El Ayuntamiento de Madrid pide a la justicia que vuelva a abrir la investigación sobre la venta de VPO a un fondo buitre
Como anunció a finales de agosto, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ha pedido al juez, sumándose a la solicitud de los afectados (cuya querella fue archivada en 2015), que reabra la investigación penal por la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Magic Real Estate Blackstone en 2013, cuando Ana Botella era alcaldesa de la capital. Este procedimiento se archivó en 2015.
La empresa municipal, que preside la concejala Marta Higueras –número dos de Manuela Carmena–, también se ha personado en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas después de que la Fiscalía del órgano cifrara en 2,3 millones de euros el quebranto económico en el proceso de traspaso de las 18 promociones de pisos a la sociedad gestora Fidere, según informó Cadena Ser.
La EMVS se adhiere al Ministerio Fiscal en su iniciativa de nombrar un Delegado Instructor para la causa, para que practique las diligencias necesarias en la depuración de hechos y análisis de toda la documentación necesaria para “dirimir la responsabilidad contable” que pudiera darse del proceso de venta.
En el escrito dirigido al Tribunal de Cuentas, la empresa municipal pide que “se analice la intermediación inmobiliaria contratada para la venta de los inmuebles, por el que se abonaron 2.392.775€, mediante dos facturas, de diciembre de 2013 y de enero de 2014, de las que aparentemente se derivan irregularidades tanto en el propio encargo, como en su ejecución y pago”, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas.
“La operación –según el documento de alegaciones presentado al tribunal por la EMVS– se realizó sin contar con un valor cierto y objetivo de los bienes a enajenar, sin tasación previa alguna, y siendo el precio final de la compraventa unilateralmente fijado por el comprador”.
En este sentido, la empresa municipal afirma que“ no resulta acreditada la realidad material del trabajo de intermediación que se dice haber realizado” y urge a que se “analice y determine la valoración del daño patrimonial causado la Sociedad por el precio establecido y finalmente ingresado en las operaciones de enajenación”.
La acción judicial del equipo de Manuela Carmena –que también incluye su adhesión a la solicitud de los afectados para que el juez reabra la investigación penal–– se suma a la petición de reapertura de otra querella presentada por el grupo municipal socialista. Ambas querellas, la del PSOE y la de los inquilinos afectado, se sobreseyeron provisionalmente, una situación que posibilita si hay nuevas pruebas, como es el caso, que se retomen las actuaciones.
Estas nuevas pruebas son el informe de la Cámara de Cuentas (según el cual Ana Botella “vulneró las más elementales reglas de buena gestión), las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid y ahora el escrito del fiscal del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas notifica, basándose en el informe de la Cámara de Cuentas que publicó este medio, que como consecuencia de la “deficiente gestión” de la operación el quebranto económico podría “ascender a 2,3 millones de euros, respecto de lo que, al menos para la propia compradora, era el valor de mercado”.
A todas estas peticiones de reapertura se suma una nueva derivada: la querella a título personal de la familia de la cara visible de la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS, cuyo contrato de arrendamiento no ha renovado por sorpresa Fidere. No les dieron, aseguran, ninguna explicación.
