Europa Laica recurre ante el TC la medalla policial concedida a la Virgen

Europa Laica ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Nacional desestimara su recurso ante el fallo de este órgano que avalaba la concesión de la medalla de oro al mérito policial, máxima distinción del cuerpo, a Nuestra Señora María Santísima del Amor.

Según ha informado Europa Laica en un comunicado, el recurso de amparo, presentado conjuntamente con el Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) el pasado 3 de marzo, pide que se declare la nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) y que se garantice su derecho a la tutela judicial efectiva.

Ambas organizaciones denunciaron que en la documentación presentada por la Administración no constan ni la propuesta de concesión de la medalla del director general de la Policía ni el informe favorable de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía por lo que entienden que se prescindió del procedimiento legalmente establecido, lo consideran causa de nulidad.

También criticaron que la destinataria de la distinción no es una persona jurídica, sino la imagen de la virgen y que “en ningún momento se insinúa que la mención sea dada a la Cofradía”, como entiende la AN en su sentencia.

“Tras muchos meses, recibimos con respeto una sentencia de la AN que desestimaba nuestras pretensiones con el voto contrario de dos miembros del tribunal. Pero el respeto no evita el disenso. Y menos aún la disconformidad radical con un proceder del Tribunal que, entendemos, ha vulnerado nuestro derecho a la tutela judicial efectiva”, señalan en el comunicado.

Estas organizaciones laicas creen que la sentencia de la AN utiliza una argumentación “ilógica o indiscutiblemente extravagante”, con contradicciones internas, “que hace imprevisible el fallo”.

Además, aducen que incurre en una aplicación “arbitraria” de la legalidad para alcanzar conclusiones jurídicas “ilógicas, irracionales, esperpénticas y absurdas”.

Por eso, han reclamado al TC que garantice su derecho a la tutela judicial efectiva, declarando la nulidad de la sentencia de la AN y permitiendo que se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.