España incumple el plazo europeo para legislar sobre la trata de personas
Desde hace ocho meses España está fuera de plazo para la transposición de la Directiva Europea sobre trata de seres humanos. Una representante de la Oficina de la Coordinadora Europea de Lucha contra la Trata ha advertido este martes en Madrid que “si España no cumple con su obligación legal, la Comisión Europea puede verse a obligada a llevar su caso al Tribunal de Justicia”, lo que supondría una multa para el estado español por no bajar a su legislación una Directiva de obligado cumplimiento.
Katarzyna Cuadrat-Grzybowska, experta en materia legal de esta oficina de la Comisión, asistió a una jornada sobre el marco europeo de lucha contra la trata organizada por el Proyecto Esperanza y ahí tuvo oportunidad de compartir mesa con una representante del Ministerio de Sanidad y otra del Ministerio de Justicia, ante las que formuló su advertencia. 20 países entregaron sus informes antes de la finalización del plazo el pasado 6 de abril, pero no así España, Chipre, Italia y Luxemburgo, a los que Europa ha mandado un serio apremio.
Cuadrat-Grzybowska explicó que el marco jurídico europeo para luchar contra la trata se basaba en los que llaman “cuatro pés”: prevención de la trata, protección de las víctimas, persecución de los delincuentes y “partenariado” o coordinación entre los estados, administraciones, instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Ante la mirada no severa pero sí firme de Grzybowska, la fiscal y asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Paz Ramírez Blanco, explicó los planes del Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón para la transposición, que no consisten en una ley integral sobre la trata, como muchos solicitan, sino en una serie de reformas que ahora mismo aún siguen en la fase de anteproyecto.
Diversos anteproyectos
Una de ellas pasa por la modificación de varios artículos en la actual reforma del Código Penal, como la definición de vulnerabilidad, la posibilidad de introducir la libertad vigilada para excarcelados por delitos de trata -hasta ahora la libertad vigilada solo aplicaba a delitos de terrorismo-, modificaciones respecto a la recuperación de bienes decomisados o corrección en las penas del tráfico ilegal de personas.
En el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita también hay novedades que atañen a las víctimas de trata, reconociéndose su derecho a la gratuidad del sistema de justicia independientemente de sus recursos económicos.
Otros derechos procesales y extraprocesales se van a incorporar en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima, que no refiere únicamente a las víctimas de trata de personas sino a todo típo de víctimas y su herederos, con una batería de medidas que pretenden evitar la victimización secundaria. Entre ellas, el derecho de la víctima a evitar el contacto con el infractor a lo largo del proceso penal o la posibilidad de hacerse acompañar de una persona de su elección.
En lo que respecta a los menores de edad, también está en anteproyecto la reforma de la legislación de la protección al menor. En ella, se incorporará la presunción de la minoría de edad para las víctimas de trata jóvenes hasta que pueda determinarse su edad de manera fidedigna.
Silencio desde España
La funcionaria europea asistió a estas las explicaciones de Ramírez Blanco con un gesto no severo pero sí atento y serio. Antes de contestar, admitió que sabía que esta es una cuestión “delicada y política”. “Cada estado miembro tiene que notificar la implementación y nuestra Oficina la analiza y le remite la información al Consejo y en estos momentos no tenemos ninguna notificación oficial sobre España” aunque admitió que habían recibido “algunas cartas”, pero “nada oficial”. “Muchas gracias por esta información que acaba de darme” le dijo a Ramírez Blanco pero insistió en que el cauce es otro y ha de mandarse a Europa un informe con las leyes vigentes, cosa que es bastante improbable que ocurra hasta la primavera de 2014, lo cual supondría ya un año de retraso respecto a la fecha límite.
Organizaciones presentes en la jornada donde tuvieron lugar estas advertencias, como Accem, Hetaira o Cáritas, así como diversas expertas del mundo académico, apuntaron que los planes del Ministerio de Justicia con contemplan muchas indicaciones de obligado cumplimiento que están planteadas en la Directiva, como la creación de la figura de un coordinador o relator estatal o el excesivo foco en las víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuando hay trata también en la explotación laboral, el trabajo doméstico o el tráfico de órganos.
Hetaira señaló que el informe del Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del pasado mes de octubre supone “una bofetada al estado español y su lucha contra la trata”, que “el Ministerio de Justicia aún no tiene hechos sus deberes” y que hay serios problemas de conflicto entre la legislación sobre la trata y otras normas como las advertidas en la Reforma del Código Penal y la proyectada Ley de Seguridad Ciudadana. Por no hablar, añaden, del incómodo tema para el aparato político y judicial que es la regulación de la prostitución voluntaria y su relación con la trata de personas con fines de explotación sexual.
