Las asociaciones de inmigrantes denuncian la criminalización de la ayuda que plantea Gallardón

El anteproyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal que aprobó el Consejo de Ministros en octubre contempla tipificar como delito la ayuda a los inmigrantes en situación irregular. De ser aprobado, el artículo 318 bis del Código establecería una pena de multa de tres a doce meses e incluso prisión de seis meses a dos años a quien “intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros”.

No constituirá delito si la ayuda responde a razones humanitarias. No obstante, dependerá de los fiscales determinar si la ayuda era humanitaria o no.

Las organizaciones sociales ya han mostrado su rechazo a esta reforma e incluso llaman a la “insumisión” del texto. “Carece de legitimidad social por mucho que sea legal”, destacan desde Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE). Les preocupa que “con estas políticas el Gobierno busca dividir a la población” y aseguran que, si sale adelante la reforma, “pondrán los recursos legales necesarios”, porque “multar la solidaridad en esta situación de crisis pretende ser la puntilla para el descalabro del colectivo inmigrante”.

La Red Acoge denuncia la “perseguibilidad” de los planes del Gobierno. “Si el fiscal decide acusar, aun concurriendo móviles altruistas en la acción solidaria, será muy difícil obtener una resolución judicial favorable a quien ha practicado la solidaridad”, denuncian. De esta manera, las personas que ayuden a inmigrantes en situación irregular podrían verse inmersos en procesos penales.

Para denunciar esta situación una veintena de asociaciones secunda la campaña 'Salvemos la hospitabilidad'. Una de las acciones que promueven es la firma de mociones en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos contra el texto impulsado por Gallardón. La Red Acoge celebra que dos ayuntamientos (el de Málaga y el de Vélez Málaga) han secundado mociones contra la reforma. La campaña contra la posibilidad de criminalizar la ayuda a los inmigrantes en situación irregular ha superado las 50.000 firmas en la plataforma change.org.