La ley de Seguridad acorrala a quienes dan la cara ante los desahucios

En casa de Elvira, la noche del miércoles fue noche de guardia. Mientras el barrio de Ciudad Lineal dormía, en la vivienda los activistas y vecinos esperaban la llegada de la policía. Iván aterrizó a las siete de la mañana, una vez más con las pilas cargadas para enseñar al mundo a través de las redes sociales esa porción de realidad, a veces invisible, que son las horas previas a un desahucio.

“Los agentes llegaron muy pronto. Cada vez aparecen antes para romper con ese espacio que tenemos para movilizar a la gente. Vieron que éramos muchos, unos 50, y tras las dos primeras lecheras llegaron otras cinco o seis más, de las que salieron un montón de agentes antidisturbios ya equipados con los cascos. Fue una primera mala señal”, relata el activista de la PAH Vallekas.

Después llegaron otros invitados que nunca faltan en un lanzamiento: los nervios, la angustia, el miedo. “Estaban determinados a ejecutar el desalojo. La comisión judicial no quiso negociar, así que solo nos quedaba resistir. Nos amontonamos en un pasillo muy estrecho, tras una puerta de cristal, protegiendo la vivienda ocupada por Elvira y su familia. Un tío apareció con un escudo y una escopeta. Y después vimos la maza”, recuerda. Los gritos se ahogaron en el portal, por cuya puerta fueron desfilando uno a uno todos los activistas tras ser identificados. Elvira fue la última.

En la misma ciudad y a la misma hora, 17 personas declaraban ante un juez en Plaza de Castilla denunciados por el Ayuntamiento de Madrid y acusados de desobediencia a la autoridad por irrumpir en el consistorio en busca de una solución para Julia, una mujer de 80 años que iba a ser desahuciada –y efectivamente así fue– por el fondo buitre al que el gobierno municipal vendió más de 1.800 pisos sociales de la EMVS.

Al banquillo

A Fernando, de la PAH Pinto, le tocó sentarse en el banquillo. Y no era la primera vez. “No pensamos que esto acabaría así, la citación judicial me llegó por sorpresa. La historia de Julia había acabado todo lo bien que puede terminar un caso de desahucio, con el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de una alternativa habitacional”, explica. El activista reconoce que hubo tensión, pero asegura que la situación se controló pronto. “Había una voluntad recríproca de negociación con la policía”.

El fiscal de la acusación ha pedido 360 euros de multa para cada uno de los implicados. “Hemos salido con buena sensación, quizá nos absuelvan. Si no es así, tendremos que ver cómo pagamos. Algunos, como yo, trabajamos y podemos hacer un esfuerzo, pero otros compañeros no”, admite. Tiene dos hijos y desde 2011 está involucrado en el grupo de vivienda de su localidad.

A partir de ahora, las preocupaciones de los activistas no solo se concentran en dar apoyo a las familias. También tendrán que lidiar con un factor más, nuevo y amenazador: las multas que promete para ellos la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por los activistas y la oposición como “ley mordaza”, en fase aún de tramitación en el Senado. Traducido al nuevo texto legal, impedir un desahucio significa también impedir a un poder público, como la policía, realizar una acción. Y para hacerlo los activistas incurren en “desórdenes públicos” que, si no han sido graves, están castigados por una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Cuando se trata de “hechos graves” –entendiendo por grave negarse a abandonar un lugar solo a través de resistencia pasiva– entra en juego la reforma del Código Penal, la otra pata que complementa a la “ley mordaza” y también aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso.

“No te acostumbras a que te pongan contra la pared”

“Meterse en esto tiene muchas consecuencias, sobre todo a nivel anímico. Uno”, reconoce, “nunca se acostumbra a que un policía te ponga contra una pared, a recibir golpes o a dar la cara en un juzgado. Mucha gente no entiende por qué seguimos. Les invito a que se acerquen a un desahaucio, a que suban a la vivienda. Cuando ves a la familia no puedes hacer otra cosa que quedarte. Y que salga el sol por donde salga”.

Unas veces, muchas, se gana. Carlos ganó y desde entonces no ha dejado de luchar por otros que pasan por el mismo trago. Tras acampar en la puerta de una entidad de Bankia durante varios meses, se pasó una semana más en el interior de otra oficina –“entraba con el primer trabajador y salía con el último”– en busca de una alternativa para su hija, enterrada por una hipoteca que ya no podía asumir. 

Logró la dación en pago. “Con una camiseta verde, el banco cambia la actitud porque no quiere dañar su marca. Se negocia, se aprieta y se gana. Hay muchas soluciones antes de llegar al desahucio”, explica Carlos. Solo en la localidad de Pinto, donde también reside, la PAH trabaja con 30 familias: “Estoy prejubilado y tengo todo el tiempo del mundo. Qué mejor que ocuparlo en algo que has vivido. Vamos, a mí me dicen esto hace cinco años y no lo creo”.

Isabel también se entrega en jornada completa al grupo de vivienda de su barrio, Tetuán. Tiene 48 años, dos hijas menores y está en paro. Vive en un piso de 33 metros cuadrados tras tener que alquilar el que había comprado para, con ese ingreso mensual, poder seguir pagando la hipoteca. “En 2011, cuando comencé a moverme con la asamblea del 15M del barrio, solo nos enfrentábamos a las ejecuciones hipotecarias. Hoy, la casuística es mucho más amplia: desahucios por alquiler, prestamistas, ocupaciones, fondos buitre, renta antigua... Cada vez la situación se complica más y las negociaciones son mucho más enrevesadas”, señala.

El desahucio, el último escalón de un largo proceso

Porque el desahucio, coinciden todos los activistas, es solo el último escalón de todo un proceso de aceptación, negociación y acompañamiento. “El durante es durísimo, de muchos meses. La mayoría de las veces los paramos negociando a base de insistir, sobre todo con los bancos, a fuerza de que nos vean todos los días en la oficina”, subraya Iván. En los casos más complicados, en los que sí hay una fecha señalada en el calendario, “ya todos nos conocemos”. “Es un ambiente muy familiar que de verdad actúa como colchón emocional para los afectados”, asegura.

El objetivo principal una vez que no hay vuelta atrás es liberar la situación de esa carga de violencia inseparable de un desahucio. Se trata, describe Isabel, de hacerles sentir que se ha hecho todo lo que se ha podido: “No todo se acaba aquí, son cuatro paredes, has resistido hasta el final, eres valiente”. “Hay que llenar de valor a las familias. Sabemos que nosotros somos la otra parte, la parte a la que le toca tirar del carro. También sentimos dolor, rabia e impotencia. Yo he acabado vomitando”, reconoce. 

Según datos del INE, los últimos disponibles, en el tercer trimestre de 2014 se produjeron 6.700 desahucios de vivienda habitual, un 13,5% más que en el mismo periodo del año anterior. “Tenemos miedo, de las multas y de que esto disuada. En las últimas semanas estamos viendo hasta dos o tres desahucios diarios en Madrid. A pesar de los mensajes optimistas del Gobierno no podemos parar, aunque la ley mordaza te hace planteártelo. Trataremos de buscar las vueltas para seguir haciendo lo que hacemos”, asegura Fernando, consciente de la dimensión que ha tomado el movimiento antidesahucios. Carlos comparte su postura. “Sabemos que es lo justo y eso te da fuerza para continuar. La represión no nos va a parar”.