España autoriza la caza de centenares de lobos pero oculta el número total de muertes
Las partidas de caza en busca de lobos son cada vez más habituales. De hecho, cada año, las comunidades autónomas con poblaciones de Canis lupus autorizan matar más de 200 ejemplares. Las licencias se han multiplicado por cinco en 20 años para una población que oscila entre los 2.000 y 2.500 miembros. A eso hay que añadir los lobos que mueren a manos de furtivos. Según Ecologistas en Acción, eso podría añadir otros 50 ejemplares. Sin embargo, los responsables de salvaguardar y gestionar esta especie protegida no admiten el volumen real de muertes que se dan en sus territorios.
“Meter al lobo [en el campo] es meter la guerra”, cuenta el ganadero segoviano Ramón Hernández a un grupo de periodistas invitados por la asociación ecologista a un periplo por zonas loberas. El odio al gran depredador –“xenofobia ambiental”, lo llama el estudioso de la especie Jorge Echegaray– es el sustrato sobre el que crece el ímpetu por abatir lobos.
El ganadero llega a admitir que años atrás mató una loba que había atacado sus ovejas. Su ganado no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar dichos ataques, pero, desde su punto de vista, el lobo es su mayor enemigo. Las cifras, sin embargo, lo desmienten: según la organización ecologista, se estima que “los ataques del lobo afectan a menos del 1% de la ganadería en extensivo”.
Compromiso “en la lucha contra el lobo”
Las organizaciones agrarias contrarias al animal, como la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), tienen de su lado a la propia ministra de Medio Ambiente. Isabel García Tejerina ha impulsado una petición a la Comisión Europea para eliminar la protección cinegética del animal y ha llegado a manifestar su compromiso “en la lucha contra el lobo”.
Al sur del río Duero, el lobo ibérico es una especie estrictamente protegida por la directiva europea Hábitat y la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Sin embargo, al norte, es decir, en la propia Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco, la Rioja y Asturias se puede controlar su población mediante caza deportiva o controles selectivos.
La ministra busca desde hace meses acabar con la protección al sur del Duero. La Unión Europea le exigió un estudio poblacional y una justificación científica para eliminar la salvaguarda. Fuentes de la Comisión Europea han reiterado en varias ocasiones a eldiario.es que la petición oficial, más allá de los anuncios públicos realizados en España por García-Tejerina, “no ha llegado a la Comisaría de Medio Ambiente”.
Desde que se introdujo la caza como medida de gestión del lobo, algunos expertos han mostrado una enorme preocupación. En un artículo publicado en 2008, Echegaray junto a los investigadores Carles Vila y Jennifer Leonard, aseguraban que “la presión de la caza puede traer consigo mayor riesgo de extinción para el lobo ibérico” y que “la caza excesiva [le] puede restar diversidad genética”. “Cada lobo muerto es una pérdida irreparable”, subrayaban.
Subasta de caza o gestión pública de poblaciones
Solo entre Castilla y León y Asturias se ha dado permiso a los cazadores para matar a más de 200 lobos. A la hora de dar muerte a esta especie amenazada, Castilla y León se sitúa a la cabeza: desde septiembre hasta febrero ha dado permiso para matar 140 lobos y lleva cinco años dando un cupo similar. En los últimos 20 años, la región ha quintuplicado el número de autorizaciones. Las batidas se subastan.
Asturias, por su parte, ha permitido a los cazadores que maten cerca de 70 lobos y, al no poder cumplir con el objetivo, ha ampliado la autorización tres meses más. En La Rioja se permite matar tres lobos por manada, en Cantabria se autoriza uno por cada batida de jabalí.
Sin embargo, en algunos otros territorios no se asocia la caza de los lobos a compra de licencias u obtención de trofeos. En Galicia y el País Vasco el control lo hacen los propios funcionarios públicos. Para Echegaray, “ni el lobo debería ser una especie cinegética, ni le hace falta el control humano. La caza es un método de gestión simplista que acaba con un depredador clave para nuestros ecosistemas”. Situado en la cúspide de la pirámide alimentaria, su presencia ayuda a mantener la selección natural y a mejorar la salud del hábitat.
Hay falta de transparencia en el número de lobos que se cazan cada año: ninguna comunidad autónoma reconoce cuántos lobos se matan cada año. Según las estimacion de Ecologistas en Acción, más de la mitad de los lobos se cazan de manera ilegal. Para el biólogo Luis Mariano Barrientos, el furtivismo llega a un 73% en el caso de Castilla y León. “Matar un lobo sale impune, no se hace nada para acabar con el furtivismo”, critica Echegaray.
Theo Oberhuber, responsable de biodiversidad de Ecologistas en Acción denuncia que la permisividad de la Administración está llevando a la “radicalización” de los furtivos. “Hay impunidad porque hay pocas denuncias y multas”, señala Oberhuber, que acusa a la administración de jugar al despiste.
Sin datos de población precisos
En estos reinos de taifas lobero, la Administración carece de unos datos de población exactos que serían imprescindibles para autorizar cuotas de caza y control de la especie. “El lobo es la única especie con apenas 2.000 ejemplares de la que se permite su caza”, denuncia el biólogo Luis Mariano Barrientos en un artículo. La organización ecologista y expertos como Echegaray también coinciden en que habría que impedir que “se considere como especie cinegética en ninguna comunidad autónoma”. “La caza no es un modelo de gestión”, zanja Oberhuber.
En las zonas donde están acostumbrados al depredador, ganaderos como Alberto Fernández aseguran que “el lobo no es una amenaza para el sector ganadero”. El joven, que dispone de varios mastines, confiesa que nunca ha perdido una oveja por ataque de lobo. “Me hace más daño el zorro que el lobo”, cuenta.
Un negocio que no solo convive con el lobo, sino que le saca partido de manera sostenible es el del turismo ecológico en la Sierra de la Culebra, donde se estima que hay hasta 70 lobos. Turistas procedentes de toda España y Europa aportaron 600.000 euros de beneficios frente a los 36.000 que dejaron los trofeos de caza. “El lobo vivo vale mucho más que muerto”, concluyen los ecologistas.