Exdiputados del PP quieren tumbar la ley contra la LGTBfobia de Cifuentes
Más de 20 asociaciones conservadoras han solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la ley de protección integral contra la LGTBFobia de Madrid, aprobada por unanimidad el pasado mes de julio e impulsada por el Gobierno de Cifuentes, por las “vulneraciones que la citada ley hace de distintos derechos reconocidos en la Constitución Española”, tal y como ha adelantado El Mundo.
Detrás de algunos de los colectivos que han elaborado el escrito se encuentran exdiputados y exsenadores del Partido Popular como Mayor Oreja, que es presidente de Fundación Valores y Sociedad o Eugenio Nassarre, vicepresidente de la misma organización. En su patronato figura además Luis García Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid que se ausentó durante la votación de la norma, la que fuera presidenta del PP vasco, María San Gil, el exdiputado por Huesca Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán.
Esta última aparece también como portavoz de la Asociación Familia y Dignidad Humana, en la que los exdiputados Lourdes Méndez y Javier Puente ejercen de presidenta y vicepresidente respectivamente. El exsenador Ángel Pintado es el tesorero de la organización. Muchos de ellos votaron en contra o se abstuvieron en la votación de la reforma del aborto aprobada por el PP, después de abandonar la idea de hacer una más restrictiva.
Según el escrito dirigido al Defensor del Pueblo y al que ha tenido acceso eldiario.es, “desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los heterosexuales, como tampoco para los llamados LGTBI”. Los colectivos parten de la idea de que “sobre la sexualidad se puede y se debe opinar en libertad; y por tanto, también sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad”.
Afirman que excluye “la moral natural”
Así, desglosan una serie de argumentos homófobos al defender que “si atenta contra la dignidad humana afirmar que hay comportamientos sexuales más dignos o menos, más valiosos antropológica y éticamente o menos” supondría “un atentado a la libertad de pensamiento y educación en materia de sexualidad”. Afirman, además, que “cada uno puede hacer o sentir lo que quiera en materia sexual, pero los demás tienen la misma libertad para considerar eso que uno hace o desea como bueno o malo, admirable o no, digno de ser visto o no, admirable o no”.
Los colectivos, que dicen “evidentemente” compartir el objetivo de “luchar contra la discriminación por orientación sexual, enumeran una serie de derechos recogidos en la Constitución que, en su opinión, son vulnerados con la ley. Una norma que recoge muchas de las demandas que desde hace años han realizado las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI.
Entre ellas, la educación obligatoria sobre la diversidad sexual en los centros educativos, el apoyo y visibilización desde las instituciones a colectivos LGTBI, la adopción de medidas de acción positiva o la prohibición de las terapias aversivas, aquellas que pretenden un intento de “conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o identidad de género”.
Las organizaciones que han firmado el escrito dirigido aseguran que la ley, que ha sido considerada un avance, “aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad”. Y enumera los derechos que, en su opinión, se vulneran. Entre ellos, a la igualdad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia, el derecho a la educación o a la libertad ideológica y religiosa.
El documento relativiza artículos de la norma como el que sanciona la violencia en el ámbito familiar por razones de LGTBFobia al asegurar que “el no respeto a la identidad de género de un menor” –descripción que la ley trans madrileña incluye en el término “violencia”– puede englobar “disconformidad o preocupación de unos padres sobre la orientación, sexualidad e identidad de género autopercibida por su hijo”.
Sobre la obligatoriedad que establece la ley de que los centros educativos incorporen contenidos de diversidad sexual y formación al profesorado, los colectivos conservadores afirman que vulnera el derecho a la educación. Afirman que la ley “introduce una ética civil común distinta de la ética personal [...] que no solo se inmiscuye en la conciencia personal de los menores” sino que deja “excluida implícitamente la fundamentación de una moral natural”.
Además de pedirle al Defensor del Pueblo que recurra la ley ante el Tribunal Constitucional, los firmantes solicitan la suspensión cautelar de algunos artículos. Implanta, afirman, “una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de 'los diferentes modelos de familia' y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”.
