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Interior abre una “investigación” a dos funcionarios tras denunciar irregularidades en una prisión

La prisión de La Moraleja, en Dueñas, Palencia (agosto de 2014)

Laura Cornejo

Sin agua, sin ventilación, sin luz natural, sin oscuridad para dormir, vigilados por cámaras… Así pasan los tres primeros días los presos del centro de la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia) sospechosos de portar objetos o sustancias en su interior. Son las condiciones de la 'celda 61', denunciadas por el sindicato de funcionarios Acaip hace apenas un mes y que se ha sustanciado este martes en una denuncia contra el director de la cárcel y en la petición de cese inmediato.

Pero mientras, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido abrir una información reservada a dos funcionarios que estuvieron presentes en la rueda de prensa donde el responsable nacional de Acaip, José Luis Pascual, hizo públicos los hechos. “Uno de ellos ha declarado ya. Se le han hecho preguntas capciosas, intentando recabar su opinión. Es una forma de coaccionar”, lamentó Pascual en declaraciones a eldiario.es.

En el escrito presentado en los juzgados palentinos se relatan “condiciones infrahumanas”, prácticas “degradantes de la condición humana” y posibles “malos tratos físicos y psíquicos”, desde que en 2015 se creó una 'celda de observación' que no se utiliza de manera adecuada. El preso, aseguran, pasa tres días vigilado y observado durante 24 horas “hasta en sus actividades más íntimas”, “comiéndose en muchos casos lo que expulsa” y “sin salir al patio”, en aplicación del artículo 72 (aislamiento provisional) del Régimen Penitenciario. Lo lógico, dicen desde Acaip, sería trasladarlos a un centro hospitalario para que, mediante la exploración radiológica se confirmasen las sospechas. En lugar de eso, se espera a que el interno evacúe en un inodoro cuyo desagüe desemboca en otra celda y donde un 'preso de confianza' provisto de “guantes y mascarilla” y  acompañado de un funcionario, criba las heces en busca de drogas o cualquier objeto prohibido.

Las condiciones no mejoran demasiado después de esas 72 horas, cuando se les aplica el artículo 75.2 del Régimen Penitenciario: una hora de salida al patio en soledad y cacheos con desnudo integral si abandonan el departamento por cualquier circunstancia. Pero la celda no cambia. No hay agua ni en la ducha ni en el lavabo y siguen sometidos a la vigilancia de las cámaras las 24 horas. Tanto es así, que la celda nunca llega a estar en completa oscuridad.

La situación llega a ser tan límite que, según el sindicato, algunos presos han intentado ahorcarse después de siete días en esas condiciones. “Desde marzo hasta junio han pasado cinco presos por la celda 62. Todos se han autolesionado. A uno lo tuvieron que descolgar”, explicó el  responsable del Comité Ejecutivo Nacional de Acaip, José Luis Pascual. “Esas celdas, que existen en otros centros penitenciarios, y que se crearon con la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, están pensadas para aislar al interno en el breve espacio de tiempo (hasta de unas dos horas) que transcurre desde que se avisa al juez de Vigilancia Penitenciaria para que autorice el traslado a un centro hospitalario para que le hagan radiografías, hasta que llega el vehículo de la Guardia Civil que es quien lleva al preso. La celda es para mantenerlo aislado y evitar que expulse lo que lleve en otro baño, en ningún caso para tenerlos allí una semana”, comentó.

Acaip aclara en su denuncia que el aislamiento provisional como medio coercitivo (artículo 72) suele aplicarse “en casos de agresividad manifiesta, excitación nerviosa externa y grave derivada de agresión entre internos o de estos a funcionarios. Se intenta cortar de raíz una situación límite, aislando individualmente a los internos implicados, o se intenta proteger su vida e integridad así como la de los demás”. Sin embargo en La Moraleja y “según consta en el Libro de Servicios y resto de documentación a la que se ha tenido acceso, no ha obedecido, en ningún caso, a una situación de violencia o agresividad manifiesta por parte de los internos afectados.

El director aplica este artículo durante los primeros días que los internos se encuentran en las celdas de observación“. Las instrucciones que da en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es están basadas en ”motivos regimentales“ y explica que estos se dan cuando ”existen razones fundadas de que el interno ha introducido droga en una comunicación y con objeto de preservar el buen orden del establecimiento se procede a su aislamiento provisional, y así tratar de conseguir que expulse las sustancias que pueda portar en su cuerpo“. En el mismo documento se precisa que el interno recibirá un colchón, sábanas y una botella de agua, cuando haya cumplido veinte horas en la celda (es decir, que se reconoce que las estancias pueden alargarse mucho) así como que  la desagradable tarea de diluir los restos defecados y que se encomiendan a otro preso.

Por otra parte, Acaip señala que la dirección del centro ha llegado a comunicar al juez de Vigilancia Penitenciaria que un interno en régimen de observación saldría al patio junto al resto de presos, aunque las salidas fueron en solitario.

El sindicato considera que los funcionarios del Departamento de Ingresos se encuentran en una situación de “desamparo jurídico absoluto”. “Tienen que acatar órdenes del director, escritas, pero que están contrapuestas frontalmente con lo comunicado al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Es decir contemplan diariamente como el director del Centro mantiene a las personas con limitaciones fuera de toda norma y en condiciones cuanto menos vergonzantes pero que tranquilamente se pueden considerar al menos degradantes de la condición humana y pudiera ser que del análisis de toda la documentación incluso se estuvieran produciendo malos tratos físicos y psíquicos y falta de respeto por los derechos humanos”, dice textualmente la denuncia.

Este diario intentó contactar con el responsable del centro penitenciario, desde donde indicaron que no se harían declaraciones y que la vía de comunicación era la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que tampoco respondió a las llamadas ni al correo electrónico que se remitió a su gabinete de prensa.

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