La Fundación Franco lleva a juicio a la concejala Celia Mayer por quitar el monolito del Alférez
En feberero de 2016, la concejala de Ahora Madrid Celia Mayer ordenó la retirada de varios símbolos franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Fueron la placa a los carmelitas fusilados, la de José García Vara y el monolito al Alférez Provisional, situada en una zona declarada Bien de Interés Cultural. Estaba próximo al Casón del Buen Retiro y el Eje Prado-Recoletos, ambos protegidos.
Patrimonio, dependiente de la Comunidad de Madrid gobernada por Cristina Cifuentes, abrió una investigación sobre esta retirada, y el Ayuntamiento de Carmena desautorizó la decisión de la concejala y anunció que lo iba a reponer. Así lo hizo. Sin embargo, la Fundación Francisco Franco presentó una querella y ahora el juez ha citado a declarar a la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer –que entonces tenía competencias en Memoria Histórica, aunque ya no– el próximo lunes a las 12 horas al juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid.
Según fuentes municipales, la fundación en honor al dictador “acusa a la concejala de prevaricación administrativa por la retirada del monolito al Alférez Provisional” y recuerda que ese monolito fue identificado como vestigio franquista por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en 2013, cuando gobernaba Ana Botella. También justifica que la retirada “fue una decisión aprobada en el pleno el 22 de diciembre de 2015”.
El vicepresidente de la Fundación Francisco Franco confirma a eldiario.es que la querella es “por la retirada en una zona protegida, y el lunes le haremos las preguntas oportunas ante el juez”.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica ordena quitar las insignias “de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Y añade: “No será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”.
Después de que Mayer ordenara la retirada de las placas y el monolito, el grupo municipal popular, liderado por Esperanza Aguirre, también anunció una querella por la retirada “con nocturnidad y alevosía, e incumpliendo no sólo la Ley de Memoria Histórica sino el acuerdo que se aprobó en el Pleno el pasado 22 de diciembre, se está aplicando de una forma sectaria la Ley de Memoria Histórica”. Una querella que finalmente no presentó.