La 'Marbella de Extremadura' corta el acceso a las zonas públicas de una isla protegida

Es terreno protegido, público y con un decreto que consagra el acceso de la población. Pero también es una urbanización de lujo y un campo de golf declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es el complejo privado Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) el que decide –y deniega– el paso a las zonas públicas de este suelo de alto valor medioambiental. Mientras, es el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) el que defiende al complejo ante los jueces para salvarlo de su demolición.

Unos reporteros de eldiario.es acudieron a la zona. Una barrera impide la entrada. A la derecha, desde una garita, el vigilante pregunta con la mirada.

-Venimos a tomar un café al hotel.

-No se puede, necesitáis una invitación o tener una cita con alguien.

Entrar a la antigua isla de Valdecañas en el noreste de la provincia de Cáceres ya no es posible. Lo que otrora era un terreno municipal creado al antojo del embalse del mismo nombre, hoy es un exclusivo resort con la puerta cerrada para quien no tenga una propiedad o un trabajo en el interior, o al menos una invitación. Este ‘Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico, y de Servicios’ (su título oficial) busca trasladar el modelo de golf y lujo desde el litoral hasta el interior. Ya desde la fase de obras, iniciadas en 2007, ha existido una valla que impide el acceso público a dicha urbanización, a su playa fluvial, a las riberas del embalse, al hotel y a las zonas verdes, así como a los aparcamientos y viales públicos. Así lo denuncia la asociación ecologista Adenex que junto a Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales unas irregularidades que ya nadie niega.

El presidente de Adenex, Ismael Sánchez, envió el pasado 30 de julio tres cartas a los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo, localidades cacereñas en cuyo término municipal se ha construido el complejo, así como a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, solicitando que se elimine la barrera para facilitar el acceso a los espacios públicos de la isla, ahora convertida en istmo.

Pero nadie se da por aludido. Mientras la empresa declina hacer declaraciones, la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo “está procediendo a su análisis para ofrecer la correspondiente respuesta”, explican desde el Ejecutivo regional.

El Decreto de la Junta de Extremadura 55/2007, que aprueba el Proyecto de Interés Regional promovido por la empresa gestora, menciona claramente itinerarios urbanos y plazas de aparcamiento “de uso público”, así como parcelas en la zona de espacios libres “que se considerarán de uso dominio público”. Dicho marco legal afirma incluso que “la zona donde se pretende realizar la playa artificial no perderá el carácter de dominio y uso público”. Nada de eso se ha cumplido.

Urbanismo segregacionista

En julio, el Ejecutivo de Extremadura patrocinó un curso sobre Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos apoyado por la misma promotora del resort con el empresario José María Gea a la cabeza. “Socialmente, el complejo es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ‘ciudades de muros’, que privatizan su uso para una minoría, excluyendo el contacto con el resto de la población”, apuntan desde Adenex.

El dominio sobre el terreno llega hasta el punto de que las jornadas incluían una visita para los alumnos a Marina de Valdecañas de la que eldiario.es fue testigo e, incluso, los que disponían de una beca pudieron alojarse en algunos de los apartamentos del complejo.

“Se vendió como de máximo interés general y público, pero no hubo información. El interés es el del promotor”, apuntó en el curso Ángeles Lópex Lax, la abogada que ha llevado el caso desde Adenex y que calificó este modelo de turismo de obsoleto.

Una zona protegida

La promotora se escuda ahora en que no había protección ambiental al lanzar su proyecto: “Cuando empezamos las gestiones no había Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Apareció no sabemos cómo. De repente dijeron que allí no podíamos construir”, argumenta Gea. También que hay invertidos más de 140 millones de euros en Marina Isla de Valdecañas y criticó la falta de seguridad jurídica de la región: “Se está haciendo una interpretación bárbara de la ley”.

Que los terrenos sean una ZEPA es la clave de la ilegalidad del resort: las 133 hectáreas del complejo pertenecen a la Red Natura 2000 y por eso no se pueden hacer desarrollos urbanísticos, según han corroborado los tribunales. ¿Conocían los promotores la protección ambiental de esta parte del embalse de Valdecañas? Según los documentos a los que ha tenido acceso eldario.es, sí. En una notificación que la Junta de Extremadura envía en noviembre de 2005 a la promotora, recuerda que es una Zona Especial de Protección de Aves y que, por ley, está por tanto sujeto a la justificación de un “interés público de primer orden”.

A pesar de ello, la promotora sostiene que no tuvo constancia de ninguna declaración oficial al respecto. Y lo cierto es que, más allá de aquellos documentos internos, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente había comenzado, dos años antes, un proceso de elaboración de nuevas ZEPA que aún estaba pendiente de publicación. El clavo ardiendo de la empresa es por tanto que, mientras no exista un documento oficial, no existe zona protegida alguna. La abogada López Lax echa por tierra este argumento, “como evidencian la Directiva Aves y la Directiva HÁBITAT. Bajo esa mentira Marina admite la incompatibilidad urbanística entre este proyecto y la Red Natura 2000”.

De hecho, el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de febrero la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: el complejo Marina Isla de Valdecañas es ilegal. Los magistrados han ordenado desmantelar la conocida como ‘Marbella de Extremadura’ y reponer los terrenos a la situación previa a las obras pues son terrenos no urbanizables. El Ejecutivo popular extremeño, con apoyo del PSOE, que autorizó las obras mientras gobernaba, aduce ahora “imposibilidad de ejecución” de la sentencia. El tema está de nuevo en manos de los juzgados. Mientras, la barrera de acceso sigue filtrando las entradas.