Un guardia civil denuncia que le han apartado del cuerpo por tener VIH

Diez meses. Es el tiempo que Jorge (nombre ficticio) estuvo con un expediente abierto por inutilidad y pérdida psicofísica. Hasta hace menos un año, trabajaba como funcionario en la Guardia Civil. Varios episodios de ansiedad, documentados por los correspondientes partes de urgencias, fueron, según su testimonio, la “excusa” que le cerró la puerta a continuar en su puesto de trabajo.

En el informe valorativo de la Junta Médico Pericial (con fecha 11 de abril de 2014) figura, sin embargo, una discapacidad física del 66% a causa de una “patología de oncología” –un sarcoma de Kaposi y un linfoma en el pecho– asociada al VIH. Es este virus el motivo real que el funcionario considera que le ha forzado a abandonar definitivamente el empleo que ha desempeñado durante 31 años.

Entre las razones que esgrime para justificarlo, la fundamental es una valoración de discapacidad de la Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Andalucía (administración civil) que reduce el porcentaje de discapacidad al 33%. Leída en contexo, esta diferencia es, según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), algo habitual. “La valoración de las comunidades autónomas suele ser más baja dado que el Tribunal Militar evalúa situaciones concretas de nuestra función”, indican.

El virus llevaba en el cuerpo de Jorge 17 años, aunque no se manifestó hasta el año 2008, cuando se le diagnosticó un cáncer infeccioso tras estar meses debatiéndose entre la vida y la muerte debido a fallos multiorgánicos. En ese tiempo, el VIH provocó el necrosamiento de los fémures (lo que, según está acreditado, no compromete su grado de movilidad), el citado sarcoma de Kaposi y un linfoma en el pecho.

En septiembre de 2009, ya recuperado y en tratamiento, volvió al trabajo, aunque con “actividad laboral limitada”. No es apto para el manejo de armas y realizaba labores de oficina. En abril de 2012, un informe de la Junta Médico Pericial dictó que Jorge mantenía una “situación de aptitud” con una “evolución favorable con adecuada adaptación al medio laboral” pues sus patologías se mantienen “estables”.

El trance médico, dice, no le ha provocado secuelas que afecten a su actividad cotidiana y hoy su carga viral está controlada, lo que implica que la probabilidad de transmisión del virus es muy baja. Según consta en los informes, su adherencia al tratamiento es del 100%. A pesar de ello, la Guardia Civil decidió prescindir de sus servicios abriendo un expediente con su nombre que ha terminado finalmente con la declaración de “inutilidad permanente para el servicio” por “insuficiencia de condiciones psicofísicas”.

A Jorge nunca le sometieron a la prueba del VIH en el trabajo, pero tres años después de su paso por el hospital, el cuerpo para el que trabajaba le solicitó algunos informes médicos para continuar el seguimiento de un trastorno bipolar, ahora en fase de remisión y ya sin tratamiento farmacológico, pero que le impide el desempeño de puestos de gran responsabilidad y de servicios de armas y guardias. “En uno de esos documentos, se debió colar toda la información de mi historial clínico –que incluía la relacionada con el VIH– y, poco tiempo después, me dieron la baja médica por ansiedad”, cuenta.

Presionado por sus superiores

El afectado afirma que su condición de infectado fue filtrada a sus superiores. “Uno de los médicos de la Comandancia me dijo que cuando un miembro de un colectivo está en esta situación y existe riesgo de contagio a otros miembros de la comunidad se le aparta del grupo. Él me vino a decir que no podía seguir trabajando porque iba a contagiar a mis compañeros”, revela Jorge, en tratamiento antirretroviral desde hace cuatro años.

También asegura que se sintió presionado por su jefe. “Me hacía constamente cambios de servicios y de horarios, de manera que era imposible encajar unos con otros. Si no llegaba, me amenazaba con ponerme una falta disciplinaria”, señala.

Esta situación, reconoce el funcionario, le creó mucho nerviosismo. Tanto, que acudió tres veces al servicio de urgencias con crisis de ansiedad. En la última ocasión, fue derivado a salud mental, como consta en los partes médicos. “El problema en este cuerpo es que los psicológos que te atienden, los médicos que te tratan y el tribunal que evalúa tus capacidades son todos militares. La sanidad y la justicia es militar. No hay independencia y es muy complicado en este contexto demostrar, por ejemplo, la filtración de datos confidenciales”, argumenta Juan Delgado, portavoz de la AUGC.

