¿Para qué sirven los CIE?

Djybi Edao estuvo encerrado más de un mes en un centro de internamiento de extranjeros por un único motivo: no tener papeles. Treinta y dos días privado de libertad, durmiendo con desconocidos en un cuarto de literas y un contacto con el exterior que se reducía a visitas de media hora. “Aquello es una cárcel”, dice por teléfono el joven senegalés sobre el centro de Zapadores, donde estuvo recluido. A pesar de todo, puede considerarse afortunado, porque su orden de expulsión no llegó a ejecutarse y continúa en Valencia, donde reside desde hace cinco años, cuando llegó a España.

Los CIE son recintos donde, como Edao, los inmigrantes aguardan su expulsión. La ley solo permite mantenerlos un máximo de 60 días. Si en ese tiempo no han sido devueltos, quedan en libertad. En 2011, 13.241 extranjeros pasaron por los centros de internamiento, pero tan solo el 48% fue expulsado, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Más de la mitad se quedó en España. “Es algo que se repite año tras año. El Gobierno sabe perfectamente que todos los inmigrantes irregulares que son recluidos en los CIE del Estado no van a ser deportados porque no tiene capacidad suficiente para hacerlo y, a pesar de todo, los encierra. Además del presupuesto que se dedica a mantenerlos, está lo más importante: que todo esto no hace sino generar sufrimiento y amedrentar a quienes no tienen papeles. ¿Para qué amenazan a tantas personas si ni siquiera las expulsan? Es muy perverso”, afirma Salva Lacruz, de la Campaña por el Cierre de los CIE.

Estar recluido una temporada en un centro llega a ser una experiencia “traumática” para muchos extranjeros. “El internamiento tiene un impacto psicológico muy fuerte en las personas internadas. Dos meses privado de libertad, sin nada que hacer, sin información sobre las gestiones y sobre su futuro, sometidos a fortísimas restricciones en su libertad de movimiento, compartiendo el espacio vital con personas a las que no conoces de nada... Es muy traumático”, asegura Cristina Manzanedo, abogada de la organización Pueblos Unidos.

Hace unos meses, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que el Gobierno iba a priorizar la expulsión de los inmigrantes con antecedentes judiciales o policiales y que no deportaría a los que no tienen papeles pero pueden demostrar su arraigo social en España. Un compromiso que, según las oganizaciones que trabajan con inmigrantes, no se está cumpliendo. “Si eso fuera así, no habría tanta gente internada por mera estancia irregular como ahora. El problema es que actualmente están equiparando antecedentes policiales con antecedentes penales. Y no es lo mismo”, afirma Manzanedo.

En su opinión, el origen de esta situación está en las directrices que actualmente manejan la policía, los jueces y los fiscales. “Está habiendo ingresos indiscriminados. En muchas comisarías, cuando comprueban que el inmigrante tiene una orden de expulsión, solicitan el ingreso en el CIE y, si hay plaza, acuden a solicitarlo al juzgado (es el juez el que que tiene que dar la orden de internar al inmigrante). Hay zonas de España, sobre todo pequeñas capitales, donde tanto el juez como el fiscal autorizan el ingreso cuando lo pide la policía y no tienen en cuenta otros factores como el arraigo de esa persona (si tiene familia, trabajo, etc.)”, afirma la letrada. En 2011, La Fiscalía desaconsejó el internamiento en uno de cada cuatro casos, según ha revelado. Las cifras dependen efectivamente del punto geográfico del que estemos hablando. En Asturias, el fiscal respaldó el ingreso en el 97% de los casos, mientras que en Madrid solo lo hizo en un 50%.

Denuncias

Los CIE llevan años siendo denunciados por organizaciones sociales y por la Defensora del Pueblo. Entre diciembre y enero, la muerte de dos inmigrantes en Barcelona y Málaga cuestionó de nuevo la situación en la que se encuentran los centros. De los ocho que hay actualmente en España (el de Málaga fue clausurado en junio por el mal estado en el que se encontraba el edificio), unos acumulan más denuncias que otros, pero en general las quejas han estado relacionadas con malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos. La falta de información fue lo que más preocupó a A Djybi Edao durante su internamiento en el CIE de Zapadores. “Cuando estás dentro, no sabes qué va a pasar. No sabes si vendrán a llevarte a ti, porque no te dicen nada. Un día dijeron que podía irme, cogí mis cosas y me fui”, recuerda.

En su memoria de 2011, la Fiscalía reconoce que existe una “masificación” y faltan módulos diferenciados para separar a los internos. Los centros acogen a dos tipos de extranjeros: los que son encerrados porque no tienen papeles, como Edao, y los condenados por algún delito cuya pena es conmutada por la expulsión. Todos comparten las mismas instalaciones. Separar a unos de otros es también una de las reivindicaciones que más se han escuchado en los últimos años. Aunque hay organizaciones que solo contemplan el fin de los CIE. “Nosotros partimos de la base de que no deben existir, porque no está justificado en ninguno de los dos casos. Asociar, como están haciendo, inmigración y delincuencia es criminalizar a los inmigrantes. En el caso de los que han cometido un delito, debe celebrarse un juicio justo y, si tiene que cumplir la pena, que lo haga como el resto de ciudadanos. Hay veces que terminan cumpliendo una doble pena, cárcel y ser expulsados”, asegura Salva Lacruz, de la Campaña por el Cierre de los CIE.

El reglamento

A día de hoy, no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento, y siguen estando regulados por una orden ministerial del año 1999. El anterior gobierno socialista empezó a redactar el reglamento que ahora ultima el ejecutivo actual. El texto continúa otorgando todas las competencias a la Dirección General de la Policía y es “más de lo mismo” para las organizaciones sociales, como ya defendieron en este comunicado. A su juicio, el borrador limita las visitas de familiares y ONG, impide las quejas directas a los jueces, no garantiza que haya intérpretes y prima las cuestiones de control y seguridad. “El cambio más grueso en el modelo de los CIE debería ser acabar con el régimen carcelario. Y para hacerlo habría que cambiar el modelo para que no fuera policial. Y el texto no trata este tema”, afirma Manzanedo. La Defensora del Pueblo ya recomendó hace meses que, en el nuevo reglamento, la policía fuese destinada a supervisar la seguridad exterior de los centros, pero que la gestión de la vida cotidiana estuviera en manos de funcionarios especializados en servicios sociales.

Un buen ejemplo que ayuda a entender qué sistema rige la vida de los internos en los CIE es el hecho de que a cada inmigrante se le asignada un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. “Ni en la cárcel ocurre eso. La explicación que dan es que sus apellidos son muy raros y esa no es una excusa”, asegura Manzanedo. “Es un ataque a su dignidad”.