Las familias pagan el 70% de lo que cuesta la gestión privada de guarderías públicas en Madrid

Las familias que inscriban a sus hijos e hijas en la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid van a cargar desde el próximo curso con la mayor parte de la financiación. En un centro modelo de ocho aulas, el porcentaje que soportan –con las cuotas mensuales y los precios de comedor– alcanza el 72,34% de los cerca de 455.000 euros que cuesta mantener una guardería por curso escolar, según los pliegos de condiciones que regulan su adjudicación. El resto, algo más de 125.000, corre a cuenta de la Comunidad de Madrid.

La asimetría en la lógica financiera ha ido cayendo con el paso de los años del lado de las familias, que en 2004, cuando la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, puso en marcha la gestión indirecta de los centros de 0 a 3 años, solo asumían un 33% del coste total del servicio por año. Cinco años después, ese porcentaje se abultó hasta el 60%. Según datos de los pliegos de condiciones de este año –que regulan la gestión desde 2014 a 2019–, las arcas regionales solo aportan un 27,66% del presupuesto necesario para el mantenimiento de este tipo de modelo.

Pocas escuelas infantiles gestionadas por cooperativas de educadoras han sobrevivido a la criba del último concurso público, celebrado el pasado mes de julio. Ni del Ayuntamiento de Madrid, ni tampoco en la Comunidad. En la región, de los 11 centros educativos que han concursado, solo cuatro continuarán cinco años más en manos del mismo equipo. Pero el precio a pagar por seguir adelante con su proyecto educativo es cada vez más caro.

Desde que la región diera el pistoletazo de salida al modelo de gestión indirecta en el tramo 0-3, las claúsulas que determinan la adjudicación de los centros a la empresa o cooperativa ganadora del concurso han sufrido modificaciones muy significativas. Tras 10 años con estos conciertos en marcha, el Gobierno del Partido Popular ha transformado por completo –y casi a modo de laboratorio– la fisionomía de toda la red sostenida con fondos públicos. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado?

Del precio unitario a la subasta

En los primeros pliegos, la propuesta pedagógica de las candidaturas se equiparaba en puntuación a la capacidad de gestión económica. Así, de los 10 puntos que se podían obtener, el 50% correspondía a la gestión organizativa y la mitad restante dependía del proyecto educativo (30%) y de la cualificación del personal (20%).

Este reparto inicial facilitó la entrada de grupos con proyectos pedagógicos a la vanguardia de la innovación educativa que, en los últimos años, se están quedando arrinconados a favor de grandes conglomerados no especializados en el campo de la educación, como Clece (del grupo ACS, de Florentino Pérez) o Eulen (inicialmente dedicado a la limpieza), que buscan un beneficio de esta actividad. La primera, según datos de su página web, gestiona 86 escuelas (10 de ellas en Madrid) y tiene 7.500 niños y niñas a su cargo.

Es el caso de Las Nubes, la escuela infantil mejor valorada de Madrid en el tramo 0-3 según un ránking publicado por el diario El Mundo. La cooperativa que, gracias a una sólida propuesta educativa, se ganó a pulso este puesto ha tenido que dejar las aulas que han ocupado durante 10 años. El final parecía inminente y, tras quemar el último cartucho por la vía legal, efectivamente lo ha sido. Las familias se han marchado de vacaciones sin conocer quién estará al frente del centro de sus hijos el próximo curso.

El motivo del relevo en la gestión es la implantación a partir de 2008 de un sistema de subastas en el que el peso mayor en la puntuación (45%) depende de las cuotas. Esto es, por cuánto se oferta cada plaza. Hasta ese momento, las escuelas infantiles tenían un presupuesto cerrado, es decir, todas un mismo capital fijado por la Consejería de Educación que era invariable.

Con el nuevo reparto, la puntuación que obtiene cada grupo que vaya a concurso depende del precio al que oferte la plaza el resto de empresas que compiten por la concesión, lo cual quiere decir que el candidato que presente un importe equiparable al de base obtiene automáticamente un cero de esos 4,5 puntos relativos a las cuotas.

“Las administraciones podrían estar prorrogando los contratos con estas cooperativas de economía social, pero están llevando a cabo nuevos concursos que rebajan, de media, un 12% los presupuestos anteriores. A eso hay que añadirle que las empresas están ofreciendo todavía más baratos sus servicios por lo que las escuelas van a funcionar con un recorte de fondos del 30%”, explicaba Blanca Alanza, la presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (AMEIGI), en una entrevista con eldiario.es.

A efectos prácticos, este cambio ha obligado a las escuelas en manos de cooperativas a reducir sus presupuestos para poder competir con el resto. Con los actuales, muchas ni siquiera podrían presentarse a concurso porque sus cifras superan la base de licitación de la que se parte. Y, a partir de ahí, a pujar a la baja. El resultado es que centros educativos como el de El Espinillo, en Villaverde Alto –una de las cuatro escuelas que continúan con el mismo equipo– cuentan con un 28% menos de presupuesto del que disponían el curso pasado.

