Europa exige a España que justifique por qué aún ampara la caza de miles de pájaros cantores
La Comisión Europea ha reclamado al Gobierno español que justifique por qué continúa permitiendo que, cada año, se cacen cientos de miles de pájaros cantores. En una carta remitida en junio de este año al Ministerio de Medio Ambiente, la CE le comunica al Gobierno que la información que España ha enviado a Bruselas “parece contradecir” los motivos oficiales que usó el Ejecutivo para amparar esta práctica. En el lenguaje suave de la Unión Europea, la Comisión indica al Ministerio que los informes españoles no atestiguan “el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Aves”.
Cada año, las comunidades autónomas todavía firman autorizaciones para que miles de aves fringílidas sean apresadas por los denominados silvestristas. Se trata de pájaros cantores como los jilgueros, los verderones o los pinzones. Para 2015 el cupo asciende a más de un cuarto de millón de ejemplares: 261.000. La Directiva Aves de la Unión Europea lo prohíbe. El texto dice que los Estados tomarán las medidas (…) para prohibir matarlas o capturarlas de forma intencionada sea cual sea el método utilizado“.
Pero, para permitir esta modalidad de caza, España se acogió en principio a las autorizaciones excepcionales ideadas para “la explotación prudente de determinadas aves en pequeñas a cantidades”. Como esa vía quedó desacreditada para amparar las capturas masivas se pasó a echar mano de la última excepción “para fines de investigación” que prevé la ley. El silvestrismo ha continuado funcionando. El motivo oficial utilizado era crear un stock de pájaros suficiente para realizar la cría en cautividad de estas especies a cambio de ir reduciendo el número de capturas. La Comisión especifica que ese objetivo “es el único por el que se podrían autorizar en el presente las capturas excepcionales”.
Visto el desarrollo de ese plan, Bruselas le pidió explicaciones a España sobre este asunto en marzo de 2014. Tras la contestación española, “quedan por aclarar algunos aspectos cruciales”, ha considerado la Dirección General de Medio Ambiente europea. La sospecha que deja traslucir la misiva es que se están aprovechando las autorizaciones como puerta trasera para prolongar esta práctica cinegética.
En concreto, la Comisión apunta a diversas incoherencias muy evidentes. La carta subraya que si la única razón permisible para amparar la caza silvestrista es “constituir un stock cautivo especialmente de ejemplares hembra para permitir la viabilidad de la cría en cautividad” no es muy lógico que algunas comunidades autónomas, precisamente, prohíban la captura de hembras. Los Gobiernos autonómicos se escudan en que “la captura de aves es parte consustancial de la actividad del silvestrismo”. Consustancial pero ilegal recuerda la CE: “El régimen general de la Directiva Aves prohíbe la captura de estas aves”, escribe.
También se preguntan los técnicos de Bruselas cómo puede ser que si se ha dejado que España siga apresando pájaros cantores para acumular una cantidad suficiente en cautividad “por qué el total acumulado de especímenes capturados en los últimos años no coincide con el stock en cautividad para la reproducción”. De hecho, las bases de datos indican que no hay ningún espécimen de las variedades pinzón vulgar y canario a pesar de que sí se han firmado autorizaciones para capturarlos ¿No ha caído ni uno en las redes de los silvestristas?
Además, Bruselas piensa que a la luz de las capturas reconocidas podría bastar para desarrollar programas de cría en cautividad. Así que ha solicitado un inventario actualizado de aves apresadas y que “se justifique científicamente” la necesidad de continuar con la caza. En este sentido, reclaman al Gobierno informes científicos acerca de si el volumen de aves que se autoriza capturar.
Investigación como puerta de atrás
La CE recuerda que la captura de pájaros por ocio no tiene cabida en la legislación. De hecho, ha llevado a Malta a los tribunales por permitirlo. Con ese panorama jurídico, los motivos científicos son los que se están utilizando como puerta de atrás: se encuadra la caza como una necesidad para la investigación sobre aves.
En este sentido, la Generalitat Valenciana renovó el pasado 27 de octubre una autorización para apresar pájaros en 25 puntos de la región bajo el paraguas de un estudio sobre migración. Se da la circunstancia de que para participar en los trabajos de campo, el proyecto al que da el visto bueno la Consejería de Medio Ambiente establece que “los participantes deberán pertenecer a la asociación silvestrista conveniada por la UPV [Universidad Politécnica de Valencia]”. Sin embargo, nada dice el documento sobre la capacitación técnica de los participantes.
La base de esta autorización es apresar aves, anillarlas y soltarlas. Sin embargo, existen unas normas oficiales recogidas por el Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo estas labores con validez científica. Las personas que participan en las campañas de este tipo precisan estar acreditados mediante un certificado de aptitud para el anillamiento de aves silvestres. “para avalar la capacidad del poseedor para la captura, manipulación y marcado de aves silvestres, con garantías suficientes para que se reincorporen a la naturaleza en las mismas condiciones en las que se capturaron”.
