Rivas, tercer ayuntamiento que aprueba iniciativas ante los tribunales contra el franquismo y su impunidad
En solo dos meses tres ayuntamientos españoles han aprobado mociones para impulsar querellas contra los crímenes cometidos durante el franquismo. La última de ellas obtuvo luz verde este jueves en Rivas Vaciamadrid, a iniciativa de Rivas Puede, Somos Rivas y el PSOE.
Con 17 votos a favor de dichos grupos municipales, la moción contó con la mayoría del Pleno a favor. Tan solo hubo 8 votos en contra de PP y Ciudadanos. La propuesta surge impulsada por distintas personas, organizaciones municipales y asociaciones por la Memoria Histórica como CeAqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina).
En base a dichas peticiones, el pleno municipal ha llegado al acuerdo de querellarse ante los Juzgados de Instrucción que corresponda e iniciar así una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista sobre ciudadanos y ciudadanas de Rivas Vaciamadrid o familiares de los mismos.
La moción establece también la recuperación de aquellos lugares y la memoria histórica de los crímenes llevados a cabo por el régimen franquista en sus distintos periodos, fomentando y apoyando la investigación y recogida de información acerca de esos crímenes.
Finalmente, el consistorio se compromete a llevar a la Asamblea de Madrid los acuerdos tomados por el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid e insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a iniciar la tramitación parlamentaria de una Ley de Memoria Histórica que recoja, entre otras cuestiones, la colaboración entre administraciones para localizar e identificar a los desaparecidos durante la dictadura.
Nuevas puertas abiertas para las víctimas
Esta iniciativa se suma a las ya aprobadas de forma similar en los ayuntamientos de Pamplona y de Zaragoza, impulsadas también por CeAqua.
Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo se destaca la importancia que tiene la implicación de la instituciones para terminar con la política de impunidad que se mantiene en el Estado español en relación con los crímenes de la dictadura española.
“El tema está siendo tratado en diversos ayuntamientos, hay planificadas actividades en diversos lugares del Estado español”, ha señalado el abogado Carlos Slepoy, de CeAqua.
Además de estas querellas impulsadas desde los consistorios, esta semana se ha presentado en México una querella por la desaparición de un ferroviario en 1936 en Medina del Campo, de la mano de Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
De este modo, México se convierte en el segundo país tras Argentina en el que se abre una puerta para las víctimas de crímenes franquistas.
Allanar el camino para que se investigue en España
Junto a ello, otro paso más: Ascensión Mendieta está cumpliendo al fin su sueño de recuperar los restos de su padre, asesinado en 1939. La exhumación de los restos en Guadalajara es la primera que se realiza en España solicitada por la jueza María Servini de Cubría, que instruye la denominada querella argentina por los crímenes del franquismo.
“Lo justo habría sido que la justicia se hiciese en España y no tener que ir hasta Argentina” para lograr su exhumación, ha dicho la familia Mendieta.
Estas iniciativas contra la impunidad del franquismo, impulsados en Argentina, México, y ahora también en ayuntamientos españoles, allanan el camino para nuevas acciones y colocan en el debate público la falta de voluntad que ha habido en España para investigar los crímenes de su propia dictadura.
El abogado Carlos Slepoy, impulsor de la querella argentina, ha dicho en más de una ocasión que confían “en que haya jueces españoles dispuestos a investigar”, porque “hay un clamor internacional contra la impunidad del franquismo”.
No en vano, en menos de un año se han emitido resoluciones de tres organismos de Naciones Unidas que resaltan la necesidad de investigar los crímenes del franquismo, de derogar la Ley de Amnistía y de exigir al Estado español que “cumpla con su obligación” y busque a los 113.000 desaparecidos víctimas de la dictadura.
