Becerril: “Confieso que no sé cuál es la solución a la violencia machista”

Las víctimas de la violencia machista han sido uno de los ejes principales de sus actuaciones, como aquella que alertó del rastro de las llamadas al 016, pero a Soledad Becerril le preocupa que nada de lo hecho hasta ahora se plasma en una reducción de agresiones. Y confiesa: “No sé cuál es la solución”.

Así lo reconoce en una entrevista con Efe la defensora del Pueblo, cargo que abandonará el próximo 21 de julio tras cinco años en los que le “ha dado tiempo a hacer algunas cosas relevantes”, aunque la “defensa de los derechos humanos y las libertades no acaba nunca”.

Cinco años en los que ha comparecido 32 veces ante el Parlamento para explicar su actividad, que ha coincidido con los peores años de la crisis; por ello, muchas de sus recomendaciones han sido para desahuciados, consumidores financieros y colectivos más vulnerables; también para las víctimas de trata y de malos tratos, sobre todo menores, las de terrorismo y refugiados.

De puertas para adentro, con ella la institución ha reducido a la mitad el tiempo medio de respuesta (de 62 a 30 días) y en 300.000 euros su presupuesto (de 14,4 millones a 14,1), ha duplicado sus actuaciones de oficio (de 371 a 872) y ha disparado el número de resoluciones hacia administraciones de 548 a 1.771, de las que el 82 % fueron aprobadas.

Pregunta: ¿Cuáles han sido sus mayores logros?

Respuesta: No hablo de logros en esta institución, jamás, porque nunca se acaba; siempre surgen derechos que reivindicar y exigir. Ésta no es una institución de felicitaciones, porque lo que llegan aquí son problemas.

Entre 2012 y parte de 2014 se notó muchísimo la crisis y sus secuelas, en algunos campos muy especialmente: aquellas personas que no podían afrontar sus hipotecas y se encontraban con un problema gravísimo de ser expulsadas de la vivienda y las situaciones relacionadas con entidades bancarias, como las preferentes, que nos han ocupado mucho, mucho tiempo.

Sobre lo primero, el Gobierno se dio cuenta de la gravedad y aprobó un decreto ley que dio un instrumento judicial muy beneficioso para no poner a cientos de miles de personas de mala manera en las calles.

Respecto a lo otro, la CNMV y el Ministerio de Economía redactaron un código de buenas prácticas para que los ciudadanos supieran qué productos tenían riesgo y cuál era.

P: Pese a los escándalos financieros de los últimos años, ¿casos como el del Banco Popular pueden llevar a caer en el mismo error?

R: En este caso, preguntamos cuál ha sido la supervisión que ha hecho el Banco de España, si considera que ha sido suficiente y el por qué de las medidas tomadas. En este campo financiero hemos insistido también en la devolución de las cláusulas suelo que no procedían porque tenían que haberse visto reducidas o casi desaparecidas.

La verdad es que con el código de buenas prácticas, la presión social y la propia actitud de las entidades bancarias, se ha conseguido resolver situaciones muy dramáticas. Algunas todavía quedan, pero las circunstancias han cambiado.

P: Cáritas acaba de avisar de que siete de cada diez hogares no nota la recuperación económica.

R: Es que crisis de la magnitud de la que hemos tenido no se supera ni desaparece cuando las grandes cifras cambian. La crisis dura años aun cuando las cifras son buenas, como las de nuestro país, que tiene uno de los crecimientos mayores de la UE. Pero el daño producido a las familias va a tardar en curarse, si es que se cura.

P: ¿Qué otras actuaciones le han producido mayor satisfacción?

R: Nuestra insistencia en que los ayuntamientos pusieran viviendas de carácter público en alquiler porque hay muchas vacías. La mayoría han reaccionado de manera razonable.

También nos hemos ocupado mucho de los refugiados y en que España llegara a un acuerdo dentro de la UE.

Para conocer bien el problema y tener argumentos, he visitado campos de refugiados en Jordania, Grecia, Macedonia e Italia y he visto las circunstancias en las que están estas personas, que son cientos de miles. Y van a seguir viniendo, porque esta Europa de la que tanto nos quejamos es el paraíso al que quieren venir todas estas personas porque viven verdaderos infiernos.

