La Defensora del Pueblo pide que los menores en riesgo puedan comer en la escuela en verano
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dirigido una recomendación a las consejerías de Presidencia de todas las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para que los comedores escolares atiendan este verano a los menores en situación de mayor vulnerabilidad.
El objetivo es asegurar que aquellos en situación de riesgo de exclusión, que durante el periodo escolar asisten a esos comedores, no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso. Organizaciones como Save the Children y Ayuda en Acción han advertido del número creciente de niños cuya única comida completa y equilibrada del día es la facilitada en el colegio.
Desde la Institución, la Defensora teme que, durante el período de vacaciones escolares, el cierre de los comedores pueda agravar las situaciones de precariedad.
El riesgo de pobreza y exclusión social ya alcanza a 2,8 millones de niños, el 33,8% de la población menor de edad en nuestro país, según datos de Eurostat. Las cifras de aquellos por debajo del umbral de la pobreza también son alarmantes: 2.500.329 menores españoles, el 29,9% del total.
Además, España es el segundo país de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia, donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil, alertaba Save the Children el pasado abril. Mientras que en España, el porcentaje de niños que viven bajo el umbral de la pobreza solo se redujo en 6,9 puntos (de un 36,8% a 29,9%) una vez recibidas las prestaciones sociales, Irlanda redujo el alcance del drama en 32 puntos, pasando de un 49,1% a 17,1%.
Entre las transferencias sociales se incluyen las prestaciones por desempleo, el acceso a vivienda social, al permiso parental, a la sanidad y educación, deducciones fiscales, y un salario mínimo.
La Institución considera que garantizar esa adecuada alimentación infantil debe ser una prioridad para todos los poderes públicos y en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas. En 2013, varias Comunidades Autónomas, como Andalucía, Extremadura y Canarias, mantuvieron abierto este servicio.
