La organización del 22M achaca a un “montaje del Estado” la violencia tras las marchas
El equipo jurídico de las marchas por la Dignidad ha asegurado que la violencia experimentada al finalizar la manifestación del 22 de marzo fue fruto de “un montaje de las cloacas del Estado que no podían abrir los telediarios con las marchas y de ahí las cargas policiales”.
Rafael Escudero, miembro de la comisión coordinadora de las marchas, ha asegurado “en nombre de la organización” que “el Gobierno utilizó un montaje para que se hablase de la violencia. Ese circo nos lo montaron y lo sufrimos”, ha dicho al evaluar los episodios de enfrentamiento entre grupos de personas y policías el 22M por la noche.
“Condenamos el lanzamiento de adoquines. Condenamos cualquier violencia. También la policial”, ha expresado Escudero. Y luego ha relatado lo que ha calificado como “la cerilla que se prendió en un campo de cereal seco”: tres encapuchados que bajaron por la calle del Marqués de la Ensenada y pusieron unos petardos frente al cordón policial.
La organización asegura que este “montaje” viene probado por “las cargas policiales que hubo en la plaza de Colón a las 20:40, antes de que acabara el acto”. La comisión jurídica de este movimiento ha recomendado a los organizadores que tomen medidas legales contra las detenciones y el tratamiento posterior de los manifestantes. Escudero se ha limitado a decir: “lo estamos estudiando”.
Los abogados repiten: “¿Quién inicia esta violencia cuando la policía podría haber contenido a los violentos de otra manera?” Estos letrados dicen tener acreditado malos tratos a los 22 detenidos del 22M mediante “trasladados en transporte público esposados, carreras con las esposas puestas, cambios de temperatura de los calabozos, impedir ir al baño en 24 horas, retraso en el acceso a medicación e incluso insultos de policías de paisano a los familiares de los arrestados que acudieron a la comisaría”.
Así, los gestores de la marcha defienden que hay un “plan preconcebido para desprestigiar el movimiento”, crear una sensación de peligro social y justificar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Al lado de la coordinadora del 22M estaba Alba González, miembro del grupo de apoyo a Miguel, el detenido que permanece privado de libertad acusado de lesiones, del que ha dicho: “No es violento, no tiene antecedentes penales, tiene una pareja, un proyecto de futuro y hasta colabora con una ONG como es la Cruz Roja”.
