Cientos de inmigrantes alertan de que la desatención sanitaria está poniendo en peligro sus vidas
Hace un año el Gobierno eliminó el derecho a la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. El decreto aprobado el 20 de abril de 2012 tiene ya consecuencias en la salud pública, según denuncian las asociaciones de inmigrantes. La última se produjo hace unos días: la muerte por tuberculosis de un ciudadano de origen senegalés al que no se atendió de manera adecuada por no tener papeles ni tarjeta sanitaria, según denunció la plataforma Més per Mallorca.
La familia de Soledad Torrico, de origen boliviano, también denunció en febrero que el fallecimiento de la mujer en Valencia también se debió a una falta de asistencia sanitaria por no tener los papeles en regla.
“Tiene el cáncer muy avanzado y le niegan la quimioterapia. Van a dejarla que muera así. No tienen sentimientos”, dice Mustafá, el marido de Hanane, una mujer marroquí de 29 años que sufre cáncer de mama. Según relata la plataforma 'Yo SÍ sanidad universal', Hanane comenzó el tratamiento en 2008, pero le retiraron la tarjeta sanitaria al perder su permiso de residencia y, desde entonces, le niegan la atención.
El Gobierno ha reconocido que se han retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde que entró en vigor la nueva norma. Solo en Baleares, Médicos del Mundo tiene registrados 180 casos de personas inmigrantes que han denunciado la vulneración del derecho de acceso a la sanidad (bien sea por falta de asistencia médica, barreras al acceso, o intentos de facturar el servicio de urgencias, tipificado como gratuito en la ley).
Solo en la Comunidad Valenciana 318 personas han notificado desde noviembre que se encuentran en situación de vulnerabilidad respecto al acceso a la sanidad. Es uno de los datos que se desprende del último informe del Observatorio del Derecho Universal a la Salud Pública, que ha registrado 170 casos de personas sin asistencia en la región durante el primer trimestre de 2013. Destaca, además, casos de menores que no han recibido una atención médica y denuncia la situación de enfermos crónicos con dificultades para acceder a su tratamiento.
Otro de los principales problemas de esta legislación es la imposibilidad de acceder a los medicamentos necesarios. Es el caso de Julio Basilio, ciudadano cubano residente en Madrid desde 2009. Su médico le sigue atendiendo, pero no figura en las bases de datos a la hora de recibir medicación subvencionada, por lo que tiene que pagar su coste total. “Hay pastillas que si no me las tomo me puede dar algo”, afirma en la web 'Yo SÍ sanidad universal' y añade: “Como no puedo pagarlas, tendré que priorizar cuáles tomo”.
Varias organizaciones sociales trabajan para paliar los efectos del decreto que impide el acceso a la sanidad a las personas inmigrantes. Por ejemplo, contacta con los centros sanitarios que niegan la atención, presentan reclamaciones formales y, en casos extremos, realizan tareas de acompañamiento hasta conseguir que se ofrezca tratamiento. La ONG destaca que tienen numerosos “casos de éxito”.
