“Sigue siendo difícil que las víctimas puedan probar la violencia machista a través de su testimonio”

Han pasado diez años de aquel 2004, de aquel recién estrenado Gobierno de Zapatero que aprobó, con el apoyo de todos los grupos políticos, una ley pionera contra la violencia machista. En 2014 continúa vigente, aunque cada vez son más las voces que señalan aspectos que, con la perspectiva que da el tiempo, tienen que replantearse y revisarse.

La necesidad de especialización de los operadores jurídicos es un reclamo constante a lo largo de estos años. Aunque existen juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer (106 en España y otros 355 con competencias compartidas), es muy importante que la mujer se sienta acompañada desde el principio. “No solo es fundamental un juzgado específico, sino también asistentes sociales, médicos forenses y abogados que puedan mirar el problema y actuar con perspectiva de género”, explicaba Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género dependiente del CGPJ, en una entrevista con eldiario.es.

Es un requisito imprescindible, en opinión de los expertos, para que las mujeres se sientan arropadas a la hora de dar el paso de poner una denuncia, el único instrumento que puede poner en marcha un proceso judicial cuya resolución proteja a la víctima y condene al agresor. De las 41 mujeres que han sido asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas solo 11 habían denunciado su situación, lo que evidencia, según Carmona, “que hay mucho maltrato silenciado”.

En 2011, el panorama era muy similar. Según un análisis de sentencias realizado por el Observatorio, en el 77% de los casos que acabaron con la muerte de la mujer no figuraba ninguna denuncia previa. Sí había indicios, sin embargo, que constatan la existencia de agresiones físicas o psíquicas anteriores en el 41% de las resoluciones. “No se nos puede olvidar que el asesinato es la punta de la escalada de violencia, el máximo exponente al que preceden otros episodios de maltratato”, puntualiza la presidenta del Observatorio.

La denuncia como único instrumento

“La responsabilidad sigue recayendo exclusivamente sobre la víctima. Si la sociedad en la que vive esa víctima no actúa como red de protección si no más bien como todo lo contrario, las dudas se multiplican y el miedo también”, apunta Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. La denuncia es hoy el único instrumento que puede activar -de hecho se hace de forma automática- los mecanismos de protección, aunque los datos demuestran que solo tres de las 41 mujeres asesinadas en lo que va de año tenían una orden de alejamiento en vigor.

¿No se valora a tiempo el riesgo al que están sometidas estas mujeres? “Es complicado que las víctimas a través de su solo testimonio puedan probar la violencia”, explica Marta Monllor, coordinadora de proyectos de la Fundación Aspacia. Las formas de maltrato, coinciden todas las expertas, son cada vez más sofisticadas y soterradas, aunque no por ello menos agresivas. “Lo que sería muy evidente con un parte médico de por medio, se complica si la violencia consiste en limitar la libertad, controlar, humillar o anular la voluntad de la víctima”, sostiene Monllor.

Esta realidad también se refleja en las cifras. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 40% de las mujeres que solicitaron en los tres últimos meses de 2013 una orden de protección les fue denegada. En el primer trimestre de 2014, la cifra se mantiene en un 41% (4.614 órdenes) de las 7.865 que se solicitaron en este periodo (1,48% que el mismo trimestre del año anterior). En un 89,6% de los casos se establecieron medidas de alejamiento, en un 88,3% de prohibición de comunicación y solo en un 4,2% medidas privativas de libertad

Los datos que arroja la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 revelan que la relación entre medidas solicitadas y concedidas incluso se invierte en algunas comunidades autonómas. Por ejemplo, en Madrid el 56,54% de las solicitudes de órdenes de alejamiento se quedaron en un cajón en 2013 y en Cataluña la cifra escala hasta el 64,07%.

Instrumentos de valoración del riesgo infrautilizados

El mismo documento advierte, además, de que algunos procedimientos que permiten la evaluación profesional del riesgo al que están sometidas las mujeres que denuncian no están funcionando. Es el caso del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo, un mecanismo creado en 2011 y que apenas se aplica hoy, pues el informe forense resultante de la activación de este protocolo solo llega al juez en el 1% de los casos.

“El instrumento se activa cuando el caso llega al juzgado para comenzar la instrucción a raíz de la denuncia y la investigación preliminar de lo ocurrido. La valoración del riesgo, más que para el juicio, se requiere para adoptar medidas de protección por parte de la instrucción”, describe Miguel Lorente, uno de los artífices de su creación junto a Inmaculada Moltalbán cuando aún estaba al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

En su lugar, el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, en colaboración con Interior, está trabajando en el refuerzo de la valoración policial del riesgo a través de un sistema informático que cruza los datos con los juzgados en el caso de que la mujer haya acudido directamente allí y no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Que la mujer vuelva a convivir con su agresor o que tenga intención de separarse son dos factores que elevan el riesgo que corre la víctima”, explica Ángeles Carmona.

