“No me dan una beca por ser demasiado pobre”
Contar con escasos recursos y estar ya emancipado es uno de los motivos que contempla el Ministerio de Educación para denegar becas a estudiantes universitarios que las soliciten. Así le sucedió a Adriana. Gana 525 euros al mes y vive en un piso que comparte con su novio por el que pagan 550 euros. El departamento de Méndez de Vigo propone denegarle la beca porque sus “ingresos anuales son inferiores a los gastos de residencia del curso académico”, según figura en la respuesta a su solicitud.
“No me la dan por ser demasiado pobre”, incide esta joven de 24 años, que alegó a la desestimación que solo paga la mitad del arrendamiento (275 euros). “La otra mitad es abonada por mi novio”, aclara. En la solicitud aportó el contrato de alquiler, en el que figuran dos inquilinos. Incidió en esta situación al presentar las alegaciones.
Sin denegación explicativa del Ministerio
El Ministerio mantuvo su negativa en una nueva contestación emitida el 13 de febrero. En ella no da detalles del motivo concreto por el que no le concede la ayuda, sino que se limita a replicar palabra por palabra la respuesta genérica que ya le dio dos meses antes: “No acreditar suficientemente a juicio de la Comisión competente la independencia económica y/o familiar” y “Los ingresos anuales son inferiores a los gastos de residencia del curso académico”.
Las becas son la principal herramienta que tiene el Estado para garantizar que cualquier persona pueda acceder a la educación, independientemente de si su familia tiene dinero o no. La Ley de Universidades dice que “para que todos los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, el Estado establecerá un sistema de becas destinado a remover los obstáculos de orden socioeconómico que impidan o dificulten el acceso o la continuidad de los estudios superiores”.
Para conceder una beca, el Ministerio parte del supuesto de que el estudiante depende económicamente de su familia y valora cuántos recursos tienen todos sus miembros, para dársela en caso de que los ingresos no superen ciertos límites. Si el estudiante afirma estar emancipado, como Adriana, entonces la normativa le obliga a “acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio habitual” y especifica que “siempre que los ingresos acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos considerados indispensables, se entenderá no probada la independencia”.
El sentido de esta exigencia es asegurarse de que el estudiante no está mintiendo al declararse independiente para evitar que el dinero de su familia le impida recibir la beca, según explican algunas universidades contactadas. Así se evitaría el fraude de que personas cuyas familias tienen dinero acaben recibiendo una beca porque fingen haberse emancipado.
Pero genera situaciones paradójicas: personas que no tienen recursos para subsistir mientras estudian piden por ello una beca pero se la niegan precisamente por no tener suficientes recursos. Además, la normativa no detalla a cuánto ascienden los “gastos considerados indispensables” para los que requiere tener ingresos, por lo que depende del criterio subjetivo de la comisión que valora las solicitudes determinar si son suficientes.
“Este año he conseguido que mis padres no me tengan que mandar ninguna ayuda económica porque he empezado a trabajar. Mi novio y yo hacemos frente a los gastos”, explica Adriana, originaria de Badajoz, que no entiende por qué la universidad le deniega la ayuda cuando está comenzando a emanciparse. Graduada por la Universidad de Extremadura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha optado por cursar un máster en formación del profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) al comprobar que no encontraba un puesto de trabajo como investigadora.
Sobre la denegación a Adriana, la universidad delega la responsabilidad de la decisión en el Ministerio. Y desde este departamento del Gobierno no aclaran por qué se llegan a generar estas desestimaciones. eldiario.es ha solicitado en reiteradas consultas al gabinete de Méndez de Vigo que detallen el procedimiento y los parámetros que se tienen en cuenta, y por el momento no han contestado.
Cuando el Ministerio acepta una solicitud de beca, cubre el coste completo de la matrícula del estudiante. Además de eso, puede concederle ciertas cantidades de dinero en función de su situación: un componente de renta de 1.500 euros para quienes están en el umbral económico más bajo; un componente de residencia de 1.500 euros para los que tienen que vivir fuera del domicilio familiar durante el curso –que no se aplica a quienes se declaran independientes–; y una cuantía variable que pondera las notas y la renta del estudiante con criterios poco transparentes.