Fuentes de la asociación deslizan que “cuando hay problemas, la jubilación es una vía para quitarlos de en medio”. Además, se quejan de que el protocolo de riesgos laborales hace aguas porque un real decreto de 2005 que lo regula no se aplica de forma diligente. “Se han puesto las pilas porque lo llevamos a la Comisión Europea en 2009. A raíz de eso se han abierto las oficinas de riesgo laboral y se han comprometido a evaluar todos los puestos de trabajo en un plazo determinado para evitar una sanción”.

El Ministerio de Defensa, al que remite la Guardia Civil para dar una respuesta, no ha dado ninguna información sobre si existe algún protocolo o directrices que seguir cuando un funcionario, una vez dentro del cuerpo, es diagnosticado de VIH o alguna otra enfermedad infecciosa. Fuentes de la cartera que dirige Pedro Morenés sí afirman que una persona seropositiva no puede pertenecer a ninguna “unidad operativa”. O lo que es lo mismo, participar en operaciones determinadas o, por ejemplo, patrullar.

Discriminación laboral de los seropositivos

“Llega un punto en el que te resignas. Mi capacitación para hacer el trabajo que desempeñaba es total. Y la prueba es que lo seguí haciendo durante un tiempo después del cáncer”, argumenta al otro lado del teléfono. Cuenta con detalle su historia, convencido de que es probable que no sea el primero y tampoco el último que sufre este tipo de discriminación laboral a causa del VIH.

En la Federación Trabajando en Positivo, Julio Gómez recibe cada día a personas seropositivas que han sufrido trato desfavorable en sus ambientes de trabajo. “La mayoría vienen porque entran en pánico al pensar que su estado puede ser descubierto en un reconocimiento. Tienen miedo de que en ese proceso les obliguen o les hagan la prueba de detección del VIH sin consentimiento informado”, explica el director de la federación que agrupa a 27 asociaciones de toda España.

Según un informe 'VIH y el mundo laboral', elaborado por la misma federación, las principales situaciones de estigma y discriminación que sufren las personas con el virus –que no siempre desarrollan la enfermedad: el SIDA– comprometen bien al acceso a un puesto de trabajo, con pruebas de detección como requisito previo a la contratación, o bien a la permanencia en dicho empleo, con cambios en las condiciones de trabajo, trato diferenciado ante oportunidades de promoción laboral o vulneración de la confidencialidad de datos médicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda desde el año 2001 la no exigencia de la prueba de detección VIH en los reconocimientos médicos de las empresas, ni en el momento de contratar a los trabajadores ni como requisitos para la continuación de la relación de trabajo. La realización de esta prueba, dice la OIT, es “innecesaria” e “injustificada”.

“Me enfada que haya tantos prejuicios”

Jorge se siente apuntado con el dedo. Primero, por ser apartado de su actividad. Pero, sobre todo, porque los motivos que le han forzado a dejar de trabajar están “estratégicamente” enmascarados y apoyados por los tres informes referidos de urgencias. “Me enfada que en pleno siglo XXI haya tantos prejuicios en torno a una enfermedad que ya es crónica y que, con la medicación adecuada, nos permite hacer vida normal. Tengo familia, no soy un irresponsable ni un drogadicto”, señala con indignación.

La mayoría de las situaciones de discriminación laboral, apunta Julio Gómez, están causadas por un conocimiento todavía distorsionado de lo que es el virus y de sus vías de transmisión –sanguínea, vertical y sexual–. Además, añade, “es importante dejar muy claro que tener VIH no es siempre sinónimo de discapacidad”.

Por otra parte, a una encrucijada personal que ya de por sí es dolorosa, se suma la dificultad para demostrar delante de un juez el trato desfavorable en el ámbito laboral. “Ninguna empresa apela abiertamente al VIH como motivo para no contratar, no promocionar o romper la relación contractual con el trabajador infectado. La relación causa-efecto es muy difícil de demostrar. El hecho de denunciar, por si fuera poco, puede implicar que todos tus compañeros conozcan tu situación”, indica.

Entre los colegas de Jorge, voló la noticia de que era seropositivo. “Especialmente entre los cargos medios y superiores. No se respetó en ningún momento la confidencialidad de mis datos personales. Algunos compañeros venían a preguntarme y otros se alejaron de mí. A ver si es que porque tenga VIH –se queja– tengo que llevar un cartel con la etiqueta colgada al cuello”.