El PSOE recusará al juez que decidió asumir todas las causas sobre privatización de hospitales en Madrid
La batalla por la privatización de seis hospitales públicos en Madrid se está jugando ya en los tribunales. Serán los jueces los que terminen decidiendo si la atención sanitaria de más de un millón de personas pasará a manos de empresas privadas o no. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia ha dado un paso y decidido aunar todos los recursos legales contra “la Gestión por Concesión del Servicio Público de la Atención Sanitaria Especializada”, propuesta por el Gobierno de la Comunidad de Ignacio González.
A la cabeza de la decisión y de la sala que ahora tomará todas las decisiones sobre el proceso privatizador está el magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán. Martínez Tristán está casado con la actual consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada (PP). Además, el magistrado está entre los candidatos a vocales del Consejo General de Poder Judicial que deberán votar próximamente las Cortes Generales, según el acta de la Junta Electoral de 8 de agosto. Los diputados y senadores, elegirán a los nuevos vocales al estar a punto de expirar el mandato. En las listas remitidas a la Cámara Alta y Baja está el juez Martínez.
El TSJM ha querido aclarar en un comunicado que el hecho de que hasta nueve magistrados distintos estén tramitando recursos contra la cesión a empresas de la gestión de hospitales “resulta o puede resultar contradictorio” y que la unificación se ha hecho “a sugerencia del Ministerio Fiscal”, y que cualquier resolución “la adoptará la totalidad de los cincuenta Magistrados que componen la Sala”. Aun así, el PSOE ha anunciado que recusará al magistrado por su “vinculación con el PP”.
La licitación está ahora mismo parada cautelarmente por la decisión de dos juzgados diferentes, el nº 4 de Instrucción y el TSJM. Pero la oleada de iniciativas judiciales para tratar de frenar la privatización era un aspecto central en el discurso del consejero responsable del proceso en la región, Javier Fernández Lasquetty, en la Asamblea de Madrid el 3 de octubre: “Gracias al señor [Tomás] Gómez y a otras asociaciones afines estamos viviendo un auténtico carrusel de decisiones judiciales contradictorias entre sí que se suceden y se superponen unas a otras, lo que genera, desde luego, confusión e inseguridad jurídica. Su partido no puede pretender trasladar argumentos de oposición política a los tribunales. Los tribunales no están para decidir lo que ellos o la presión ciudadana tengan por conveniente (...), sino para verificar si se ajusta a la legalidad. Y de momento, no ha habido ninguna decisión judicial sobre el fondo del asunto”.
La suspensión cautelar de la entrada de empresas en los seis hospitales madrileños ha impedido, de momento, que las contratistas adjudicadas (Ribera Salud, Sanitas e Hima San Pablo) hayan podido entrar en los centros sanitarios a partir del 1 de octubre, como tenía previsto el Ejecutivo regional.