Dudas sobre la independencia y emancipación
El caso de Adriana no es una novedad. A Rosa le ocurrió algo parecido en 2012. Tenía 36 años, llevaba más de una década trabajando y viviendo lejos de su familia y, cuando se quedó en paro, decidió retomar su educación. Pidió una beca que le permitiera costear la matrícula y subsistir mientras estudiaba, pero el Ministerio se la denegó por el mismo motivo que a Adriana. “Decían que con mis ingresos era imposible mantenerme y lo justificaban con que en ese caso no usaría la beca para su cometido, sino como un complemento para subsistir”, recuerda que le respondieron cuando preguntó en la universidad, que es quien tramita las solicitudes y valora cada caso antes de remitirlo al Ministerio para que resuelva. Al final tuvo que incluir a su madre, de 69 años, en la unidad familiar para que contabilizaran su pensión como ingresos y le dieran la beca.
El Ministerio no aporta información sobre casos concretos, pero asegura a eldiario.es que el solicitante debe acreditar “fehacientemente que a 31 de diciembre de 2016 contaba con los medios económicos suficientes que permitan la independencia así como ser titular o arrendador de su domicilio habitual”.
La jurisprudencia del Poder Judicial también recoge alrededor de 20 recursos que han llegado a los tribunales después de que las administraciones hayan desestimado becas por este motivo. En uno de ellos, en 2013 una magistrada de Tarragona llegó a examinar los ingresos y ahorros que tuvo una estudiante para determinar finalmente que ratificaba la decisión de la Agencia catalana de Ayudas Universitarias.
Para la jueza era “evidente que la recurrente” contaba “con ayuda económica para su subsistencia” porque si no no entendía –explicaba en la sentencia– “cómo ha sobrevivido [la alumna] durante estos años”. Aunque también destacó la particularidad de este caso, reseñando que “el problema viene dado” por “la falta de estos recursos o medios económicos y/o familiares para subsistir durante sus estudios universitarios en los términos de la convocatoria” mientras generalmente se deniegan las becas por superar los umbrales económicos.
En la CRUE, la organización que agrupa a las universidades españolas, no tienen datos sobre cuántos estudiantes se ven afectados por esta problemática, pero consideran que un estudiante con pocos recursos debe recibir siempre una ayuda para pagar los estudios. “Por el mero hecho de no tener ingresos no puede quedar fuera del sistema de educación superior”, señala el secretario ejecutivo de Asuntos Estudiantiles, Julio Contreras.
También explica que cada vez es más habitual encontrar estudiantes que piden beca como independientes: “Tenemos muchos estudiantes que trabajan y estudian y que, en cuanto tienen unos mínimos ingresos, se independizan”. Y añade que las universidades gastan unos 150 millones de euros al año en ayudas propias para quienes quedan excluidos de las becas del Gobierno pese a tener necesidades socioeconómicas. “Es necesario revisar el modelo actual”, sentencia Contreras.
“Vivo con estrés”
La situación de Adriana también la ha experimentado una de sus compañeras de clase, Ángela. El Ministerio propone denegarle la beca a esta bióloga sevillana de 31 años por “no acreditar suficientemente a juicio de la Comisión competente la independencia económica y/o familiar”. En este caso, no le han aclarado en las resoluciones oficiales por qué no ha justificado esa independencia ni en la primera respuesta ni en la contestación a su alegación. “Como bien verán en el contrato del piso en alquiler en el que vivo con mi compañero, cada uno de nosotros pagamos 375 euros, lo que supone en torno a un 51% de mis ingresos”, alegó. Según las nóminas aportadas a la unidad de becas de la universidad, durante los primeros meses de curso estuvo cobrando 518 euros, en diciembre consiguió que le ampliasen unas horas el contrato y pasó a ganar 735 euros.
Ángela reconoce que viviría más desahogada si le concediesen la beca, ya que por lo menos le cubriría los 1.728 euros que le ha costado la matrícula del máster. “No tendría que trabajar tanto y tendría más tiempo para dedicarme a los estudios. Actualmente, ni en el trabajo ni en los estudios estoy al 100%. Vivo con estrés y eso me desemboca en jaquecas”, apunta.
Tanto en el caso de Adriana como en el de Ángela, las denegaciones son provisionales: aún tienen opciones para recurrirlas y que les acaben dando la beca, pero el proceso burocrático es complicado. El Ministerio no les explica en detalle el motivo de la denegación ni qué documentos tienen que aportar para que se la concedan, sino que se limita a dar una respuesta genérica. Hace falta que el estudiante sepa lo suficiente sobre procedimiento administrativo y resuelva correctamente unos trámites que la administración no siempre facilita para que, con suerte, le acaben dando una ayuda a la que tenía derecho desde el principio. Una ayuda que, en muchos casos, marca la diferencia entre poder estudiar o quedar excluido de las aulas.
