El Gobierno concedió a HazteOir la exención del IBI y otras ventajas fiscales al declararla de “utilidad pública”
La declaración de utilidad pública que el Gobierno otorgó a HazteOir en 2013 le abrió las puertas a una batería de ventajas fiscales: quedó exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), gran parte del de Actividades Económicas (IAE) y Sociedades, y reducciones en algunos casos. En otros están directamente libres de impuestos.
Cuando el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmó la orden que convirtió a los ultracatólicos liderados por Ignacio Arsuaga en asociación de utilidad le puso el sello de “entidad sin fines lucrativos”.
Estas organizaciones cuentan con una fiscalidad propia –además de disponer de asistencia jurídica gratuita– a la que solo pueden acceder un grupo de entidades: las fundaciones, las organización de cooperación al desarrollo, las federaciones deportivas y las asociaciones de utilidad pública.
La ley les otorga beneficios a cambio de incrementar el control sobre sus cuentas. De entrada no deben pagar el IBI “de los inmuebles de los que sean titulares”. Además, toda una serie de actividades económicas por las que una asociación puede obtener beneficios están liberadas de obligaciones tributarias. Se refiere a la prestación de servicios de “acción social” como la asistencia a la tercera edad, a la infancia, personas con cargas familiares no compartidas, también los servicios de hospitalización, de investigación, la explotación de bienes de interés cultural... Todo eso está libre de impuestos.
Para las explotaciones económicas que no queden exentas, además, tienen un gravamen reducido. Si el tipo estándar para los beneficios económicos está en el 25%, el de las entidades como HazteOir se queda en el 10%. A eso se le suma que tampoco tienen que atender al Impuesto de Actividades Económicas –aunque las asociaciones comunes están exentas los dos primeros años de su actividad y luego solo lo abonan si su cifra de negocio supera el millón de euros–.
Otros ventajas que la ley les otorga es la exención tributaria de los ingresos obtenidos sin tener que realizar una contraprestación o los que vengan de un inmueble como un alquiler o unos intereses. Un impuesto más que está dentro de las ventajas es del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Incentivos como mecenas
La segunda vía para facilitar la vida a estas asociaciones es la de los incentivos fiscales. Esto significa, básicamente, la deducción para donantes a la hora de pagar impuestos de las donaciones y aportaciones de dinero que se hagan a esas entidades. Las asociaciones deben remitir declaración informativa de las donaciones recibidas a Hacienda en el que se consigna quién y cuánto ha aportado.
Los incentivos se aplican tanto a las donaciones de dinero, las cuotas de afiliación a las asociaciones, las donaciones de bienes e incluso de derechos de uso. HazteOir asegura que se financia, precisamente, mediante aportaciones privadas.
La cuentas de 2015 publicadas por la organización reflejan unos ingresos de 2,6 millones de euros. Un año antes fueron 2,3 millones. Las cuotas aportaron 1,6 millones y las donaciones, 997.000: entre ambas, un 99% de los ingresos, según su recuento, sujeto a desgravaciones para sus benefactores. HazteOir asegura que obtiene “sus recursos económicos de las cuotas de sus socios y las aportaciones de los donantes. Por su propia naturaleza no acepta bajo ningún concepto subvenciones o aportaciones de instituciones públicas”.
El Ministerio puede revocar el privilegio
Así que este certificado es un herramienta muy útil para las entidades. Se puede revocar. “Da prestigio y credibilidad ante la sociedad y los organismos públicos”, explica la presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Gema González. Su organización vio cómo el Gobierno le retiró esta declaración días después de concedérsela tras la denuncia presentada por la organización Abogados Cristianos.
Los abogados adujeron que la federación promovía el aborto y que “no inspira los derechos constitucionales ni los valores sociales”. Interior alegó una sanción leve administrativa impuesta por la Comunidad de Madrid para justificar la retirada de la declaración.
“Claro que hemos notado la revocación. Nos ha hecho daño”, cuenta González. “Lo más importante para nosotros era la posibilidad de que las donaciones desgravaran porque era un aliciente para los donantes”. No se refiere a las personas convencidas sino “a empresas que en su política de responsabilidad social corporativa buscan asociaciones a las que donar. Y si no eres de utilidad pública, te excluyen”, dice la presidenta de la ONG. Asegura que incluso se le han venido abajo un par de convenios tras la decisión de Interior, que ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.
La ley explica que sus medidas tratan de “favorecer la actividad que desarrollan estas entidades en beneficio del interés general”. Esa es la justificación en la que quedó encuadrada HazteOir al obtener el título de utilidad pública.
El Ministerio de Interior no ha dado respuesta a las múltiples llamadas hechas en los últimos días por eldiario.es para saber si va a revocar o no la designación de “utilidad pública” a HazteOir.
