El Gobierno amparó que Aena se saltara las medidas ambientales de la T4 para esquivar una sanción de la UE
El Gobierno le perdonó hace nueve meses a Aena que la empresa no haya cumplido con todas las medidas medioambientales obligatorias por las que se le autorizó ampliar el aeropuerto de Barajas en 2001 y levantar la terminal T4. El Ejecutivo llevó a cabo un rescate legal en varias fases: cambiar la ley de Evaluación Ambiental y modificar las exigencias a Aena de manera que se ha podido esquivar el proceso de infracción que Bruselas tenía abierto contra España por culpa del aeropuerto.
Para construir la nueva terminal, la empresa debía materializar una serie de actuaciones compensatorias recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Entre ellas tenía que adquirir 750 hectáreas de terreno en las márgenes de dos ríos afectados: el Jarama, cuyo curso ha sido desviado, y el Henares. Solo alcanzó 183 Ha (un 24%).
Además, la DIA obligaba a Aena a hacerse con 500 hectáreas en otras zonas de la cuenca hidrográfica “susceptible de repoblación”. En ese sentido, la replantación de 450 hectáreas en el municipio de Torremocha del Jarama ha sido un ejemplo de fracaso. 2,3 millones de euros y ningún ejemplar en pie.
Todos estos incumplimientos provocaron un serio reproche por parte de la Comisión Europea. De manera que, en 2009, la CE envío a España un dictamen motivado por esto. Es el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.
Con la llegada de Miguel Arias Cañete (PP) al Ministerio de Medio Ambiente, el Ejecutivo cambió la ley de Evaluación Ambiental en 2013. Incluyó un apartado para permitir alterar las declaraciones de impacto ambiental “cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección”. Con esa nueva norma bajo el brazo Aena ha obtenido el perdón.
La primera vez que se ha aplicado este artículo de la ley ha sido con el caso del aeropuerto de Barajas. El 9 de abril de 2015, el entonces secretario de Estado, Federico Ramos, firmó la modificación. Consideró que en 2001 se había realizado “una previsión e impuesto una serie de medidas desproporcionadas”. Y añadía que “el cumplimiento resulta innecesario”.
La resolución admite que no se ha cumplido. Pero argumenta que, tras un estudio científico, “se ha compensado suficientemente la afección real” y que “el impacto [de la ampliación] ha sido menor [de lo previsto]”. Aena estaba así en paz con la autoridad medioambiental que le había puesto las exigencias nunca completadas.
El 24 de abril de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicaba la decisión. Menos de dos meses después, el 18 de junio, la Comisión Europea oficializaba el cierre del caso contra España. En 2009 había declarado que “la CE está informada de que las medidas compensatorias apenas han comenzado”.
La laguna de aceite
Además, la nueva situación ha sido aprovechada para que Aena incluya como medidas compensatorias algún proyecto medioambiental antiguo ajeno a la empresa y que ya estaba en marcha.
El Ministerio de Medio Ambiente admitió en abril de 2015 que Aena presentara como nueva iniciativa unas “actuaciones de restauración integral de la gravera de Arganda del Rey”. Se trata de una zona totalmente contaminada con hidrocarburos por vertidos ilegales en el sur de la Comunidad de Madrid.
La recuperación de ese entorno arrancó mucho antes. En 2008, siendo Federico Ramos director general de Medio Ambiente en Madrid, el Ejecutivo regional compró la parcela para recuperarla. El Gobierno autonómico la denominó la “mayor restauración ejecutada en Europa en un espacio natural contaminado por hidrocarburos”.
Luego se ha anunciado “el comienzo” de las obras en julio de 2013, en octubre de 2014 y en diciembre de 2014. “La solución está en curso”, decía el Partido Popular en la sede parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Entonces se calculó que costaría 14 millones de euros y que los fondos europeos sufragarían la mitad. Pero el dinero de la UE no llegó nunca.
La Comunidad de Madrid realizó una encomienda de gestión a la empresa Tragsa para sacar los hidrocarburos (que están siendo utilizados como combustible por la empresa Lafargue para fabricar cemento en su planta de Villaluenga de la Sagra en Toledo). El contrato obliga a pagar a Tragsa 9,6 millones de euros.
Ahora, Aena y Madrid han firmado un convenio por 6 millones de euros. Está “destinado a sufragar estas mejoras” pero “Aena en ningún caso realiza los trabajos”, ha contestado un portavoz de la Comunidad de Madrid. Y añade que “es el Ministerio quien establece a qué mejoras se va a destinar dicha compensación”.
