El Gobierno detecta un fraude para falsear la calidad del aceite de oliva entre los productores

Fraude al consumidor con el aceite de oliva. Los ministerios de Agricultura y Sanidad tienen la “fundada sospecha” de que hay empresas productoras que están “alterando muestras” –que se utilizan para determinar la calidad del aceite de oliva– para vender aceites a un precio superior al que por su calidad les correspondería.

En una carta enviada el 1 de abril por la Dirección General de la Industria Agroalimentaria a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en la materia, el director general insta a los gobiernos regionales a que “se adopten medidas y sistemas de precintado que eviten la manipulación de las muestras”. eldiario.es ha tenido acceso a esa carta.

¿Cómo se hace? Al inicio del proceso de producción de un lote de aceite los inspectores toman unas muestras para su análisis, que determinarán la calidad del producto. Una muestra que se precinta. Esos precintos no pueden ser manipulados por nadie y es lo que estarían haciendo los defraudadores. Abren, meten en una de las catas aceite mejor y lo envían a la Administración para un contraanálisis que sale, obviamente, de mejor calidad, según explican fuentes del sector conocedoras de los procesos.

Mientras que el aceite de oliva virgen cuesta entre 3,5 euros el litro (las marcas blancas) y cinco euros, el virgen extra oscila entre los 4,1 euros y los seis euros el litro. En el caso de los lampantes, los aceites de oliva de más baja calidad pueden caer hasta los 2,5 euros por litro, con lo que vendidos a precio de virgen extra pueden duplicar su precio.

Las fuentes consultadas aclaran que no se trataría de un problema de salud –los aceites no son de mala calidad– sino de un fraude al consumidor con el etiquetado y por tanto el precio. “Todo el mundo [en el sector] sabe lo que está pasando”, confirman varias fuentes.

El Gobierno no responde

La Administración calla. Este diario ha preguntado a los ministerios de Agricultura, del que parte la misiva alertando del fraude, y Sanidad, que en el ámbito de sus competencias de consumo también está involucrado en los controles, pero ninguno ha considerado que el hecho de que se esté cometiendo un fraude a los consumidores, cobrando aceites a precio de una calidad superior a la que realmente tienen, merezca explicaciones, por lo que no se conoce (públicamente) el alcance de esta supuesta estafa y a qué productora corresponden las muestras manipuladas.

La carta de Industria Alimentaria menciona “una serie de expedientes sospechosos” y “algunas muestras”, sin especificar más. Fuentes involucradas en los procesos de análisis sostienen que “no hay que generalizar”.

La industria del aceite de oliva español es un gigante mundial que compite con la italiana por la supremacía mundial. El valor de la producción del sector se sitúa en torno a 1.886 millones de euros como promedio de 2007 a 2012, según el Ministerio de Agricultura. España es el primer productor mundial en superficie y cantidad, representando aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial. La media de producción en las seis últimas temporadas de las que hay datos ha sido de 1.215.798 toneladas.

Desde el sector, Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva, señala que no tiene conocimiento de que esto esté ocurriendo, y apunta a que “muy a menudo, cuando se hacen contraanálisis, solemos ganar los recursos porque la Administración no guarda bien las muestras” y estas se deterioran. “La almazara no creo que esté manipulando muestras porque están precintadas”, añade. Agricultura cree lo contrario.

La UE, preocupada por un sector clave, también está tomando medidas para luchar contra el fraude, en general, en el sector y ha desarrollado un proyecto dotado de cinco millones de euros (660.000 de ellos irán al Instituto de la Grasa español) para desarrollar soluciones analíticas innovadoras y más eficaces para detectar y combatir los fraudes más comunes. De hecho, el supuesto fraude no es nuevo. La OCU realizó una investigación en 2012 en la que concluía que 9 de los 40 aceites analizados no se correspondían con la etiqueta que presentaban.

Tres muestras

La catalogación y posterior etiquetado de un aceite empieza por la almazara que lo produce, que decide qué tipo de aceite es cada lote según sus propias pruebas, explican fuentes del sector. A partir de ahí, los inspectores extraen, por norma general, tres muestras para su análisis, que se precintan. Dos de ellas quedan bajo custodia de la Administración y la tercera puede, según la comunidad autónoma, quedar en manos de la empresa productora o también de la Administración.

Una muestra va al laboratorio oficial de referencia (cada comunidad autónoma tiene uno), que la analiza mediante dos pruebas. La primera es una cata realizada por un panel de entre 8 y 12 expertos que valoran la calidad del aceite (el análisis organoléptico). La otra mide las cualidades de la muestra con análisis físico-químicos de su composición.

Si el análisis del laboratorio no sale conforme a lo que la productora esperaba (pensaba que tenía un virgen extra pero las pruebas lo catalogan como virgen, por ejemplo), esta tiene el derecho a pedir un contraanálisis, llamado contradictorio, a partir de la segunda de las muestras. La productora puede elegir a qué laboratorio pide este segundo análisis, siempre que sea oficial o autorizado. Y es ella la encargada de hacerle llegar esta segunda muestra. Es aquí donde la Administración tiene la “fundada sospecha” que alguna empresa ha roto los precintos y ha cambiado la muestra para que en este contraanálisis salga lo que ellos quieren. Si este segundo análisis coincide con el primero, se acabó el proceso. Si no coincide se utiliza la tercera muestra para hacer un tercer y último análisis, llamado dirimente, que romperá el empate y decidirá qué tipo de aceite es el estudiado.

En su carta, el ministerio explica a las comunidades autónomas que “ha detectado que, en ciertos análisis contradictorios relacionados con la valoración organoléptica [las catas que se hacen para determinar su calidad] de los aceites de oliva vírgenes (...) los resultados obtenidos son muy diferentes en lo que concierne a la categoría en que los paneles de catadores clasifican los aceites”.

“En consecuencia”, continúa la misiva, firmada por el director general de la Industria Agroalimentaria, Fernando J. Burgaz Moreno, “se ha realizado un seguimiento analítico de las tres muestras que se analizan en una serie de expedientes sospechosos y se ha constatado de forma objetiva que los parámetros analíticos de una de las muestras no coinciden con los de las otras dos”. Y a continuación señala a los supuestos responsables: “En todos los casos descubiertos hasta el momento las muestras en poder de la administración han proporcionado los mismos resultados analíticos, mientras estos han sido diferentes en la muestra en poder del administrado [la empresa productora]”.