de hombres y mujeres migrantes al mercado de trabajo español. No hubo, por tanto, una política de cierre de fronteras, sino una política de creación de una fuerza de trabajo migrante barata y servicial. Los dispositivos fronterizos han sido útiles sobre todo para eso: no para producir expulsiones sino para producir inmigrantes amenazados y amenazadas de expulsión.
El trabajo barato aportado por la población migrante ha sido esencial para duplicar el empleo en la construcción en un cortísimo período de tiempo en los primeros años del siglo XXI; pero también lo ha sido para alimentar la agricultura bajo plástico, la hostelería, el trabajo de cuidados, etc.
¿Cómo analizáis la actual emigración de trabajadores españoles a otros países?
Una buena parte de la población del Estado español había demostrado que tenía muy poca memoria, pues el cruce de la frontera en sentido contrario había sido relativamente reciente. Ahora que vuelve a producirse, vemos que se repite la lógica que ya hemos señalado a lo largo de esta entrevista: cómo la crisis en origen –ahora en España– provoca la ‘huida’ hacia otros lugares con economías ‘emergentes’ o menos devastadas por la crisis.
¿Veis algún riesgo de brotes xenófobos en España por causa de la crisis?
A lo largo y ancho del Estado, uniformados provistos de pistolas, porras y a veces perros montan dispositivos que identifican y detienen a personas por su aspecto ‘racial’; existen centros de internamiento específicos para personas inmigrantes; el Estado financia macabros vuelos de deportación a los que se sube a las personas deportadas por la fuerza… No hace falta esperar brotes xenófobos de ‘la población’ o preguntarse si ‘la sociedad’ es racista. No hace falta dar protagonismo al discurso de las organizaciones llamadas ‘ultraderechistas’. El Estado español y sus principales partidos políticos han desarrollado políticas racistas y xenófobas, y han generalizado estas prácticas en el corazón de las instituciones. ¿Es racista la gente? Al menos es seguro que el racismo social va a rebufo del institucional.
¿Cómo podemos construir hoy redes de solidaridad entre trabajadores, vecinos, ciudadanos, activistas, que incluyan a los inmigrantes?
Afortunadamente no hay una lucha ‘autóctona’ a la que sumar a las personas migrantes. Hoy en día menos todavía. El entrelazamiento entre población migrante y autóctona en la lucha contra los desahucios o en la lucha contra el recorte sanitario se ha dado de forma natural. La lucha contra la política de extranjería exige un nivel de especialización muy grande, y marca diferencias radicales entre quienes se ven afectadas por ella y quienes tienen un DNI y no tienen que preocuparse por un permiso de residencia. Sin embargo, este nuevo ciclo de conflictos ofrece la posibilidad de que este encuentro se produzca. Y, de hecho, se está produciendo. Uno de los retos es aprovechar ese escenario para lograr que la multiplicación de conflictos sociales refuerce también la lucha contra la política de extranjería.
“La función de los CIE es sembrar el miedo y la sumisión entre la población migrante”
¿Qué función cumplen los CIE en esta política de extranjería? ¿Y las redadas policiales?
Los Centros de Internamiento de Extranjeros son el eslabón intermedio de la cadena que empieza en las redadas racistas y termina en las expulsiones. Pero su papel no es solamente el de servir de engranaje para llevar a cabo dichas expulsiones. Por el contrario, quizás su función más importante es la de contribuir a sembrar el miedo y, por tanto, la sumisión, entre el conjunto de la población migrante. En realidad, toda la cadena represiva funciona sobre todo como instrumento ejemplarizante: cualquier migrante debe sentir que la posibilidad de acabar en un CIE es real, que ese vuelo de deportación que cuentan en el periódico podría haber sido el suyo. Millones de redadas racistas son efectivas para que las personas migrantes sientan ese miedo. También son eficaces para criminalizarlas, para escenificar en la calle que realmente hay enemigos internos a los que controlar, identificar y expulsar.
¿Ha cambiado en algo la situación de los CIE tras las denuncias?
La avalancha de informes, denuncias y acciones contra los CIE ha llegado a incomodar al Estado español. Concretamente, la sucesión de informes de gran contundencia y la muerte de una persona en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y otra en el de Zona Franca (enero de 2012), nada más iniciada la legislatura del PP, provocó que el nuevo gobierno promoviera reuniones con diversas organizaciones sociales y prometiera la aprobación de un reglamento para los CIE. Año y medio después de aquellas muertes el prometido reglamento aún no se ha aprobado, y el borrador del mismo demuestra que es un mero lavado de cara, hipócrita hasta en la propuesta de cambio de denominación de los centros. Quizás los CIE suenen demasiado a campo de concentración, así que ahora se pretende que su nombre sea Centros de Estancia Controlada de Emigrantes (CECE).
El gobierno ha jugado a enredar a algunas organizaciones con la negociación de dicho reglamento, mientras ganaba tiempo después de la sucesión de escándalos y mientras trataba de presentarse como impulsor de una política más humanitaria: junto a la reforma de los CIE, anunció el supuesto fin de las redadas. Ni una cosa ni la otra se han dado. E incluso las organizaciones que optaron por negociar han visto que lo que se ofrece es más de lo mismo.
El carácter racista, arbitrario y represor de los CIE está en su propio código genético. Por ello no puede haber otro horizonte que acabar con ellos, llámense CIE o CECE. En el libro recogemos ejemplos de luchas que, desde dentro o desde fuera, por toda Europa, han impugnado estas cárceles: concentraciones, marchas, huelgas de hambre, fugas y hasta el incendio del centro de internamiento de Vincennes (Francia).
Habláis de la necesidad de aprender de experiencias de activismo y desobediencia como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, ¿en qué sentido?
Seguramente si viéramos en retrospectiva la existencia de millones de identificaciones racistas, nos escandalizaríamos de que una sociedad hubiera permitido que se llevaran a cabo. Sin embargo esto está ocurriendo ahora, en esta última década, y no podemos decir que sea algo que pasa desapercibido, pues es bien visible y palpable, ya no sólo a través de los medios de comunicación sino en la experiencia de quienes caminamos por las ciudades y barrios del Estado español.
Es imprescindible denunciar las redadas y, si se puede, impedirlas allí donde se realizan. Las Brigadas han hecho en Madrid un trabajo de documentación y denuncia de las mismas muy valioso. En otros lugares del Estado, a través de intervenciones en los puntos negros de las redadas, existe también todo un bagaje de denuncia y resistencia contra las mismas. Es importante que esa acumulación de experiencias se ponga en común y circule entre los colectivos sociales como aprendizaje colectivo y como forma de reforzarnos mutuamente.
Para más información y para ampliar estas propuestas, el libro Qué hacemos con las fronteras. Y en la web de la 'colección 'Qué hacemos’: www.quehacemos.org
Eduardo Romero es miembro de la Asociación Cambalache y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana “Ruta contra el racismo y la represión”, y es autor de varios libros editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.
