Cifuentes sigue aumentando el número de alumnos por clase ilegalmente mientras la justicia lo investiga

El Gobierno de Cristina Cifuentes sigue masificando las aulas ilegamente, según su planificación para el curso que viene, y está escolarizando a más niños y niñas de tres años de los permitidos por los límites máximos. En centros como el CEIP Plácido Domingo, en el distrito de Arganzuela, las clases de este nivel tienen 28 alumnos, tres más que el tope legal desde el curso pasado, cuando dejó de ser aplicable un decreto de 2012 que avalaba excepcionalmente el aumento de las ratios un 20%.

“Tras recibir el mensaje de no admitidos, el colegio nos llamó hace una semana para avisarnos de que nuestro hijo de tres años podía matricularse por una amplicación de ratios”, relata Mario, que explica que, según se desprende de las listas, en total han sido nueve los alumnos incorporados de más, tres por aula.

La Lomce permite excepcionalmente en su artículo 87 “el incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula”, pero solo si eso está justificado “para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado por incorporación tardía o bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria”. Y no es ninguno de estos casos porque estamos en la fase ordinaria.

El responsable de Educación, Rafael Van Grieken, aseguró hace justo un año que en el curso 2016-2017 iban a respetarse “las ratios establecidas en todas las unidades de principio de ciclo”, es decir, las de los niños y niñas que entran nuevos al colegio en primero de Educación Infantil. No cumplió su palabra y tampoco la va a cumplir el curso que empieza en septiembre, pese a que la actuación del año pasado, ya contraria a la ley, está siendo investigada por la justicia. Preguntada sobre la situación, la Consejería no ha dado respuesta a este medio.

Tres juzgados de Madrid aceptaron en enero tres recursos de Comisiones Obreras a este respecto y abrieron diligencias para dilucidar si la actuación de la Consejería es o no es conforme a la ley. Otros dos juzgados se inhibieron a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que el asunto, sobre el que aprecian motivos para investigar, escapa de sus competencias.

Para el resto de niveles, Educación emplazó la reducción del número de estudiantes por unidad a “las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas”. Y esto provoca que se sigan dando casos como el de la clase de cinco años del CEIP Fontarrón, en Moratalaz. Según las listas provisionales de admisión, el aula tendrá 28 niños y niñas, de los cuales seis tienen necesidades educativas especiales, un número “inviable” para dar una correcta atención, según una carta que ha remitido el equipo docente y de apoyo de Infantil a la Dirección de Área Territorial (DAT).

Según el AMPA de este centro preferente para motóricos (niños y niñas con discapacidades que afectan al área motora), se han remitido cuatro escritos a la administración: uno de la dirección del colegio solicitando un desdoble en dos clases –porque el centro es de línea dos–, otra de las familias, una más del AMPA y la del equipo docente, la última. La DAT solo ha respondido a la primera, aseguran las familias, negando esta posibilidad.

El número de niños y niñas con necesidades educativas especiales previstas para este aula (6) triplica el número de plazas que reserva la administración por clase para estos menores (2). Tres de ellos vienen de cuatro años y otros tres no pasan a Primaria, de manera que se incorporan a la clase de cinco aunque ya han estado este año en este nivel, explican las familias.

“Los maestros nos dicen que conociendo los casos, trabajando con ellos, no es viable atender correctamente la diversidad con un solo tutor y algunas horas de apoyo”, explica la madre de uno de estos niños, con parálisis cerebral. Su hijo no tiene autonomía para subir y bajar escaleras ni para ir solo al baño.

Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por  un decreto aprobado en 2012 con el exministro José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal.

En septiembre de 2016 este escenario pasó a la historia porque ya se cubren todas las vacantes, tal y como aclaró el Ministerio de Educación un mes antes, cuando concretó que las ratios máximas volvían a ser 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

La Comunidad de Madrid se encuentra estos días en plena vorágine de admisión y matriculación, un proceso que genera quejas por parte de las familias año tras año desde 2013, cuando Esperanza Aguirre implantó el sistema de “libre elección” de centro escolar. Esto significa que los padres y las madres pueden escoger cualquier colegio o instituto para sus hijos. Que les concedan o no algunos de los tres que pueden poner en la lista depende de los puntos que tengan (por hermanos en el centro, por cercanía al domicilio...).

Miles de niños y niñas sin plaza

Según datos recabados por CCOO, más de 1.800 familias con hijos e hijas de Infantil no han sido admitidas en ninguna de sus opciones en la ciudad de Madrid. En todos los niveles educativos, la cifra asciende a casi 8.600. Y en la región son muchos más. Estos padres y madres hacen colas estos días para verificar qué plazas están vacantes en otros colegios. eldiario.es ha pedido a la Consejería las cifras de no admitidos sin obtener respuesta.

“El derecho a la libre elección es un mero hecho propagandístico que lo único que ha generado ha sido caos en la escolarización en Madrid”, dicen desde el sindicato, que llama la atención sobre “un gran desequilibrio” entre centros públicos. “Unos muy masificados que ya no tienen más opciones de ampliar y han tenido que recurrir a partir espacios con tabiques cargándose aulas de especialidades y laboratorios; y otros, que suelen ser no bilingues, que acogen al alumnado que no quiere o tiene dificultades para seguir el programa bilingüe, en ocasiones porque tienen otras necesidades educativas especiales”, señalan en CCOO en Madrid.

Solo en el distrito de Arganzuela, según las cifras del sindicato, hay 124 niños y niñas sin plaza. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Arganzuela-Lavapiés se queja de la “falta de planificación”. “Arganzuela es la zona con más cambio demográfico por la construcción de zonas residenciales y la Consejería no está respondiendo a eso”, dice Raúl, uno de sus miembros. La organización asegura que varios colegios –hay siete en el distrito– han aumentado el número de líneas (aulas por nivel) por encima de su capacidad convirtiendo en clases espacios no pensados para ello.