La Armada expulsa por segunda vez a una marinera que informó de un episodio de acoso: “No han parado hasta echarme”
En abril, Inmaculada fue cesada como marinera de la Armada. No era la primera vez que el Ministerio de Defensa rompía la relación laboral que le unía a esta mujer. Ya en el año 2010 la justicia desestimó otro despido al considerar que las argumentaciones aportadas por sus superiores “carecían de rigor”.
Cuatro años más tarde, mientras se encontraba de baja médica, fue acusada de un delito militar de abandono de destino, que acarrea una pena de tres meses a dos años de prisión. Esta causa también fue archivada por la justicia al constatar que contaba con certificados médicos de la unidad en la que se encontraba. “Hasta que no me han echado no se han quedado quietos”, indica.
Inmaculada cuenta que sus problemas en la Armada comenzaron por “represalias”. Asegura que desde que dio conocimiento a uno de sus superiores de que “se sentía acosada” por un compañero, estos comenzaron a tratarla de forma diferente. “Me dijeron que iban a hacer todo lo posible para que me marchase”, reseña. “No llegué a denunciar esa situación pensando que no iba a haber represalias. Fui tonta”, añade.
Según explica ella, y refrenda su abogado en el recurso que ha presentado contra la decisión más reciente de Defensa, los conflictos que se generaron desde entonces derivaron en una patología psiquiátrica. A este trastorno depresivo se aferran desde el departamento de María Dolores de Cospedal para declarar “la insuficiencia de condiciones psicofísicas”, “ajenas a acto de servicio”, y terminar así su relación. Es decir, niegan que la depresión sea fruto de lo vivido en las Fuerzas Armadas lo que le deja sin derecho a pensión o indemnización.
La reincorporación “no fue pacífica”
Inmaculada no está de acuerdo. Considera que la enfermedad que le han diagnosticado está relacionada con el servicio prestado, su abogado defiende que el “desencadenante siempre estuvo relacionado con el ámbito laboral”. “Su reincorporación como consecuencia de la sentencia [del 2010], no resultó pacífica”, incide el letrado en el recurso presentado contra el cese determinado por el Ministerio.
En esa decisión judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se opone a la decisión de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada de no renovar el contrato que mantenían con Inmaculada mientras trabaja en el buque Castilla, tras el recurso presentado por la marinera. “Ninguno de los parámetros que la junta de evaluación dice haber valorado tienen soporte argumental en el expediente. Por ello, las escuetas resoluciones, carentes de rigor, deben abocar a la estimación del recurso por la indefensión a que aquellas condenan a la actora”, determinó la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal.
Después de la readmisión cambió de destino, trasladándose a Madrid para “empezar de cero”, recuerda. “Llegas con miedo. En teoría los expedientes solo los tiene que leer el comandante. El mío lo leyó mucha gente, se enteraban de cosas que son confidenciales”, cuenta. Según explica su letrado en el recurso de reposición presentado ante Defensa, “en todos los destinos que le fueron concedidos se le tachaba de conflictiva sufriendo episodios de aislamiento y discriminación, los cuales como es evidente resultan muy difíciles de probar”.
Entre ellos, destaca que tuvo problemas para que le asignasen plaza, para que le designasen un alojamiento en el Cuartel General de la Armada y que se “sintió aislada” mientras desarrollaba su trabajo en el departamento de hostelería. Además, denuncia que durante varias bajas médicas, los superiores no le permitieron descansar.
“Llegó la Guardia Civil a casa de mis padres”
Uno de estos casos está avalado por el tribunal militar territorial primero de Madrid que archivó en 2014 la denuncia por un delito de ausencia de destino, castigado con una pena de tres meses a dos años de prisión. “Me pidieron cárcel mientras estaba de baja y me estaba tomando antidepresivos. Llegaron unos agentes de la Guardia Civil a casa de mis padres con un certificado y mi madre me llamó. Me presenté en Madrid [procedente de Zaragoza] y les conté todo”, cuenta.
Asimismo, asegura que días antes, superiores de la Armada la “llamaban continuamente” insistiendo en esa ausencia de su puesto de trabajo. Un informe aportado por su doctora de cabecera recoge esas llamadas y explica que estando en consulta la médico atendió una de ellas.
Tras la declaración en el juzgado togado de la capital fue puesta en libertad provisional. Dos meses después, este organismo dictaminó el archivo de la causa. En el auto recordó que la ausencia de destino estuvo “amparada por los justificantes de baja médica que constan en las actuaciones”, que el “servicio sanitario de la unidad expidió un informe médico de continuidad de la baja” y que dos capitanes ratificaron estos certificados.
“A raíz de eso tengo miedo de todo, a día de hoy veo un número que no conozco y me asusto”, cuenta. Desde que le imputaron este delito acude al psiquiatra, tal y como recoge un informe emitido por este profesional, que ha diagnosticado a Inmaculada una “enfermedad depresiva grave”.
Inmaculada baraja volver a recurrir ante los tribunales. Solicita que se atribuya su grado de discapacidad reconocido del 35% a un acto de servicio y consecuencia de los conflictos sufridos. Así tendría derecho a una pensión, actualmente solo cobra el paro.
Su abogado incide en que esta mujer entró en la Armada hace 13 años, “habiendo resultado apta y superadas todas pruebas y reconocimientos y que además superó los reconocimientos a todos los expedientes de ampliación de compromiso”. Por lo tanto, asegura su cliente que “el diagnóstico se produjo una vez que ya estaba en activo”.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para recabar información sobre el caso, sin haber recibido respuesta por el momento.
