Ana Botella imita el manual de las huelgas de Esperanza Aguirre
No era lo previsible, ya que las damas no son lo que se dice buenas amigas –basta recordar la metedura de pata de Botella cuando pidió un congreso para elegir sucesora de Aguirre al frente del PP de Madrid–, pero está sucediendo: la alcaldesa de Madrid sigue el “Manual Esperanza Aguirre para conflictos laborales en los servicios públicos”. Y lo hace con aplicación de buena alumna tomando, paso a paso, las decisiones que adoptó en su momento la líder del PP madrileño.
La expresidenta de Madrid ya lidió con un paro laboral de la limpieza, en su caso en el metro. En diciembre de 2007, los trabajadores fueron a la huelga y las estaciones se atestaron de basura, como ahora las aceras y calzadas de la ciudad. Es evidente que Ana Botella no tiene el carisma del que hace gala Aguirre ni, sobre todo, sus tablas para enfrentarse a la prensa. El tono de la regidora, que quiere ser firme pero que resulta en ocasiones violento, no resulta efectivo para abordar el conflicto, a diferencia del de Aguirre, a ratos campechano y castizo.
Así y todo, Botella imita a Aguirre. Sigue su hoja de ruta neoliberal con los problemas derivados de su política de privatización de servicios públicos, al punto de casi mimetizarse.
Primer paso: cesión a contratistas del servicio público
En 2007, Esperanza Aguirre se encontró con una huelga indefinida de los limpiadores del suburbano. Metro depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ella presidía entonces. La limpieza se adjudicó en 2006 (por cuatro años) a Sacyr, a través de Valoriza (70,6 millones de euros); Ferrovial, a través de Eurolimp y Ferroser (54 millones); y ACS, a través de Clece (74 millones).
En julio de 2013, Ana Botella subastó a la baja la limpieza de las calles de Madrid. ¿Ganadores? Sacyr con Valoriza (338 millones), Ferrovial con Cespa (340 millones) y OHL-FCC (600 millones).
Segundo paso: conflicto laboral “ajeno”
Cuando en diciembre de 2007 estalló el conflicto y la basura se acumuló en los andenes, Aguirre comentó: “Metro de Madrid tiene contratada la limpieza con una serie de empresas privadas. Son ellas las que tienen un conflicto, las que tienen la huelga”. Palabras casi calcadas que ha pronunciado la alcaldesa respecto al conflicto en la limpieza de las calles, a pesar del patinazo de “es un problema entre trabajadores y sindicatos”. “El servicio de limpieza está externalizado”, aseguró Botella en Berlín al presentarse el problema. Como si se tratara de un problema entre compañías privadas y sindicalistas de una fábrica cualquiera. Y en la rueda de prensa remató: “El Ayuntamiento es el cliente de estas empresas que tienen el conflicto”.
Tercer paso: culpar a sindicatos (y empresas)
A medida que se suceden los días de paro y la imagen de vertedero se intensifica, los trabajadores y sindicatos pasan a ser el objetivo. En 2007, las cámaras de seguridad del metro recogieron imágenes con personas ensuciando a propósito.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se encargó de distribuir ese material audiovisual. La expresidenta se justificaba: “Cuando se trata de 10 días en los que no solamente no se limpia, sino que ostensiblemente se ensucia por parte de quienes tienen obligación de limpiar”. Botella se sumó a esta estrategia y al noveno día de huelga indefinida espetó que el “31,4% de trabajadores afectados por los servicios mínimos hoy no han podido trabajar como consecuencia de la acción de los piquetes”. Añadió que los madrileños “no tienen por qué tolerar” las “actitudes vandálicas” y el “sabotaje”.
Ambas dirigentes populares se van mostrando duras respecto a un conflicto laboral en el que se sitúan como víctimas (también en los dos casos, el dinero que reciben las empresas concesionarias proviene de la misma fuente: las arcas públicas, que se llenan con los impuestos de los ciudadanos). Se anuncian expedientes y sanciones económicas para las contratistas. En este contexto acontece el paso definitivo.
Cuarto paso: la mano dura
A pesar de que tanto la alcaldesa actual como la presidenta de antaño aseveraron que la proliferación de basura no supone –ni suponía– un riesgo para la salud, a Ana Botella no le tembló la voz el miércoles 13 de noviembre al decir que, si en 48 horas no se solventaba la situación, “el Ayuntamiento asumirá el control de los servicios” mediante la empresa pública TRAGSA y cargará los costes a las empresas adjudicatarias. Hace siete años, Esperanza Aguirre salió un 27 de diciembre para anunciar con severidad que iba a “rescindir los contratos” de adjudicación de las empresas. La huelga en el metro madrileño terminó poco después. El 6 de enero de 2008, trabajadores y empresas firmaron un acuerdo y los operarios regresaron a adecentar la red.
El ruido se evaporó. Algo más de un año después, también se había evaporado el castigo. Metro de Madrid S.A. anunció en el BOE de 27 de marzo de 2009 la nueva “adjudicación del contrato para la prestación de servicios de limpieza de estaciones de la red de Metro de Madrid”. Los contratos se habían firmado en noviembre de 2008. Tras toda la crisis del paro laboral y el vertedero subterráneo, las adjudicatarias fueron: Sacyr con Valoriza (50,4 millones de euros), Ferrovial, a través de Eurolimp (38,3 millones), OHL con Pacsa (38,3 millones), más ACS (Clece se llevó contratos por 40 millones) y Pilsa (55 millones).
El parón en la limpieza de la calles de Madrid sigue aún activo. Las dos mujeres a la cabeza de las administraciones responsables de los servicios, Ana Botella y Esperanza Aguirre, con tantas diferencias entre ellas, comparten manual de crisis. Y aunque ambas han coincidido en la presentación del libro de memorias del expresidente del Gobierno José María Aznar, la maestra Aguirre aún no ha dado su opinión sobre el desempeño de su involuntaria pupila. Y con sus antecedentes, más debe de temer Botella al veredicto de la profesora que a los piquetes.