El Banco de España y 300 pueblos, denunciados por tener simbología franquista
El Banco de España y otros 301 ayuntamientos han sido requeridos para que cumplan la Ley de Memoria Histórica en una nueva petición del abogado Eduardo Ranz. Con las 30 demandas ya en curso, hay un total de 332 procedimientos abiertos por mantenimiento de elementos de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
En la sede principal del Banco de España en Madrid “se observa en la primera planta un escudo preconstitucional” acompañado de una leyenda. Y en Alicante la oficina de la misma entidad bancaria conserva un “escudo franquista en la vidriera”. De los pueblos denunciados, la mayor parte en Castilla y León, destaca Salamanca con 40 municipios, Valladolid con más de 30, Palencia con 29 y Ávila 25, Cuenca una veintena, Zamora 15 y otros como Burgos, Cáceres y León en torno a la decena.
La parafernalia simbólica de la dictadura salpica España en casi cualquier rincón. Nombres de pueblos, calles y plazas, estatuas, conmemoraciones… y hasta un equipo de fútbol con el apellido Franco en sus filas. Ahora, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, o haciéndolo coincidir, el letrado especialista en procesos legales de Memoria Histórica ha dado continuidad a las acciones que arrancaron en febrero del año 2015 con el objetivo de hacer cumplir la ley 52/2007, próxima a cumplir una década.
La ampliación de los derechos de petición a 301 nuevos pueblos españoles hace que, caso de que no cumplan con lo solicitado en el requerimiento, “se procederá a la interposición de la demanda contencioso administrativa” como ocurre con la treintena de municipios ya señalados. El plazo que marca la ley, apunta Ranz, expira “dentro de tres meses”. Cada ayuntamiento que no cumpla recibirá entonces una denuncia por mantener simbología franquista.
“Catálogo de vestigios y retirada inmediata”
“La ley de Memoria Histórica el año que viene cumplirá 10 años, el tiempo que los ayuntamientos llevan incumpliéndola”, refiere el abogado. Las “obligaciones” de cada institución pública en materia memorialista, subraya, son dos: “Realizar el catálogo de vestigios y su retirada inmediata”.
“Desde un punto de vista democrático y jurídico hay dos opciones”, extiende Eduardo Ranz. De un lado, “dar cumplimiento” a la legislación vigente “de forma inmediata”. De otro, añade, “seguir dilatando y con ello ser cómplices del golpe de Estado de 1936 contra la legalidad de la II República”.
La totalidad de las calles denunciadas “han sido cotejadas con la Dirección General del Catastro, donde así constan”. Y en todos los pueblos la solicitud exige la “redefinición” de los nombres de estas vías públicas, caso de “José Antonio, Generalísimo, 18 de julio o Queipo de Llano”.