Cuotas mensuales hasta un 175% más altas

Pagar más de 200 euros para poder llevar a un bebé a una escuela infantil. Es el escenario que se presenta mes a mes para las familias con menos recursos inscritas en alguna de las guarderías madrileñas de gestión indirecta. Ocurre desde el curso 2012-2013, cuando las tasas mensuales aumentaron hasta en un 175% para los tramos de renta más bajos.

Hasta 2008, había padres y madres que tenían plaza gratuita, pero ahora, sin ningún tipo de ayuda, cada vez son más las familias que renuncian. La situación, dicen en las propias escuelas, ha llegado al punto de que algunos niños dejan de asistir a mitad de curso porque no pueden asumir el precio de la mensualidad.

Todos los precios incluyen el servicio de comedor (96 euros al mes). En el caso de los bebés (hasta 1 año), la cuota mensual se incrementa en 60 euros independientemente del tramo de renta.

Pagar más por las horas extra

La única condición para matricularse en una escuela infantil de la Comunidad de Madrid es la obligación de que todos los niños utilicen el servicio de comedor. Esta cantidad, incluida en la cuota mensual, ha aumentado un 1% desde que vieron la luz los primeros pliegos en 2004: de 95 euros mensuales a 96. A esta subida moderada hay que añadir otra de un 26% en el precio de las horas que extralimitan la jornada estándar –de 9 a 16–. Por cada media hora extra, las familias pagan por niño 17,27 euros. En 2004, el mismo servicio costaba 14. La suma de aportación familiar a la financiación de la guardería pública se va incrementando de partida en partida.

Menos apoyos para más niños

Pero la escalada de las cuotas no ha repercutido necesariamente en una mejora del servicio. Más bien todo lo contrario. Si en 2004 una escuela modelo de ocho aulas estaba obligada por los pliegos a contar al menos con cuatro profesionales de apoyo a los tutores, en los cambios de 2009 este número se redujo a una sola persona.

Al mismo tiempo, el decreto 18/2008, de 6 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil fijó la ampliación de las ratios en el tramo 1-2 y 2-3: el número de alumnos por aula aumentó de 12 a 14 en el primero y de 16 a 20 en el segundo.

Cuando la privada es más barata que la pública

El aumento de las tasas ha desplazado buena parte de la demanda hacia guarderías privadas de la región que ofertan sus plazas a un precio inferior. Las listas de espera de las públicas, antes desbordadas, están ahora vacías y ya son muchas las aulas que han tenido que echar en cierre por falta de ocupación.

Aunque durante los dos últimos cursos las tarifas se han mantenido congeladas, muchos hogares no tienen recursos para asumir las mensualidades e intentan buscar alternativas adaptadas a su bolsillo. Algunos padres y madres han perdido su empleo y ahora se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos. Otros recurren a escuelas privadas, una opción cada vez más viable gracias a la subvención que el Ejecutivo regional destina a las familias que acuden a estos centros: los cheques guardería.

Fuentes de la Consejería de Educación cifran en 34 millones de euros la partida presupuestada para estas becas de entre 100 y 160 euros mensuales según renta que “alcanzarán a 31.000 niños y niñas madrileñas este año”. Un “gran esfuerzo de inversión”, en palabras de Ignacio González, para una etapa que no es “ni gratuita ni obligatoria”.

Desde el curso 2002-2003, cuando se concedieron por primera vez estas ayudas, su cuantía se ha multiplicado casi por seis. También, como es lógico, ha aumentado el número de niños y niñas beneficiarios: de 4.719 a 31.000. En esta coyuntura, algunos centros privados comienzan a publicitarse como “más económicos que las escuelas públicas” ya que, con el descuento mensual, el precio de la plaza privada se vuelve más asequible.

En la Comunidad de Madrid existe una red de unas 320 escuelas infantiles de las cuales 90 están gestionadas directamente por Educación. Según la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (AMEIGI), “del resto, el 70% ya está en manos de grupos empresariales”. Mientras, los cheques guardería se reparten sin mayores requisitos a cualquier familia que quiera matricular a sus hijos en guarderías privadas. Eso sí, tiene que solicitarse antes de que la propia consejería abra el plazo de matriculación de la red pública.

Asociaciones y plataformas por la defensa de la Educación Infantil pública llevan años advirtiendo de las “maniobras” de Educación para privatizar el servicio. “Los cheques guardería forman parte del juego de la Comunidad para cargarse lo público”, denuncia la Plataforma de Madrid por la defensa del 0-6. “Todo está trazado y perfectamente estudiado. La jugada –concluye– es redonda”.