P: El Gobierno admitió que España no cumpliría su compromiso de acoger a más de 17.000 refugiados porque “no hay tantos reubicables”.

R: En los últimos meses, España está haciendo un gran esfuerzo en la acogida y creo que puede cumplir con lo acordado de aquí a septiembre: no es exagerado y no se nos va a hundir el mundo ni muchísimo menos.

El problema fundamental de difícil solución es el del país de origen, estados fallidos y en guerra. La UE tiene además un sistema burocrático lento. Pero los sistemas han mejorado en los últimos meses y creo que la mayoría de los países que han decidido acoger serán capaces de cumplir con las obligaciones contraídas.

P: También ha visitado CIES.

R: En calidad de mecanismo de prevención de la tortura, visitamos todos los centros de internamiento: cárceles, calabozos, centros psiquiátricos y también CIES, hasta 101 en 2016.

Suelen ir dos o tres personas de la institución, que estudian los libros de registro, las celdas, las salas, hablan con internos, médicos, funcionarios, monitores... Yo estoy un día y después hacemos las recomendaciones para garantizar la seguridad de que no haya elementos cortantes o que puedan lesionar, que haya asistencia sanitaria los fines de semana, que esté todo bien mantenido...

P: Usted alertó de que las llamadas al 016 dejaban rastro en el teléfono, y en poco tiempo cuatro compañías solventaron este problema. ¿Cómo ve otros pasos que se están dando en contra la violencia machista? ¿Habrá pacto de Estado?

R: Me parece muy bien que haya un acuerdo para tomar medidas de manera conjunta, pero la verdad es que no veo un retroceso en estos delitos. Y confieso: no sé cuál es la solución. Sé que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan bien, se presentan inmediatamente; pero creo que la sociedad está un poco desconcertada sobre las causas porque no conseguimos que remitan los casos y que haya más denuncias y menos agresiones. Yo no veo claras las causas.

P: Los expertos insisten mucho en la educación.

R: Seguramente es un factor elemental, pero no sé si es suficiente. Muchas personas que cometen estos actos han recibido una formación por lo menos secundaria, no son “mayorcísimas” que vivían en poblaciones “aisladísimas”.

P: Sobre el “bullying” se ha empezado a tomar conciencia desde hace relativamente poco. ¿Hay solución a este acoso?

R: No puedo decir cuál es la solución, no me atrevería. Deben ser psiquiatras, psicólogos, sociólogos y educadores los que avancen en procedimientos. No sé si se llegará a una solución, pero mi tarea es denunciar cuando una familia, menor o centro escolar nos lo cuenta y entonces actuamos ante la Consejería de Educación de la comunidad correspondiente.

P: También ha insistido es en la gratuidad de los libros de texto, y la Comunidad de Madrid lo ha aprobado para el próximo curso.

R: Es fundamental, me alegro muchísimo, es una medida muy buena desde todos los puntos de vista. Es esencial para la educación gratuita y va a llevar al ánimo de los estudiantes el valor de ese libro, no solo el económico, sino el bien que supone que ese libro debe ser transmitido a otro niño el año que viene.

P: El defensor del Pueblo andaluz prevé una ola de quejas por el “brexit”.

R: Aquí todavía no, pero llegarán. Lo que hay en este momento es una gran incertidumbre, tanto en británicos que están en España como españoles que cruzan a Gibraltar a trabajar. No estoy aquí para juzgar la decisión de gobiernos extranjeros, pero ha sido una decisión de consecuencias no suficientemente descritas o explicadas. Hay mucha inquietud y vamos a tener muchísimos problemas.

P: ¿Qué es lo que más le preocupa dejar pendiente?

R: Todos los días hay pendientes derechos, esto no acaba. Habrá que seguir los asuntos relacionados con los refugiados, otros de carácter económico como viviendas y la ley de segunda oportunidad, y seguir muy atento a los centros hospitalarios, de los que tenemos cientos de quejas por la tardanza de hasta seis y siete meses en tener cita con un especialista.

Yo me voy, pero la puerta no se cierra.