Pero este mecanismo, apostilla Lorente, no es tan completo como el forense. “El protocolo que propusimos es integral porque cuenta con una valoración del agresor y no solo de la víctima. En la policial, se dota de valor a determinados ítems asociados al riesgo a través de un sistema informático. Aunque el programa es fiable y fue desarrollado por un grupo de psicólogos de la Universidad Complutense, el diagnóstico es menos completo y no lo da un forense”, puntualiza.

Las razones de su baja implementación son varias. “El protocolo lo pone en marcha Justicia y se lo ofrece a las comunidades autónomas, pero las que tienen competencias en este ámbito no tienen obligación de asumirlo porque ningún protocolo es obligatorio”, explica Lorente. Además, añade, existe por norma general una falta de reclamo por parte de la instrucción y también una escasa formación sobre la utilidad que tiene. “Cuando hablamos de violencia, hablamos necesariamente de un riesgo que es imprescindible valorar con la mayor precisión y profesionalidad posible”, sentencia.

La confesión como atenuante

Mientras varios ministerios quedan inmersos en el debate de la valoración del riesgo, la confesión de la autoría se posiciona como la principal causa que atenúa las penas impuestas a los hombres que asesinan a sus parejas o exparejas. Así lo refleja el citado análisis de sentencias realizado por el Observatorio contra la Violencia de Género en el que expertos y expertas solicitan que esa circunstancia atenuante se suprima o, al menos, revise en los casos de violencia de género.

De las 44 sentencias dictadas en 2011 tras la muerte de mujeres a manos de su pareja o expareja –de esta cifra están excluidos los casos que acabaron con el suicidio del agresor–, nueve apreciaron el reconocimiento del delito por parte del autor como un atenuante del castigo penal. De esas 44 sentencias, 41 fueron condenatorias: el 73% por asesinato (penado con una media de 18 años y 3 meses de prisión) y el 22% por homicidio (castigado con 12 años de cárcel).

En estos escenarios, explica el informe, la motivación que justifica el tratamiento favorable a quien facilita la investigación con el reconocimiento de los hechos es inoperante, pues, en la mayoría de las ocasiones, las circunstancias que rodean al asesinato de las mujeres permiten sin dificultad señalar como autor a la pareja o expareja. Tanto es así, que el 34% de los hombres que acabaron con la vida de sus compañeras en 2011 se entregaron a la policía. “En estos casos, el valor de la confesión, que es contribuir a la investigación en curso, se desdibuja”, admite Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio.

A efectos de pena, los atenuantes pueden significar una reducción de hasta tres años de las condenas. “Son crímenes graves que suponen una vulneración de los derechos de las mujeres por el hecho de serlo. Ya que no existe una tipificación del homicidio específica en casos de violencia machista, al menos que las condenas no se reduzcan con la confesión. Porque aquí el reconocimiento del delito no está ligado con el arrepentimiento”, argumenta Carmona.

Otras cincunstancias que aún se consideran atenuantes son las adicciones al alcohol y las drogas. Una justificación que circula en la sociedad como factor de riesgo de violencia y que, sin embargo, los datos desmontan. En ninguna de las 44 sentencias de 2011 se apreció esta causa como atenuante de la condena. “En la calle sigue circulando la idea de que los maltratadores están locos o tienen problemas de adicciones. Los datos rebaten ese mito y nos dicen que la mayoría de las muertes son consideradas asesinatos en sede judicial porque se cometieron con alevosía, frialdad y ensañamiento. Los agresores –apostilla Carmona–son personas conscientes de lo que hacen”.

En el sentido contrario, también existen factores que agravan las penas de los agresores. En las resoluciones analizadas el más común (37%) es la relación de parentesco. En 2011, un 45% de las mujeres mantenían en el momento en que fueron asesinadas la relación de afectividad o convivencia con su agresor, una cifra muy elevada que, no obstante, es bastante más reducida que la de 2010, cuando alcanzaba el 72%.

Fondos estabilizados en mínimos

En los últimos cuatro años, el gasto en igualdad y contra la violencia machista ha caído en 16,9 millones de euros. Los 44 millones que suman ambos programas son un 27,5% menos de lo que se disponía en 2011. Los presupuestos de 2015 han frenado los recortes mantenidos en el tiempo, pero los pequeños repuntes no son suficientes para rescatar a las políticas de igualdad del sótano en el que se han instalado.

El otro apartado específico para las mujeres, el que se ocupa de la prevención de la violencia de género, ha seguido el mismo camino. Aunque la partida destinada para 2015 ha aumentado en 1,5 millones (6,7%), el presupuesto general de 23,7 millones está bastante por debajo de los 30,3 con los que se contaba en 2011. Tanto es así que ya el año pasado, el Ejecutivo envió un informe de situación a la Organización de las Naciones Unidas en el que omitía los recortes presupuestarios en la lucha contra esta lacra social.