Denuncian que Aqualia corta el agua a familias sin recursos con un solo recibo impagado en Murcia

Aqualia, la sociedad de la constructora FCC que se dedica a gestionar el servicio público de agua en decenas de municipios españoles, está realizando cortes de suministro a familias con pocos recursos de San Pedro del Pinatar (Murcia) que han dejado de pagar tan solo un recibo. Así lo denuncian la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia y el círculo de Podemos de la localidad, que junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Mar Menor están indagando sobre el número de familias afectadas y preparan varias medidas de protesta.

El Ayuntamiento y la concesionaria defienden la legalidad de los cortes amparándose en la ordenanza reguladora del servicio, redactada en 1981. UPyD presentará una moción en el Pleno municipal para redactar una nueva norma. Sin embargo el PP, que gobierna con mayoría absoluta, pretende adelantarse y modificar el texto. “En el Ayuntamiento no tenían ni idea de dónde estaba la ordenanza cuando nuestro grupo decidió plantear la moción. Queremos evitar la injusticia de los cortes de agua a personas en riesgo de exclusión social”, explica a eldiario.es José Luis Ros, portavoz de UPyD.

Aqualia inicia el proceso del corte de agua en San Pedro del Pinatar con el envío de una carta certificada en la que se avisa del impago, se recuerda el importe adeudado, se anuncia un plazo para efectuar el abono y se advierte de que, en caso de no pagar, la posterior reconexión conllevará un coste de 38,55 euros, además de la liquidación del importe pendiente y de los intereses de demora. Sin embargo, el pasado mes de agosto algunos vecinos afirmaron haber sufrido el corte sin esa notificación.

Fuentes municipales creen que “se está intentando ver fantasmas donde no los hay”, y tanto el Ayuntamiento como Aqualia recuerdan que existen bonificaciones para las familias sin recursos. Aqualia alega también que la ordenanza municipal autoriza a cortar el servicio y rescindir el contrato cuando se acumulen dos recibos bimestrales impagados, mientras que sus avisos de corte se refieren al impago de un recibo trimestral. Además, defienden que “el plazo transcurrido entre el impago y el corte es siempre superior a dos meses”.

Sin embargo, la Asamblea Agua Pública cita la Observación General de 2002 de la ONU, en la que se afirma que cuando se quiera cortar el suministro “porque una persona adeuda el pago del agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago”, y que “en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua”.

“¿En manos de quién estamos?”

El primer caso que saltó a la luz pública en San Pedro del Pinatar, a mediados del mes de agosto, fue el de una vecina prejubilada por enfermedad que cobra una pensión mínima y tiene un hijo menor a su cargo: “Cuando recibí la carta en la que Aqualia me apremiaba a pagar, la fecha de envío era de unos días atrás, pero en ese momento disponía de 48 horas o me cortaban el agua. Pregunté a la empresa y su respuesta fue que sacara el dinero de donde fuera, que no había otra posibilidad que pagar y que contaban con respaldo legal”, explica la afectada a eldiario.es.

“Después pregunté al ayuntamiento si era legal que cortaran el suministro a familias en riesgo de exclusión social por el impago de una sola factura, como es mi caso, y me dijeron que si Aqualia lo había hecho así, sería porque podía hacerlo”.“Me quedé perpleja y pensé, ¿en manos de quién estamos?”, reflexiona la mujer.

Con las ONG del pueblo cerradas por vacaciones, sabiendo que Asuntos Sociales no podría aprobar el pago de su recibo en tan poco tiempo, y desechando la opción de fraccionarlo –“sólo se puede hacer si es superior a 200 euros”, aclara–, la afectada recurrió al círculo de Podemos: “Fue a los últimos a los que recurrí, pensaba que no me podrían ayudar”, explica. Esa misma tarde se hizo una colecta a través de WhatsApp y le facilitaron el importe. Sin embargo, añade que “lo ideal es no necesitar ayuda de nadie, sino que las condiciones sean más justas”.

Derecho humano al agua

Miguel Ángel Alzamora, miembro de la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia, explica que “cortar el agua no es legal, por mucho que lo diga una ordenanza municipal”. “Con ello se están saltando las normas internacionales que defienden el derecho al agua como un bien esencial para la vida. Lo que pasa es que esas normas suscritas por España aún no han pasado a nuestra legislación”, matiza.

Según Alzamora, “normalmente los ayuntamientos intentan revestir de legalidad el corte de agua en sus reglamentos; por ejemplo, en la ciudad de Murcia se permite con el impago de dos recibos”. Sin embargo, recuerda el éxito de la movilización ciudadana hace tres años en la capital autonómica: “Gracias a las asambleas de barrio logramos crear un fondo social del que se están beneficiando unas 3.000 familias”.

Alzamora cree que lo que Aqualia pone en práctica son “medidas de coacción” que podrían ser constitutivas de delito. “Son prácticas habituales en ésta y otras empresas, que tratan como clientes a los usuarios de un derecho vital”, reflexiona. Y prosigue: “Todo esto tiene mucho que ver con la ola privatizadora del agua que venimos sufriendo y cuyas consecuencias son nefastas, pero en paralelo está creciendo otra corriente de 'remunicipalización' que, gracias los movimientos sociales, ha cambiado la situación en lugares como Huesca, Medina Sidonia o incluso en París. Allí la factura ha bajado un 8% y además, las arcas municipales consiguen beneficios que revierten en toda la sociedad”.

En opinión de Alzamora, “es muy importante que la gente denuncie” estos abusos. “En el asunto del agua estamos aún en una primera fase, como sucedió con los desahucios. La gente aún tiene complejo porque creen que son la personificación de un fracaso. Desde la Asamblea queremos asesorarles y acompañarles para que se sientan fuertes, y para que se den cuenta de que no se trata de un fracaso personal, sino que su situación es fruto del abuso y de la injusticia”, concluye.

Se calcula que unas 300.000 personas se quedan sin agua en España cada año, y más de un millón en toda Europa. Por ese motivo, una iniciativa ciudadana llevó casi dos millones de firmas al Parlamento Europeo a principios de año exigiendo que las legislaciones recojan los compromisos internacionales en materia de suministro de agua, y solicitando una cantidad mínima y gratuita de agua por persona y día de entre 60 y 100 litros.