Los jueces alertan de que el Campus de la Justicia de Ignacio González nace al borde de la saturación

El riesgo lo calcularon matemáticamente los arquitectos y lo ilustran ahora los jueces: el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid que el presidente regional Ignacio González tiene en trámite –acelerado– de adjudicación corre peligro de nacer ya saturado: “La previsión de espacio parte de una superficie estimada basada en las necesidades del partido judicial de Madrid, [con una] reserva insuficiente para albergar los juzgados de la Comunidad en caso necesario”, han dejado por escrito en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es. Esa futura ampliación y otras exigencias funcionales ponen el proyecto del Ejecutivo regional al borde arrancar con estrecheces.

El problema “puede resolverse con un estudio serio y riguroso”, recoge el informe elaborado por la asociación Jueces para la Democracia (JpD). Pero la elección del encargado de construir y mantener la Ciudad de la justicia durante 30 años quema etapas velozmente, ya que las elecciones autonómicas del 24 de mayo cambiarán el equipo de gobierno sea cual sea el resultado –Ignacio González ha sido apartado por el PP en favor de la candidatura de Cristina Cifuentes–. En un plazo máximo de 40 días después de las elecciones, según el reglamento de la Asamblea de Madrid, habrá una persona diferente gobernando la región.

“No recibimos ninguna consulta sobre las necesidades o recomendaciones que pudiéramos plantear”, cuenta Ivana Redondo, coordinadora en Madrid de JpD. El plan está ahora mismo en fase de estudio por parte de los contratistas que deben presentar sus ofertas antes del 1 de abril. Después vendrá la resolución del concurso que adjudicará un contrato presupuestado en 1.700 millones de euros. El análisis de estos magistrados y jueces madrileños parte de que en la región “la necesidad de nuevos órganos judiciales es un hecho notorio”. Y reiteran que sería interesante proyectar la eventuales ampliaciones antes de construir, no una vez que el juzgado esté en marcha.

Juicios con las obras al lado

Eso es algo que se vive en el día a día de las sedes que se ven obligadas a realizar obras con toda la maquinaria judicial en marcha. Sin ir más lejos, unos de los edificios presentados como estándar de calidad, los juzgados de Arganda (Madrid), tuvo que “agrandarse por el garaje para ubicar las dependencias forenses”, ha contado un funcionario de esa sede. Arganda es una dependencia puesta como ejemplo. Es cierto que el edificio tiene muchísima luz“, admite este trabajador.

Ya la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aconsejó en 2013 estudiar que juzgados de diversas localidades muy pobladas de la comunidad tuvieran competencias provinciales (no sólo de su partido judicial) por lo que se trasladarían a Madrid (es decir, al campus). Eso es lo que este informe considera que no se ha ni siquiera contemplado.

Pero, además, los juzgados se han pensado sin tener en cuenta otras cuestiones de espacio que condicionan la administración de justicia: “Resulta necesario que los juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer dispongan de una sala polivalente donde puedan tomar declaración [pero] están previstas en número muy inferior al necesario”. También en esta línea “se detecta una escasez de salas de vistas en relación al número de juzgados”. Esta cuestión provoca, según la experiencia de los magistrados, que se alarguen los juicios ya que “impide señalar la continuación de juicios suspendidos”.

Un arquitecto especialista en el diseño de estas dependencias contó a eldiario.es que el anteproyecto se quedaba corto. Prevé construir 200.000 m y dotarles de una serie de infraestructuras para las que no hay espacio tal y como las pedía el Gobierno. Los cálculos de estos jueces es que, incluso si se lograra incorporar todo lo que se ha listado en ese espacio, el campus no alcanzaría para las necesidades procesales de Madrid. Esta comunidad tiene un 9,8% más de litigiosidad que la media nacional: 201 casos por cada 1.000 habitantes por 183, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2014.

Para completar la batería de problemas espaciales, los jueces aseguran que se ha olvidado aumentar la posibilidad de desatascar esa litigiosidad mediante servicios de mediación. No llegar a juicio. Esta solución extrajudicial es todo un ahorro de tiempo y también de dinero. Las cuentas son, grosso modo, que un procedimiento cuesta de media 20.000 euros por 400 de una mediación, según JpD.

“Pocas cosas pueden resultar tan frustrantes y antieconómicas que un edificio que no pueda albergar todas las unidades judiciales el día de su inauguración”, sentencia el texto de JpD al referirse a esta falta de previsión. Romero insiste en que “las alegaciones que hicimos al pliego de condiciones han sigo negadas sin mucha argumentación. Nos han dicho que es un proyecto que tiene que llevarse a cabo”.

Privatización de servicios públicos

Otra de las cuestiones que ya apuntaron los técnicos en construcción y que también ha llamado la atención de los magistrados es elegir una fórmula de concesión para pagar el proyecto: “Viene a legitimar la privatización de aspectos fundamentales en la administración de justicia”. Así, durante tres décadas, el contratista estará al frente del mantenimiento, seguridad, vigilancia, archivo y gestión documental y atención al ciudadano. “Se genera así un coste que deberá afrontar el ciudadano a cambio de la explotación privada”.

Esta privatización, aducen, les concede a las empresas “libertad permanente sobre el diseño y la decisión de la explotación” del espacio. “Nos han dicho que será la administración la que decida sobre lo que proponga el contratista. Debería ser la administración la que propusiera los diseños previamente”, concluye Redondo.